Arnaldo Giuzzio, exministro y cercano al entorno del expresidente Mario Abdo Benítez, debe enfrentar juicio oral en marzo del 2025 por cohecho pasivo por mantener vínculos con un narcotraficante brasileño. Foto: Archivo
Tribunal pidió vía exhorto al Brasil que declare presunto narco en juicio de Giuzzio
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El tribunal sentencia, presidido por Adriana Planás e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres, que tiene a su cargo juzgar al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo por mantener vínculos con un narcotraficante solicitó a las autoridades del Brasil la colaboración para que Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, preso en el vecino país, pueda declarar como testigo en el juicio oral y público que debe enfrentar el exsecretario de Estado el 4 de marzo del 2025.
La solicitud para que declare ya fue formalizada vía exhorto y se espera respuesta de las autoridades del Brasil para que el detenido pueda declarar en el juicio oral y público. En caso de que Espíndola Marqués de Padua acepte declarar la diligencia se realizará vía telemática.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que lideraba Giuzzio hasta febrero de 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Se había comprobado que Giuzzio viajó en el vehículo prestado por el presunto narcotraficante para ir al Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
Filtración Seprelad
Arnaldo Giuzzio soporta un segundo proceso penal por siete hechos punibles que tiene relación con la filtración de información de Seprelad. Actualmente el caso está trabado en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por la presentación de chicanas de parte del exministro y otros imputados en el caso.
Un Tribunal de Sentencia de manera unánime otorgó 10 años de prisión al exgobernador del departamento Central Hugo Javier González por malversación de los recursos económicos que fueron destinados en la lucha contra la pandemia del covid-19. En la causa también fue condenado con la misma cantidad de pena su exasesor y exdirector de Gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra.
El tribunal estuvo conformado por Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel, quienes sostienen que González durante su gestión cometió lesión de confianza, producción de documentos no auténticos (uso) y asociación criminal en calidad de autor. Mientras que Robles Ibarra incurrió en los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en calidad de instigador.
En total ambos malversaron la suma de G. 5.105.600.000. Luego de darse a conocer la condena, tanto González como Robles Ibarra fueron remitidos a la penitenciaría de Tacumbú. También fueron condenados en la causa, el exdirector de Administración y Finanzas, Javier Marcelo Rojas Giménez, por lesión de confianza en calidad de coautor, a 2 años de prisión. Mientras que Lourdes Lezcano Decoud, exsecretaria general; Luis Eduardo Allende Araújo, extesorero, y Modesta Valiente, exsecretaria de Administración y Finanzas, recibieron una condena de 2 años con suspensión por lesión de confianza en calidad de cómplices.
En el transcurso del juicio quedó comprobado que los fondos económicos que debían ser utilizados por la gobernación de Central para la reactivación económica fueron desviados y para ocultar el hecho, se adulteraron 14 proyectos de obras para justificar el uso del dinero.
“Entre noviembre del año 2020 y julio del año 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra, director general del Gabinete de Central ideó y lideró un esquema formado por funcionarios y representantes de CIAP y con constructores para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Estado, entonces así coordinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el uso de dinero público. Para ello trazó un plan y exhortó a las personas que sigan el delineamiento de ese plan”, refiere parte de la sentencia.
Asimismo, la sentencia argumenta que “la documentación presentada en ambas rendiciones presentaban facturas falsas y mentiras escritas, con el propósito de desviar los recursos a la generación de fuentes de trabajo. El tribunal tiene la certeza absoluta que estas obras no se realizaron con los fondos.
El Ministerio Público pidió la nulidad de la absolución de culpa y pena de la médica Laura Sena quien fue juzgada por el fallecimiento del niño Renato. Foto: Jorge Jara
Caso Renato: fiscalía pidió a la Corte anular absolución de médica
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Las agentes fiscales Nathalia Silva, Sara Torres y Luz Guerrero presentaron un recurso extraordinario de casación contra la resolución del tribunal de apelación que confirmó la absolución de culpa y pena de la médica Laura Sena quien fue juzgada en su momento por el fallecimiento del niño Renato Rojas Talavera, de 2 años de edad, hecho ocurrido en un sanatorio de Asunción.
