“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

El Viceministerio de Transporte impulsa la transformación del sistema de movilidad público mediante el Plan de Implementación Gradual del Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros. Esta iniciativa establece los lineamientos técnicos, operativos y financieros para aplicar el nuevo esquema de movilidad.

Según la institución, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la reforma inicia una etapa de transición con nuevas unidades funcionales. El modelo está contemplado en la ley n.° 7617/2026 y reglamentado por el decreto n.° 5969/2026, que establece las bases para modernizar y reorganizar el servicio de transporte metropolitano de pasajeros.

El presidente de la República, Santiago Peña, sostuvo que la creación de la Comisión Nacional Cielo Guaraní Soberano surge con la finalidad de erradicar la herencia dejada por el gobierno de Mario Abdo Benítez, consistente en el levantamiento de los controles de seguridad que permitió al crimen organizado alcanzar su auge en el Paraguay.

“Lastimosamente es parte de la herencia que hemos recibido en agosto del 2023. En el 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes, se hizo el intento de coordinar el esfuerzo para el control del espacio aéreo y tener respuestas rápidas de las diferentes instituciones del Estado, aquellas dentro del Poder Ejecutivo y aquellas que se encuentran fuera, principalmente el Ministerio Público", indicó el jefe de Estado a los medios de comunicación.

En una sorpresiva salida a la explanada del Hospital Central del IPS, el Dr. Isaías Fretes escuchó los reclamos de asegurados estafados por sus empresas y anunció medidas drásticas contra la inseguridad y un esquema de coimas que involucraría a funcionarios de la institución.

El Presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) mantuvo un diálogo directo con un grupo de asegurados, quienes relataron detalladamente las precariedades y los malos ratos que pasaron debido a las irregularidades laborales.

El Ministerio de Salud informó que ayer martes se llevó a cabo la firma del contrato para el diseño y la construcción del Hospital General de San Estanislao, en el departamento de San Pedro, una obra que demandará una inversión de G. 288.417 millones (USD 46 millones al tipo de cambio actual). Con este proyecto, el Gobierno busca fortalecer la infraestructura sanitaria en el norte del país.

La obra será ejecutada en alianza entre la cartera sanitaria y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La sexta y última fecha de la Fase de Grupos, de la Copa Sudamericana 2026, encontró este martes a San Lorenzo de Almagro y Recoleta FC en el Nuevo Gasómetro de la capital argentina.

El conjunto azulgrana salió disparado de vestuarios y se llevó por delante a su prevenido rival, aglutinando prácticamente todas las opciones ofensivas. Si bien San Lorenzo mantuvo la presión de forma constante en el campo del ‘Canario’; Allan Wlk, como aparecido de otro partido, transformó el 0-1 con un latigazo bajo y potente que batió al portero compatriota Orlando Gill (37′).

La idea de que los jóvenes están condenados a alquilar de por vida se echa por tierra gracias al programa Che Róga Porã, que ya agotó su meta anual en solo cinco meses y busca captar USD 200 millones más para dar más respuestas habitacionales.

Una constante preocupación social y económica instaló la idea de que los jóvenes adultos forman parte de una “generación sin casa propia”, resignados a vivir en alquileres eternos debido a los altos costos inmobiliarios. Sin embargo, las estadísticas oficiales comienzan a dar un giro en nuestro país.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado", indicó González en el programa “La Caja Negra” de Unicanal.

El Ministerio de Salud informó que ayer martes se llevó a cabo la firma del contrato para el diseño y la construcción del Hospital General de San Estanislao, en el departamento de San Pedro, una obra que demandará una inversión de G. 288.417 millones (USD 46 millones al tipo de cambio actual). Con este proyecto, el Gobierno busca fortalecer la infraestructura sanitaria en el norte del país.

La obra será ejecutada en alianza entre la cartera sanitaria y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud, y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El nuevo hospital apunta a convertirse en un centro de referencia para el segundo departamento y zonas aledañas, posibilitando el acceso a servicios de salud para unos 370.000 habitantes, que de esta manera ya no deberán trasladarse a otros puntos para recibir atención especializada.

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El proyecto contempla una infraestructura de 23.268 m² e incluye un helipuerto. El nuevo centro asistencial dispondrá de 157 camas de internación, 32 camas de terapia intensiva para adultos, niños y neonatos, así como 34 consultorios de atención ambulatoria y urgencias.

Contará también con 6 quirófanos, áreas de diagnóstico por imágenes, laboratorio, anatomía patológica, farmacia, diálisis, medicina transfusional, morgue, albergue, cocina y lavandería, entre otros servicios.

Los trabajos estarán a cargo del Consorcio Concret Mix – CDS, integrado por Concret Mix S.A. y Corporación del Sur S.A., que una vez finalizada la etapa de diseño y construcción tendrá 18 meses para las tareas de mantenimiento, garantizando que el hospital opere en óptimas condiciones.

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Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.