El tribunal sentencia, presidido por Adriana Planás e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres, que tiene a su cargo juzgar al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo por mantener vínculos con un narcotraficante solicitó a las autoridades del Brasil la colaboración para que Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, preso en el vecino país, pueda declarar como testigo en el juicio oral y público que debe enfrentar el exsecretario de Estado el 4 de marzo del 2025.

La solicitud para que declare ya fue formalizada vía exhorto y se espera respuesta de las autoridades del Brasil para que el detenido pueda declarar en el juicio oral y público. En caso de que Espíndola Marqués de Padua acepte declarar la diligencia se realizará vía telemática.

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La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que lideraba Giuzzio hasta febrero de 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Se había comprobado que Giuzzio viajó en el vehículo prestado por el presunto narcotraficante para ir al Brasil en plan de vacacio­nes. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.

Arnaldo Giuzzio soporta un segundo proceso penal por siete hechos punibles que tiene relación con la filtración de información de Seprelad. Actualmente el caso está trabado en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por la presentación de chicanas de parte del exministro y otros imputados en el caso.

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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Mirian Núñez Fany Cáceres y Sirley Romero condenó a tres personas por intentar robar dos avionetas del aeropuerto privado de Filadelfia, Chaco. El fiscal del presente caso fue Lucrecio Cabrera quien logró demostrar la responsabilidad de los acusados en cada uno de los hechos investigados.

El colegiado sostuvo que se pudo probar los hechos punibles de robo agravado en grado de tentativa acabada y en grado de complicidad de Sergio David Bernal Medina ciudadano boliviano, Arturo Franco Benítez paraguayo y Thiago Randón Barcello brasilero. El primero fue condenado a 3 años de cárcel, el segundo a 5 años y 6 meses, y el último a 5 años.

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Las personas condenadas habían intentado apoderarse de dos aeronaves en el aeropuerto privado de la ciudad de Filadelfia, sitio que irrumpieron de forma violenta simulando un operativo policial. El hecho sucedió en fecha 2 de marzo de 2022, a las 03:30 horas, cuando cinco personas vestidas con ropas camufladas y pasamontañas, portando armas de fuego, irrumpieron violentamente en el aeropuerto de la ciudad de Filadelfia; simulando un allanamiento y haciéndose pasar por miembros de la Policía.

Ingresaron en el dormitorio donde se encontraba durmiendo Thomas Klassen Vogt, encargado del lugar y víctima del hecho. Los delincuentes restringieron la libertad del mismo, atándolo de manos y pies, lo interrogaron de forma agresiva sobre la ubicación de una presunta carga de cocaína. Posteriormente, forzaron y abrieron los hangares del aeropuerto, donde se encontraban estacionadas dos aeronaves. Una de ellas fue objeto de un intento de robo.

Los autores intentaron llevársela y cargar combustible, pero no lograron encenderla debido a un sistema cortacorriente. Durante la ejecución del hecho, una alarma de un vehículo cercano se activó, lo que provocó la huida de los autores. Durante el suceso sustrajeron una motocicleta la cual fue abandonada en una zona boscosa camino a Mariscal Estigarribia y dos armas de fuego (escopeta).

Los autores emplearon herramientas como pinzas, palancas tipo “pata de cabra” y cortaplumas para acceder a las aeronaves y demás bienes. Tras el hecho, en inspecciones criminalísticas se levantaron evidencias como pasamontañas, guantes y cartuchos.

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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación y quedó firme la condena de 2 años y 6 meses de cárcel para Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, sentenciadas por el delito de lesión de confianza por el uso irregular de G. 1.240.971.000 de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay.

Los ministros de la Corte que firmaron la resolución judicial son Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, quienes declararon inadmisible y por ende se ratificaron las condenas para las dos personas.

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Los altos magistrados mencionaron que “este reclamo debe ser rechazado porque las condenadas en su escrito no explicaron cómo ocurrió el error sobre la violación del principio de la sana crítica, en el sentido de expresar cuál fue el medio probatorio erróneamente valorado y su consecuencia jurídica”, señala parte del fallo de la máxima instancia judicial.

Según la condena, las procesadas, en carácter de presidente y tesorera de la Asociación, habrían librado cheques contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro en reiteradas ocasiones hasta el respectivo vaciamiento de las cuentas.

En su momento, el caso fue muy chicaneado por la defensa de las dos acusadas, quienes en todo momento pretendieron evitar que se haga justicia.

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El Tribunal de Apelación ratificó la competencia del juez de sentencia Héctor Capurro para integrar el tribunal que tendrá a su cargo juzgar a Paraguayo “Payo” Cubas, excandidato presidencial acusado por varios delitos, entre ellos perturbación de la paz pública luego de los disturbios ocurridos en inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras las elecciones generales del 2023, tentativa de impedimento de las elecciones y otros.

Con la resolución del tribunal de alzada los jueces que conforman el colegiado de sentencia son Cándida Fleitas, Christian González y Héctor Capurro. El juicio oral y público está previsto para el 26 de marzo del 2025 a las 11:30.

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En su momento el magistrado de sentencia Juan Pablo Mendoza impugnó la inhibición de su colega Héctor Capurro, quien no quería formar parte del tribunal colegiado por supuestamente haber emitido opinión. En ese sentido, el tribunal de apelación rechazó los argumentos del juez Capurro y confirmó la competencia del mismo para el caso.

La acusación contra Cubas fue presentada en junio del 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del TREP.

Alegan que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales. La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.

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