La actividad en el Poder Judicial de Saltos del Guairá tendrá una pausa el próximo 30 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera asueto judicial en esa sede con motivo del 53.º aniversario fundacional de la capital del departamento de Canindeyú, informaron este jueves. Como consecuencia de la medida, todos los plazos procesales cuyo vencimiento estaba previsto para esa fecha quedarán automáticamente prorrogados hasta el 31 de julio de 2026.

Las autoridades también recordaron que la resolución fue adoptada durante una sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en ejercicio de las atribuciones que la legislación le confiere para organizar el funcionamiento de los tribunales y garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia en circunstancias excepcionales o conmemorativas.

La suspensión alcanza exclusivamente a los plazos procesales correspondientes a la Circunscripción Judicial de Canindeyú con asiento en Saltos del Guairá, mientras que las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente hábil.

La ciudad, ubicada en el extremo noreste del país y fronteriza con el estado brasileño de Paraná, fue fundada el 30 de julio de 1973, en el marco del proceso de colonización y desarrollo impulsado en esa zona del país. Con el paso de las décadas se consolidó como la capital departamental de Canindeyú y uno de los principales polos comerciales de la frontera, favorecida por su intensa relación económica con Brasil y por el dinamismo generado en torno al comercio, la agricultura y los servicios.

Desde el punto de vista institucional, Saltos del Guairá alberga la sede de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, desde donde se administran los servicios de justicia para el departamento. En esa jurisdicción funcionan juzgados de distintas especialidades, tribunales de apelación, oficinas del Ministerio Público y de la Defensa Pública, además de dependencias administrativas que atienden los procesos judiciales de una de las regiones con mayor crecimiento demográfico y económico del país.

La decisión de la Corte Suprema forma parte de una práctica habitual mediante la cual se ajusta el calendario judicial en localidades que celebran aniversarios fundacionales u otras fechas de relevancia cívica, procurando preservar tanto las actividades conmemorativas como la seguridad jurídica de las partes mediante la prórroga automática de los plazos procesales.

La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.

En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.

Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.

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“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.

Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.

“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.

No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.

“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.

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La comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador Patrick Kemper, recibió al director general de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Pedro Martínez, a fin de analizar las acciones impulsadas para fortalecer la seguridad informática en las instituciones públicas.

Durante el encuentro, los miembros del ente asesor abordaron la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Plan Nacional de Ciberseguridad, implementados por el Mitic tras los recientes ciberataques registrados en organismos del Estado. En ese contexto, el director general expuso las principales medidas adoptadas para reforzar la protección de la información y de la infraestructura tecnológica del sector público.

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Al término de la reunión, el presidente de la comisión, senador Patrick Kemper, señaló que el encuentro permitió conocer el alcance de los incidentes de ciberseguridad que afectaron a organismos estatales. Indicó que, de acuerdo con lo informado por el director Pedro Martínez, alrededor de cinco instituciones públicas fueron alcanzadas por ataques informáticos presuntamente perpetrados por grupos vinculados a “Chiquinap”.

Asimismo, explicó que el Mitic viene implementando diversas acciones para prevenir nuevos incidentes, entre ellas programas de capacitación, el fortalecimiento de los mecanismos de protección informática y la cooperación internacional con la República de China (Taiwán) y el Gobierno de los Estados Unidos.

El legislador agregó que la comisión solicitó al Mitic un informe detallado sobre los incidentes registrados, con el propósito de conocer el alcance de la vulneración, identificar la información comprometida y contar con datos precisos que permitan realizar el seguimiento correspondiente.

Kemper informó que la comisión volverá a convocar a representantes del Mitic en el mes de diciembre para evaluar los avances en la implementación de las medidas anunciadas.

Finalmente, señaló que, según lo expuesto por las autoridades del ministerio, muchos de los incidentes de ciberseguridad se originan por errores humanos, como el acceso de funcionarios a enlaces maliciosos, o por la falta de actualización de sistemas y servidores institucionales. Destacó la importancia de fortalecer las capacitaciones y promover una cultura de prevención en materia de seguridad informática.

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Senadores estadounidenses anunciaron el viernes que habían recibido el visto bueno de la Casa Blanca para impulsar en el Congreso nuevas sanciones sobre los hidrocarburos producidos por Rusia, hasta ahora bloqueadas por Donald Trump.

“Nos enorgullece anunciar que hemos logrado un acuerdo con el gobierno de Trump para hacer avanzar nuestra legislación actualizada sobre sanciones contra Rusia”, afirman en un comunicado conjunto los senadores Lindsey Graham y Roger Wicker, republicanos, así como Richard Blumenthal y Jeanne Shaheen, demócratas.

“En el momento en que Rusia intensifica su masacre de civiles, es imperativo que los poderes legislativo y ejecutivo trabajen juntos para crear herramientas que hagan pagar un alto precio a quienes compran petróleo y gas rusos y alimentan la máquina de guerra de Putin”, añaden los legisladores, que se declaran “muy satisfechos de estos avances significativos”.

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Con este desbloqueo por parte del poder ejecutivo, las nuevas sanciones podrían ser adoptadas en las próximas semanas por una amplia mayoría de congresistas tanto demócratas como republicanos.

El detalle de las nuevas medidas no se ha dado a conocer de inmediato.

En la cumbre del G7 celebrada en Francia a mediados de junio, Trump se había mostrado dispuesto a restablecer las sanciones dirigidas contra las exportaciones de petróleo ruso.

En los últimos meses, Estados Unidos había suspendido algunas de las sanciones impuestas al petróleo ruso tras la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Este congelamiento de sanciones tenía como objetivo contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por el conflicto con Irán. En mayo de 2025, más de 80 senadores estadounidenses habían respaldado una propuesta de ley para imponer nuevas sanciones contra Moscú, ante lo que consideraban una falta de voluntad de Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.

Consultada por la AFP, la Casa Blanca no había respondido de inmediato.

• Fuente: AFP

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