Asimismo, los fiscales piden la nulidad del fallo de segunda instancia y a su vez solicitan que se reenvíe el presente caso para que otro tribunal de sentencia pueda juzgar el presente caso que afecta a la médica Sena.
El caso se inició el 20 de agosto del 2019, cuando Macarena Talavera Angulo, madre de Renato, y Mirna Beatriz López (niñera del pequeño) lo llevaron al sanatorio de Asunción para su atención médica, ingresando a la sala de observación del Servicio de Urgencias a cargo de la médica Laura Sena Figueredo.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, la pediatra, a pesar de estar informada sobre el estado de salud del pequeño, quien adolecía de una cardiopatía referida por la madre, omitió una serie de acciones necesarias en el caso específico del paciente. El niño habría pasado más de cuatro horas con fiebre elevada, irritabilidad y taquicardia en la sala de observaciones del sanatorio.
La justicia argentina pidió la extradición del exsenador argentino Edgardo Darío Kueider, investigado en su país por enriquecimiento ilícito. Foto: Archivo
Piden extradición de exsenador argentino Kueider, investigado por enriquecimiento ilícito
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La Justicia argentina solicitó a nuestro país la extradición del exsenador Edgardo Darío Kueider e Iara Magdalena Guinsel Costa, investigados en el vecino país por el hecho de enriquecimiento ilícito. El pedido fue recepcionado por la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay quien ya envió a mesa de entrada de los juzgados penales de garantía para el sorteo correspondiente.
El caso está en el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y la causa caratulada es “sobre enriquecimiento Ilícito”. Igualmente se pidió la detención con fines de extradición del exparlamentario argentino.
Una vez que se tenga al magistrado del presente caso se tendrá que convocar a una audiencia donde se decidirá si Kueider y Guinsel son remitidos a una penitenciaria de nuestro país.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, a pedido del fiscal interviniente otorgó el arresto domiciliario del senador argentino Kueider y de su secretaria Guinsel. La resolución del magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas.
El citado magistrado decidió que el legislador guarde arresto domiciliario bajo una fianza del abogado Ricardo Preda de USD 150 mil para el senador Kueider y otros USD 150 mil para Guinsel, secretaria del legislador. Asimismo, tienen prohibido salir del país. El arresto domiciliario de los dos imputados deberán cumplir en un departamento ubicado en Asunción.
El hoy exsenador argentino fue detenido luego de que se hallara en su poder unos USD 200.000 en efectivo sin justificación.
Pablo Benegas está acusado por abuso sexual en niños y personas indefensas y un tribunal de apelación confirmó que el mismo debe enfrentar un juicio oral y público. Foto: Archivo
Ratifican juicio oral para el cantante Pablo Benegas, acusado por abuso sexual de menores
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El cantante Pablo Benegas enfrentará un juicio oral y público por abusar sexualmente de dos menores de 11 y 16 años. Así resolvió el tribunal de apelación quien confirmó la resolución de la jueza penal de garantía Cynthia Lovera, quien elevó el presente caso a juicio oral.
Una vez que corra el expediente judicial se tendrá que realizar el sorteo correspondiente para saber quiénes será los jueces de sentencia que van a juzgar a Benegas. El juicio oral ya será en el año 2025 atendiendo a que se iniciará el receso judicial desde el 2 al 31 de enero.
El músico de 38 años enfrenta acusaciones por abuso sexual en niños, coacción sexual, violación, proxenetismo y pornografía infantil, y se tiene una expectativa muy alta, de acuerdo a las normas legales.
La Cámara de Apelación destacó que las evidencias fueron obtenidas conforme a la ley y son relevantes para el esclarecimiento de los hechos que están siendo investigados.
La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde la zona conocida como Pelopincho (cercano al barrio Chacarita) hasta su domicilio particular. Igualmente, el escrito menciona que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para hacerlas dormir y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.
Refiere el escrito del Ministerio Público que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.