El agente fiscal Federico Delfino, realizó un procedimiento de entrega vigilada en el que resultaron detenidas dos personas, vinculadas a un presunto caso de extorsión agravada. Los detenidos son Juan Cañete Coronel y Álvaro López Maldonado.
De acuerdo a las investigaciones, ambos detenidos exigían dinero a una persona bajo amenazas de muerte, utilizando información obtenida de redes sociales. Las autoridades informaron que inicialmente los aprehendidos eran beneficiarios de ayuda social proporcionada por la víctima, quien realizaba donaciones para actividades solidarias como polladas. Sin embargo, tras la negativa de la víctima a realizar una nueva donación, los detenidos habrían iniciado una serie de extorsiones.
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El procedimiento se llevó a cabo mediante la entrega vigilada de G. 5 millones, monto que permitió la captura de las dos personas. La intervención tuvo lugar en la tarde del jueves, sobre la avenida Aviadores del Chaco, en el barrio Ykua Sati de Asunción, en las inmediaciones del World Trade Center.
La Fiscalía sigue investigando el caso para determinar si existen otras posibles víctimas o hechos similares relacionados con los detenidos. Igualmente, los dos detenidos deberán declarar ante el fiscal Delfino, quien luego ya tendrá la posibilidad de presentar la imputación.
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Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.
“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
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Kits de alimentos
De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.
Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.
El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.
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Detienen a suboficial tras hallar sus huellas en despacho del interventor de CDE
El Ministerio Público ordenó la detención del suboficial mayor Efrén Mendoza, quien integra el equipo de seguridad a la oficina del interventor de la comuna de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, quien denunció que se colocó un equipo de espionaje en las lumínicas del despacho.
Este lunes el fiscal Osvaldo Zaracho se trasladó hasta la Comisaría 1° del barrio San Agustín a los efectos de poder tomar la declaración de los agentes policiales que estuvieron asignados a la cobertura de seguridad del día jueves.
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Según los primeros informes del departamento de Criminalística, las huellas dactilares del agente policial Mendoza fueron encontradas en una de las puertas de la oficina del interventor, por lo que se ordenó su detención. En defensa el uniformado, indicó que acompañó a sus superiores hasta la oficina del interventor para el pago de salario.
Desde el Ministerio Público mencionan que no se tiene aún elementos que puedan confirmar la existencia de un equipo de escucha, aunque no se descarta nada hasta el momento pero se seguirá con la investigación.
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Cuarta condena: Ramón González Daher, culpable por extorsión
El exdirigente de fútbol, Ramón González Daher, fue condenado por cuarta vez a 3 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por el delito de extorsión. Actualmente, González Daher cumple una condena de 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y otros.
El tribunal de sentencia que condenó a González Daher estuvo integrado por Laura Ocampo, Fabián Weinsee y Cándida Fleitas, quienes mencionaron que se probó la responsabilidad del acusado en el hecho juzgado.
Durante la exposición de los alegatos finales, el fiscal del caso, Luis Piñanez, pidió 5 años de cárcel para RGD. Misma pena solicitó el abogaddo Marcio Battilana, quien representa a la víctima del hecho, el empresario Alberto Antebi.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el hoy condenado exigió en varias oportunidades al empresario Antebi Duarte que le entregue dinero en efectivo o cheques por montos muy superiores a la deuda que en su momento tenía con RGD.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá que definir si corresponde confirmar la condena o realizar un nuevo juicio oral y público.
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México: asesinan a fiscal fronterizo que investigaba el robo de combustible
La fiscalía federal de México vinculó ayer martes el asesinato de uno de sus representantes en el estado de Tamaulipas, ocurrido la víspera, con una investigación sobre robo de combustible en la frontera con Estados Unidos. Ernesto Vásquez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), fue asesinado el lunes en la ciudad de Reynosa, vecina del condado estadounidense de Hidalgo, en Texas. Fue rematado a balazos mientras se arrastraba por el pavimento luego de que su camioneta quedara en llamas tras un primer asalto en una transitada avenida a plena luz del día.
El ataque, presenciado por numerosos automovilistas, fue captado en videos que se volvieron virales en redes sociales y espacios de noticias. “Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada”, dijo el martes la FGR en un comunicado.
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Recordó además que grupos dedicados al robo de combustible sufrieron “un grave descalabro” a finales de julio, cuando fuerzas de seguridad federales decomisaron más de 1,8 millones de litros de gasolina robada en esa ciudad. En marzo el gobierno federal anunció un decomiso “histórico” de 10 millones de litros de diésel junto con armas de fuego en el puerto de Tampico, en el mismo estado de Tamaulipas, que tiene un amplio litoral en el Golfo de México.
Si bien Tamaulipas registra una baja en los índices de violencia, su vecindad con Estados Unidos la hace una pieza clave en las lucrativas rutas de tráfico de drogas, migrantes e hidrocarburos hacia el país vecino. En ese estado operan los cárteles del Golfo y del Noreste, a los que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump designó a inicios de año como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Fuente: AFP.
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