La agente fiscal Daysi Sánchez solicitó este martes al Tribunal de Sentencia la pena máxima de 30 años de prisión más 10 años de medida de seguridad contra Joel Guzmán Amarilla Jara, expareja y único acusado del feminicidio de Luz Dahiana Espinoza Colmán, quien desapareció en setiembre de 2020 en la ciudad de Guarambaré y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, situación que por primera vez se da en un juicio en territorio nacional.
La representante del Ministerio Público de la ciudad de Itá presentó sus alegatos finales en el juicio oral y público que se desarrolla desde el pasado 5 de noviembre, concluyendo que el acusado es responsable de asesinar a su expareja y ocultar su cuerpo. Desde su detención, Amarilla Jara no hizo declaraciones y testigos lo sindican de haber descuartizado el cuerpo de la joven de 22 años. Pese a que se desplegaron más de un centenar de operativos de búsqueda en tres años, no hubo resultados favorables.
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En el transcurso del juicio, el Ministerio Público expuso pruebas consideradas contundentes que incriminan al acusado, incluidas evidencias de violencia familiar que la víctima había denunciado previamente. A pesar de que el cuerpo de Luz Dahiana Espinoza no ha sido encontrado, la fiscalía destacó que los indicios recolectados durante la investigación apuntan de manera irrefutable a la culpabilidad del procesado.
La agente fiscal enfatizó la importancia del caso como un precedente en la lucha contra la violencia de género y feminicidios, subrayando la rigurosa labor investigativa realizada para sustentar la acusación, incluso ante la ausencia del cuerpo. El juicio continúa, mañana está prevista la presentación de alegatos finales de la defensa y se espera que el Tribunal de Sentencia emita su fallo en los próximos días.
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Policía interroga a Bolsonaro sobre su hijo días antes de tener que declarar por su caso de golpismo
La policía de Brasil interrogó este jueves a Jair Bolsonaro sobre uno de sus hijos investigado por posible obstrucción a la justicia, mientras el expresidente se prepara para responder desde el lunes en un juicio por presunto golpismo ante la corte suprema.
El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) declaró en Brasilia sobre supuestas gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro para lograr sanciones del gobierno de Estados Unidos contra autoridades judiciales brasileñas, a las que acusa de “perseguir” a su padre.
La corte ordenó la semana pasada investigar si el tercero de los cinco hijos de Bolsonaro busca entorpecer el juicio en curso contra el expresidente y excolaboradores suyos por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.
La fiscalía acusó a Jair Bolsonaro, de 70 años, de buscar el apoyo de las fuerzas armadas para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.
De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.
Tras declarar ante la policía, Bolsonaro dijo este jueves a periodistas que la próxima semana responderá “sin ningún problema” a las preguntas ante la corte por la supuesta trama golpista.
“Es una excelente idea que hablemos en vivo sobre golpe de Estado, estoy muy feliz de tener la oportunidad de aclarar lo que ocurrió”, afirmó el capitán retirado del Ejército.
Reconoció además que transfirió “dinero legal, limpio” por la suma de dos millones de reales (unos 358 mil dólares) a su hijo, quien se mudó a Washington en febrero bajo el argumento de que la justicia brasileña intentaría prohibirle salir del país.
“El financiamiento de mi hijo no es para ningún acto ilegal”, afirmó, y defendió que Eduardo Bolsonaro trabaja “por la democracia en Brasil”.
Amenaza
La corte suprema accedió la semana pasada a un pedido de la fiscalía para investigar al hijo de Bolsonaro, quien también fue llamado a declarar pero no concurrió, por “coacción” y obstrucción al juicio contra su padre.
Desde Washington, Eduardo Bolsonaro “amenaza” a fiscales, policías y jueces, según la fiscalía.
El diputado ha solicitado sanciones para funcionarios brasileños como el retiro de visa para Estados Unidos, el bloqueo de bienes y la prohibición de establecer relaciones comerciales con cualquier estadounidense.
También publicó mensajes con “un manifiesto tono intimidatorio”, contra “agentes públicos” y “los jueces del proceso penal” que enfrenta a su padre, según la fiscalía.
El activismo de Eduardo Bolsonaro ha tenido eco en el partido republicano y el gobierno de Donald Trump.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en mayo que había una “gran posibilidad” de que Washington sancionara al juez supremo brasileño Alexandre de Moraes por una supuesta “censura” y “persecución política” contra la derecha brasileña.
Moraes es relator del juicio contra Bolsonaro, a quien interrogará a partir del lunes. Además es responsable de la investigación sobre su hijo.
