El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, nuevamente recurrió a chicanas con la finalidad de evitar el inicio de su juicio oral y público tras ser acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado por supuestos vínculos con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El proceso debió comenzar este lunes, sin embargo, el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) tomó la decisión de reemplazar al defensor público que lo asistió durante ocho meses y contrató a su amigo personal, el abogado y exministro anticontrabando Emilio Fuster.

La decisión de Giuzzio se dio 3 días antes de que comience su juicio. Mediante esta nueva maniobra dilatoria su representante legal requirió un tiempo adicional para estudiar el caso y preparar su estrategia de defensa, petición aceptada por los miembros del tribunal de sentencia, siendo esta la cuarta suspensión del proceso.

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De esta forma se fijó el 3 de marzo de 2025 como nueva fecha para el arranque de su juicio oral y público. La agente Verónica Valdez, quien interina otras unidades fiscales, pidió la reprogramación del juicio debido a dificultades para asistir en la fecha inicial.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

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El Gobierno argentino ha anunciado el viernes que va a enviar al Congreso el proyecto de ley de reforma para el fortalecimiento electoral que eliminaría el régimen de primarias abiertas, conocida como PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y que modificará la ley orgánica de los partidos políticos para revisar el sistema de financiamiento de los mismos.

“Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, desde la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina.

Adorni ha detallado que, solo en 2023, las PASO “tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores, por supuesto, históricos”, que, ha agregado, “obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado tres veces”. “Desde su introducción en 2011, hubo solo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40 % no logró siquiera alcanzar el umbral de 1,5 % para poder después participar de las elecciones generales”, ha explicado.

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno modificará la ley orgánica de los partidos políticos “con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma (partidos políticos que, en la práctica, no tienen una estructura ni actividad real), “cuyo único objetivo es el recaudatorio”.

“La modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos busca reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”, ha indicado la Casa Rosada, al subrayar que “la sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral”.

Por otra parte, Adorni ha anunciado la eliminación de impuestos para compras en el exterior, una medida que “va a entrar en vigencia a partir de diciembre y tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales”, incluso “cuando no tengan el dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior”.

El Gobierno argentino ha anunciado ayer viernes que va a enviar al Congreso el proyecto de ley de reforma para el fortalecimiento electoral que eliminaría el régimen de primarias abiertas, conocida como PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y que modificará la ley orgánica de los partidos políticos para revisar el sistema de financiamiento de los mismos.

“Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, desde la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina.

Adorni ha detallado que, solo en 2023, las PASO “tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos (unos 45,5 millones de dólares), a valores, por supuesto, históricos”, que, ha agregado, “obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado tres veces”.

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“Desde su introducción en 2011, “hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40 % no logró siquiera alcanzar el umbral de 1,5 % para poder después participar de las elecciones generales”, ha explicado.

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno modificará la ley orgánica de los partidos políticos “con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma (partidos políticos que, en la práctica, no tienen una estructura ni actividad real), “cuyo único objetivo es el recaudatorio”.

“La modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos busca reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”, ha indicado la Casa Rosada, al subrayar que “la sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral”.

Por otra parte, Adorni ha anunciado la eliminación de impuestos para compras en el exterior, una medida que “va a entrar en vigencia a partir de diciembre y tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales”, incluso “cuando no tengan el dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior”.

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“Todo esto tiene como fin que Argentina sea un país más libre, en contraposición con el que se encontró el gobierno el 10 de diciembre último, cuando la Argentina era el tercer país más cerrado del mundo, detrás de Sudán y de Etiopía”, ha concluido.

Fuente: Europa Press

El juez de sentencia Dario Báez expresó su temor ante las amenazas recibidas por parte del titular del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien con la finalidad de impedir el inicio de su juicio oral por los disturbios ocasionados frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras las elecciones generales del 2023, alegó que terminaría “garroteándole” en la vía pública.

“Esto le conviene para seguir teniendo vida, ya que se venía apagando políticamente para tratar de llamar la atención. Me afecta las partes de las amenazas porque lo veo a él como una persona que dentro de este libreto que viene siguiendo realiza amenazas y las cumple. Hay varios antecedentes de agresividad de su persona hacia autoridades, sean policías, senadores y también ha realizado actos de violencia en no solo una oportunidad contra otros jueces y fiscales”, indicó.

El magistrado dijo a la 1080 AM que el líder Cruzada Nacional “tiene un libreto preparado, una semana antes nadie lo estaba recordando, estaba siendo rechazado por todos los grupos políticos”. Sostuvo que “evidentemente esta es su forma de vida porque viene manifestándose de la misma forma hace años y le resulta extremadamente positivo. Ya tuvimos una audiencia en julio y se había portado como un caballero porque no estaba un solo medio de prensa”.

El polémico dirigente esteño, imputado por perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia, también terminó insultando al magistrado calificándolo de “idiota, delincuente, corrupto, lavador de dinero y amigo de narcotraficantes”.

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Báez, quien terminó siendo recusado por el procesado, sostiene que el libreto de agresiones tiene como único fin obtener rédito político. “Cubas es bastante inteligente y vivo. La gente dice que se necesita un loco como Payo, pero no es loco bajo todo punto de vista si venimos analizando su comportamiento y las ganancias políticas que ha obtenido gracias a esas actuaciones como defecar en un juzgado, pegarla a un juez en una penitenciaría, hacer pintatas”, mencionó.

La acusación contra Cubas fue presentada en junio del 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del “TREP”.

Alega que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales. La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.

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