Ante una llamada realizada a las 09: 30 al sistema 911 de la Policía Nacional alertando que en una hora explotaría un artefacto en la sede del Poder Judicial de Sajonia, se movilizó a todas las autoridades policiales así como la seguridad interna del recinto.
Debido a la amenaza se procedió a la inmediata evacuación de todas las personas que estaban en el edificio judicial que consta de dos torres de 11 pisos cada una. Al momento de evacuar a los usuarios de justicia se presume que dentro había más de 10 mil personas.
Los agentes especiales de la FOPE realizaron una revisión completa por cada secretaría, despachos y oficinas administrativas de la sede judicial que tardo caso 3 horas y luego se confirmó que no se había encontrado ningún explosivo.
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El comisario general Juan Agüero señaló que “una vez culminado el procedimiento, los explosivistas de la Policía Especializada no hallaron indicio alguno de una bomba, por lo que alrededor de las 11:10 se permitió nuevamente el acceso a la sede judicial”.
Ahora el Ministerio Público tendrá que investigar el caso, atendiendo que ha movilizado a todas las autoridades policiales y judiciales. Del mismo modo, esta es la cuarta amenaza de bomba que se genera este año en el Poder Judicial.
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Detienen a un ladrón gracias al sistema de seguridad de la vivienda donde ingresó
Un presunto adicto ingresó a una vivienda ubicada en la zona de Maramburé, en la ciudad de Luque, minutos después de que los propietarios salieran rumbo a su lugar de trabajo, pero la alarma de la vivienda se activó y alertó del hecho y, tras una persecución, el malviviente pudo ser detenido.
Según el informe policial, el detenido fue identificado como Alan López, de 28 años, quien sería un conocido adicto de la zona que mantiene en zozobra a los vecinos del lugar, ya que no solo ingresa a robar a sus casas, sino que inclusive ha causado daños materiales como incendios.
El mismo habría ingresado en la vivienda de uno de los vecinos minutos después de que los dueños salieran de la casa rumbo a su lugar de trabajo. En el lugar, la familia contaba no solo con cámaras de seguridad, sino con un sistema de alarma, el cual se activó, apenas este hombre forzó la entrada trasera.
Al ser notificado de la violación de seguridad, el dueño de la casa ingresó a su aplicación celular y pudo corroborar que un hombre se encontraba en el interior y rápidamente alertó a la policía nacional, la cual envió una patrulla minutos después.
Llamó la atención de los intervinientes la rapidez con la que este hombre habría actuado, ya que en el breve lapso que tuvo para actuar, se alzó con tres televisores, un equipo de sonido, varias prendas de vestir y hasta paquetes de pañales.
Una vez iniciada la persecución, López cruzó por los techos de varias viviendas con un machete en mano con el cual amenazaba a los intervinientes que finalmente lograron detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Tanto las víctimas como los vecinos esperan que este hombre sea procesado y permanezca en la cárcel, ya que temen que al salir pueda tomar represalias o empiece a robar de nuevo las casas.
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Violencia estudiantil: alumno amenazó a una maestra con un arma blanca
Un incidente de violencia se reportó este martes en un colegio nacional de la ciudad de Asunción, cuando un chico amenazó con un arma blanca a una docente. La misma debió ser auxiliada por los alumnos y otros docentes que se percataron del hecho.
Según el relato brindado por algunos jóvenes, el alumno habría querido salir de la institución fuera del horario establecido y, ya en la salida, es detenido por una docente, quien le remarcó que no podía permitir que saliera sin ningún motivo fuera de horario. Fue en ese momento en que el joven habría quitado un arma blanca y la empezó a amenazar.
Al ver el cuchillo, la docente salió corriendo pidiendo ayuda y fue perseguida por este joven, quien la amenazó en todo momento con el arma blanca. En un momento dado, los propios alumnos intervinieron en el hecho y auxiliaron a la mujer en compañía de otros docentes.
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El hecho fue registrado en videos grabados por otros estudiantes, quienes a su vez relataron lo ocurrido a sus padres, quienes no tenían conocimiento del hecho y que ahora exigen que la seguridad dentro de la institución sea reforzada, atendido que este menor habría ingresado a la institución con total normalidad portando un arma blanca.
“Nosotros no recibimos ningún comunicado de este hecho por parte de la institución, nadie nos comentó nada, nos enteramos por nuestros hijos y es sumamente grave. Según nos comentaron, este menor tenía tres armas blancas y uno de los cuchillos era más grande, por lo que exigimos que la seguridad sea una prioridad”, comentó una de las madres en conversación con Telefuturo.
Prohibición de la publicación
Artículo 29 del Ley n.º 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia: “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.
Denuncias sobre vulnerabilidad en niños a las líneas telefónicas: 147 #FonoAyuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; 911 (Policía Nacional del Paraguay); 133 (Ministerio de la Defensa Pública); Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) en la municipalidad local.
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Tras largas chicanas, Justicia retoma proceso contra Prieto
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación
que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.
“MONTÓN DE INCIDENCIAS”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
TRES CANDIDATOS
La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.
Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.
La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.