Tras las declaraciones de Rubio, el presidente Lula salió en defensa del magistrado.
“¿Qué historia es esa de que Estados Unidos quiera criticar algo de la justicia brasileña?”, dijo el domingo, y repudió que el gobierno de Trump “quiera procesar a Alexandre de Moraes”.
Bolsonaro está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación, pero se mantiene como líder de la derecha e insiste en que quiere ser candidato en las presidenciales de 2026, a las que Lula también podría presentarse.
Eduardo aparece entre los nombres barajados en sondeos de opinión para reemplazar a su padre si él no concurriera a las urnas.
Fuente: AFP
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Brasil: corte suprema retoma juicio sobre regulación de redes sociales
- Brasilia, Brasil. AFP.
La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
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“Nada que ver con censura”
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.
El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.
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Acelerar la regulación
La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.
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Joven imputada por caso de María Fernanda se expone a 30 años de cárcel
El agente fiscal Fermín Segovia, quien imputó a la joven de 19 años de edad, Mikahella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, por incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora, explicó que la misma se expone a una pena privativa de libertad de 30 años de cárcel de acuerdo a la normativa legal vigente.
Segovia señaló que “en el marco penal aplicable para el caso de feminicidio la expectativa de la pena es de hasta 30 años. La caratula atribuida por la fiscal titular que lleva el caso es la de instigación a cometer hechos punibles y grado de complicidad en feminicidio”, indicó.
Agregó que “la joven tiene 19 años y ya es mayor de edad, en consecuencia se aplica la ley plena, eso significa que es la máxima de 30 años de pena privativa de libertad.
Por su parte, el representante del Ministerio Público sostuvo que la defensa de la joven imputada, ha solicitado el arresto domiciliario y en caso de negarse eso, pidieron que la prisión preventiva sea en un régimen de penitenciaría como la protección y la seguridad de la persona.
“La investigación recién se ha iniciado, hay muchas aristas que deben ser confirmadas, hay datos que se están recabando y que podrían posibilitar otros tipos de procedimientos, hay que aclarar que estamos ingresando en la fase técnica, el uso de la tecnologías para ubicar lugares donde han asistido, por ejemplo, como también con quién se han comunicado, de manera a saber si hay otras personas que tuvieron relación con el hecho”, manifestó el fiscal Segovia.
Sostuvo que “se puede mencionar que de la farmacia se ha incautado muestra de medicamentos, algunos utilizados que van a ser remitidos a Medicina Forense para determinar la legalidad o no de la existencia en ese lugar y por otra parte, la habilitación que es una cuestión administrativa que intervendría el Ministerio de Salud”, manifestó el fiscal Fermín Segovia.
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Justicia Brasileña llamará a declarar a Bolsonaro la próxima semana sobre el intento de golpe
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro será interrogado la próxima semana en el juicio por presunto intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciado este lunes por un juez de la corte suprema.
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Bolsonaro, un ultraderechista de 70 años que gobernó Brasil de 2019 a 2022, está acusado junto a otros seis colaboradores de liderar una conspiración para mantenerse en el poder tras ser derrotado por su rival izquierdista. Se exponen a una pena de unos 40 años de cárcel.
“Fijo el interrogatorio de los acusados en una sesión presencial (...) el 9 de junio”, que podrá prolongarse hasta el día 13, dijo el magistrado Alexandre de Moraes, al término de dos semanas de audiencias de testigos citados por la fiscalía y las defensas.
A pesar de estar inhabilitado hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de votación, Bolsonaro sigue siendo el líder más popular de la derecha en Brasil y su juicio ha provocado una tormenta política.
El expresidente asegura ser inocente y se dice “perseguido” por Moraes.
En los interrogatorios que arrancarán el próximo lunes, Bolsonaro se cruzará con Mauro Cid, quien fuera su mano derecha como presidente y ahora es acusado “colaborador” de la fiscalía en el proceso.
Cid y otros seis coacusados declararán además de Bolsonaro.
Durante las audiencias de las últimas dos semanas, dos excomandantes de las fuerzas armadas confirmaron la tesis expuesta por la fiscalía: Bolsonaro les presentó un plan para evitar que Lula da Silva asumiera tras ganar las elecciones en octubre de 2022.
El golpe no ocurrió porque los entonces comandantes del ejército y la aeronáutica se negaron a participar, según sus propias declaraciones.
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El interrogatorio también debería dar lugar al esperado cara a cara entre Bolsonaro y Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo.
Fuente: AFP