La jueza penal de Garantía, Alicia Pedrozo, ordenó la prisión preventiva de seis personas imputadas por estafa, coacción, y asociación criminal, por supuestamente integrar parte de una red criminal dedicada a amañar resultados de partidos de fútbol con el fin de obtener ventajas económicas en apuestas deportivas.
La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que los imputados Milciades Senen Cañete Grance, Víctor Pantaleón Valiente Piris, Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonatan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga comparecieron y luego de la audiencia ya fueron trasladados hasta su lugar de reclusión.
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El fiscal Federico Delfino imputó a siete personas por los delitos de coacción, estafa y asociación criminal, por supuestamente formar parte de un grupo delictivo con el objetivo de amañar resultados de partidos de fútbol en competiciones organizadas por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), a fin de obtener ventajas económicas en apuestas deportivas.
Luis Esteban Cañete Torres, presumible líder del grupo, junto a Milciades Senen Cañete Grance y Víctor Pantaleón Valiente Piris, estarían implicados en los sobornos a jugadores para que estos bajen su rendimiento en los partidos y así lograr ganancias a través de apuestas. También están implicados Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonatan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, quienes habrían reclutado a otros jugadores.
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Jueza de Pedro Juan se erigía como informante de Gomes
Los mensajes extraídos del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes revelan una relación de colaboración estrecha y estratégica con la jueza de Pedro Juan Caballero, Carmen Silva. Las conversaciones entre el legislador, que murió en un operativo policial en agosto pasado, muestran cómo la magistrada le mantenía informado a Gomes sobre distintas actuaciones emanadas del Poder Judicial.
A través de sus comunicaciones, se evidencia cómo la jueza actuaba como un canal de información privilegiado para Gómez, facilitándole datos sensibles y operativos judiciales que podían ser utilizados para sus intereses políticos.
La emisora 1080 AM realizó una serie de publicaciones sobre esta relación entre legislador y magistrada que muestra que uno de los momentos más reveladores y que da cuenta del grado de intercambio de información entre la jueza Silva y el diputado se produjo el 5 de noviembre de 2023; ese día Silva informó a Gomes sobre un operativo judicial que se llevaría a cabo dos días después.
La jueza le detalló que se realizarían 26 allanamientos en cinco departamentos del país, como parte de una operación para desmantelar una red narco liderada por el capo brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Este tipo de información, altamente sensible y confidencial, era compartida con Gomes, lo que sugiere que el diputado tenía acceso a datos estratégicos que podrían ser utilizados para proteger intereses o influir en decisiones políticas y judiciales.
En distintos chats filtrados se observan que la relación databa de incluso años antes a esta oportunidad. En un mensaje del 9 de marzo de 2020, por ejemplo, la jueza le informaba al diputado que estaba tratando de trasladarse al Juzgado de Garantías, a lo que Gomes respondió con un lacónico “vamos a operar”.
Este intercambio sugiere que Silva no solo informaba sobre sus movimientos, sino que también estaba dispuesta a actuar en función de las necesidades del político. Un mes después, en abril de 2020, la jueza le aseguró a Gomes que podía contar con ella “incondicionalmente”, destacando su utilidad en el Juzgado de Garantías y su disponibilidad para trabajar en cualquier horario.
Los mensajes entre Gomes y Silva no solo exponen una relación de complicidad, sino también una red de influencias en el Poder Judicial que operaba al más alto nivel. La jueza se erigía eslabón clave en la estrategia de Gomes para mantener control sobre ciertos sectores del sistema judicial, asegurándose de que “su gente” estuviera en posiciones de poder.
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Exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años de prisión por corrupción en EE. UU.
- Fuente: Agencia AFP
El exsenador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto, informaron medios estadounidenses.
El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar. “En algún punto del camino... perdiste el rumbo”, dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. “Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien”.
La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la todopoderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023. La defensa, por su parte, había solicitado solo 27 meses con “al menos dos años de servicio riguroso a la comunidad”.
“Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony”, dijo Menéndez llorando al conocer la decisión, refiriéndose a su hijo autista, informó The New York Times.
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La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.
Según la fiscalía, este hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores a cambio de sobornos.
Hana y Daibes, egipcios-estadounidenses y coacusados en este mismo caso, fueron también condenados por soborno. El primero recibió 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa y Daibes, 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones. Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.
Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente. Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.
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Fiscalía pide 12 años de prisión para exministro Walter Bower
La fiscal Sonia Sanguinés solicitó 12 años de prisión para el exministro del Interior, Walter Bower, por su implicancia en las presuntas torturas a dos policías en el contexto de un supuesto intento de golpe de Estado en el año 2000. Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
El juicio por este caso se lleva adelante después de más de dos décadas de que los hechos ocurrieran, lo que ha generado una considerable discusión sobre la impunidad y el tiempo transcurrido antes de que se alcanzara una resolución judicial. Además de Bower, la Fiscalía también solicitó penas para los otros dos acusados en el caso: los policías Osvaldo Vera, y Merardo Palacios, quienes enfrentan solicitudes de 14 y 7 años de prisión, respectivamente.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno. La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
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La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Proceso penal
El juicio, que finalmente comenzó varios años después de los hechos, ha sido un proceso largo y plagado de obstáculos. En varias ocasiones, el Tribunal de Sentencia tuvo que suspender las audiencias debido a recusaciones de los jueces y otras complicaciones procesales. Sin embargo, en la actualidad, el caso parece estar llegando a su fin, y la fiscalía ha solicitado una condena firme para Bower, Vera y Palacios.
La gravedad de los hechos no solo radica en las torturas, sino en el contexto político y social de la época, que creó un ambiente propenso para que actos de esta naturaleza fueran aceptados como parte de la lucha por el control político.
La justicia paraguaya, sin embargo, está tomando medidas para dar un cierre a este oscuro capítulo de su historia. En este sentido, el caso de Walter Bower se ha convertido en un símbolo de las luchas por la justicia y la reparación.
La solicitud de 12 años de prisión es un recordatorio de que, aunque el tiempo haya pasado, los crímenes cometidos bajo el amparo del poder político no pueden quedar impunes. Este caso refleja además una transición en la política y la justicia en Paraguay, que busca sanar heridas del pasado y fortalecer el estado de derecho.
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Ratifican prisión de imputado por coacción sexual que estuvo prófugo durante 16 años
La jueza Penal de Garantías, Diana Carvallo, confirmó la prisión preventiva de Inocencio Cabrera Ávalos, imputado por coacción sexual, cuya víctima es una mujer de 86 años de edad. El hombre estuvo prófugo durante 16 años para luego ser detenido y sometido a la Justicia.
La defensa del procesado solicitó la modificación de la prisión preventiva argumentando que el imputado cuenta con arraigo social y laboral, así como se había ofrecido una fianza, pero dicho ofrecimiento fue rechazado por la jueza Carvallo.
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La magistrada mencionó en su resolución que el delito investigado es grave y que la expectativa de pena es de hasta 10 años de pena privativa de libertad. Asimismo, el juzgado subrayó el prolongado periodo en el que Cabrera Ávalos permaneció prófugo y el riesgo latente de fuga, especialmente ante la inminencia de la audiencia preliminar programada para el 4 de marzo de este año, en la que se decidirá si la causa es o no elevada a juicio oral y público.
Una vez que se desarrolle la audiencia preliminar se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público. Luego se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado.