El juez Humberto Otazú deberá resolver el día lunes si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal para los exagentes del Ministerio Público, Hugo Volpe y Armando Cantero, procesados por soborno agravado por recibir costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.
En la fecha se inició la audiencia preliminar en la que las partes presentaron sus incidentes, por lo que el juez del caso deberá evaluar para luego resolver si corresponde que los exfiscales estén sentados en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.
Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante se encontraba siendo investigado.
Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.
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Victoria definitiva: jueza de EE. UU. cierra el caso de interferencia electoral contra Donald Trump
Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.
La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.
Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.
En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.
Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.
El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.
El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.
Tal vez en el 2029
El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.
La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.
“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.
Fuente: AFP
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Fiscal apelará condena de tres años a hombre que dio una brutal golpiza a su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal María del Carmen Meza de la unidad zonal de Iruña apelará la condena dictada contra un hombre por haber agredido brutalmente a su pareja. La representante del Ministerio Público anunció la apelación al considerar que la calificación del hecho no se compadece con la condena aplicada. La misma había pedido siete años de prisión.
El viernes último culminó el juicio oral de Jorge Ignacio Cabrera Ávalos, quien se encuentra en prisión, y con la sentencia de solo tres años, ya quedaría en libertad en poco tiempo. El tribunal de sentencia que emitió el fallo está conformado por los jueces Margarita Martínez, Diego Duarte y Gloria Vera.
De acuerdo a los hechos expuestos en juicio, Cabrera Ávalos sometió a su concubina a maltratos físicos y psicológicos durante más de dos años. Ambos residían en una vivienda de inquilinato en la colonia San Alfredo, distrito de Naranjal, al sur de Alto Paraná.
La última agresión ocurrió el 3 de noviembre de 2023, alrededor de las 23:00, luego de una discusión familiar. El hombre golpeó a la víctima en diversas partes del cuerpo, causándole heridas en la cara, cabeza, brazos, cuello y piernas, frente a los hijos menores. El rostro de la mujer quedó casi desfigurado.
Luego de la golpiza, Cabrera Ávalos huyó, fue perseguido por vecinos, quienes lograron alcanzarlo y detenerlo, a unos mil metros del lugar, en un camino vecinal, y lo entregaron a los agentes policiales.
Mientras los vecinos se ocupaban de detener al agresor, la mujer fue auxiliada hasta el Puesto de Salud de Naranjal, presentaba sangrado en la cabeza y rostro, además de lesiones traumáticas en varias partes del cuerpo.
El diagnóstico médico, emitido por la doctora Fernanda Bordaberry, detalló “lesiones traumáticas severas, obstrucción de vías aéreas por secreción hemática, epistaxis moderada, un hematoma periorbitario en el lado izquierdo y una herida cortante de 2 cm en la región ciliar del mismo lado”.
Durante el juicio oral, la fiscal María del Carmen Meza argumentó su pedido de 7 años de cárcel, resaltando la gravedad de los hechos, comprobados con el diagnóstico sobre la agresión última de hace un año. También hubo agresiones sistemáticas durante un periodo largo, según lo expuesto en juicio.
Más de 30.000 víctimas de violencia familiar
Hoy 25 de noviembre se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al respecto, los Datos Abiertos de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público tiene un registro de 30.898 víctimas de violencia familiar, entre los meses de enero a octubre del 2024 y 27 casos de feminicidio.
Este año se registran también 3 víctimas de violencia vicaria, denominación para aquellos casos que tienen como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. De las 30.898 víctimas de violencia de este año, 30.044 son mujeres adultas, 383 son menores de 13 años y 471 adultos mayores. El 66 % corresponde a mujeres entre 20 y 49 años de edad.
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Hijo de diputada se desligó de juicio oral a cambio de devolver honorarios cobrados
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento a favor de Elías Godoy Torres, hijo de la diputada liberal Roya Torres. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
El joven, procesado por cobro indebido de honorarios, deberá devolver la suma de G. 50.666.600 que recibió de la Cámara de Diputados, más una donación por el mismo monto como reparación del daño social. Dicha donación será destinada a varias entidades de beneficencia.
El fiscal Francisco Cabrera señaló que el joven reconoció los hechos y por ende fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.
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Con la presente salida procesal, el hijo de la diputada se salvó de enfrentar un juicio oral y público por el citado delito. En caso de incumplir la medida se revocará la presente resolución y el proceso tendrá que proseguir.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, Elías Godoy Torres, siendo bachiller, fue contratado en la Cámara de Diputados como asesor de su propia madre, la diputada liberal Roya Torres, percibiendo un sueldo de G. 9.500.000, pero el mismo no habría cumplido las funciones asignadas por lo que se inició una investigación en la que se corroboró el incumplimiento de tareas, por lo que fue imputado.
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Justicia de EE. UU. aplaza indefinidamente caso de Trump con Stormy Daniels
El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la exactriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero.
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En su decisión, el juez de origen colombiano Juan Merchan aplazó la sentencia, prevista para el 26 de noviembre, mientras sopesa la petición de la defensa del magnate de sobreseer el caso por completo basándose en que ahora es presidente electo.
Trump fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado.
Los fiscales arguyeron que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña a la presidencia en 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. La defensa de Trump ha tratado por todos los medios de evitar cualquier sentencia contra el magnate republicano antes de retornar a la Casa Blanca el 20 de enero.
Su victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha llevado a la justicia a una situación inédita.
“Se ordena estimar la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024″, dictaminó Merchan en un auto.
Antes de las elecciones, los abogados de Trump habían pedido el sobreseimiento del caso a la luz de un fallo del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad durante el ejercicio de la presidencia en sus actos oficiales.
Pero los fiscales de Manhattan arguyeron que cuando se cometieron los actos del caso Stormy Daniels, Trump no era presidente.
El juez autorizó también a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para el sobreseimiento definitivo del caso.
Caso inédito
El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, se manifestó el martes abierto a una “suspensión” de los procedimientos ante las “circunstancias sin precedentes” que ha generado la elección de Trump a la presidencia.
El magnate de 78 años ha reiterado que es víctima de una “caza de brujas” por lo que el caso debería quedar “legítimamente terminado”.
El caso de Nueva York ha sido el único de los cuatro frentes judiciales abiertos que había logrado sentar a Trump en el banquillo y convertirlo en el primer expresidente estadounidense condenado.
Otros frentes judiciales están también en el aire. Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió hasta el 2 de diciembre para “determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”, que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio.
Como consecuencia, los casos por el intento de Trump de revertir los resultados de la elección de 2020 el 6 de enero de 2021 y el del manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca están por el momento a la espera de una decisión sobre su abandono definitivo o una suspensión durante los cuatro años que dure la presidencia.
Coincidiendo con los abogados de la defensa, el fiscal Bragg reconoció que debería considerarse la posibilidad de congelar todos los procesos “hasta el fin del mandato” del 47º presidente de Estados Unidos.
Tras la decisión de Merchan, ahora queda pendiente otro caso a nivel estatal en Georgia, también por intentar interferir en el resultado electoral.
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Sin embargo, como presidente, podría intervenir para dar un carpetazo a todos esos casos.
Fuente: AFP