El abogado Miguel Godoy, defensor de Axel Fabián López Orué, procesado por el supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, denunció varias irregularidades en el presente proceso penal que debe tenerse en cuenta en el juicio oral y público que se está desarrollando.
Godoy señaló que se cuenta con los elementos para poder corroborar dónde estaba mi defendido el día en que supuestamente ocurrió el hecho punible denunciado y a su vez se tiene pruebas científicas dónde estaba su defendido, quien cuenta con varios testimonios.
Agregó que hoy día “tenemos un terrorismo de Estado en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales”, dijo. Del mismo modo, criticó que el acusado está con arresto domiciliario hace cinco años, superando el plazo que establece la ley para estar con medida cautelar sin condena.
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Igualmente, Godoy denunció otra irregularidad en el presente caso, que la fecha para presentar la acusación fue el 29 de mayo del 2018 y dicha fecha fue notificada a todas las partes, pero el juez de garantía se percató el 21 de junio del mismo año que la fiscalía no presentó acusación.
Por su parte, Graciela Orué, madre del acusado, indicó: “Mi hijo estaba en Villarrica cuando se denunció, y la supuesta víctima estaba en mi casa en el barrio San Pablo a la espera de poder viajar a Sudáfrica”.
“Tenemos varios elementos de prueba para poder probar que mi hijo no estaba en mi casa, como el pago de combustible, la triangulación de celda del teléfono de mi hijo, testificales y fotografías de peaje y facturas de peajes”, manifestó la madre.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Ana Carolina Silveira, Leticia Fracci y Rilsi Ortiz. La fiscala del caso es María Angélica Acosta, quien deberá atender con objetividad el presente proceso penal.
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La comunidad ayoreo Totobiegosode cuenta con su primer abogado, tras jurar ante la Corte
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, tomaron juramento de ley como abogado a Tagüide Picanerai Etacore, integrante de la comunidad indígena ayoreo Totobiegosode del departamento de Alto Paraguay. La ceremonia se realizó en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción.
Con este acto, se convirtió en el primer abogado de su comunidad y quedó habilitado para el ejercicio de la profesión. Durante el acto, las autoridades resaltaron la importancia del acceso a la educación como herramienta para ampliar oportunidades y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en distintos ámbitos de la vida nacional.
Asimismo, reafirmaron el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la promoción de los derechos humanos, la inclusión y el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.
Por su parte, Tagüide Picanerai Etacore expresó su satisfacción por haber concluido una etapa importante de su formación profesional y señaló que su experiencia puede servir de estímulo para otros jóvenes indígenas interesados en acceder a estudios superiores. “Creo que se está abriendo una gran puerta para que los jóvenes indígenas también puedan estudiar y desarrollarse personalmente”, manifestó.
Además, destacó el valor de la formación académica como herramienta para el desarrollo personal y comunitario, y valoró el acompañamiento recibido por parte de su comunidad durante todo su proceso de formación.
Señaló que el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior continúa representando un desafío en Paraguay. En ese sentido, alentó a las nuevas generaciones a perseverar en el cumplimiento de sus metas pese a las dificultades que puedan presentarse.
“Hay que mirar siempre hacia el horizonte. Sabemos perfectamente que la realidad en las comunidades indígenas no es fácil, pero siempre hay que caminar un poco más allá de las dificultades y seguir avanzando”, expresó.
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El embargo a Atlas es un “indicador más ante sospecha de lavado”, señala abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.
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Metrobús: “No creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens”, afirma Preda
El abogado Ricardo Preda manifestó que la responsabilidad penal por la destrucción de las obras del Metrobús no debería limitarse únicamente al exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, imputado actualmente por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas.
Según Preda, es fundamental investigar si existieron instigadores o personas que motivaron la decisión de sepultar la obra vial que apuntaba a garantizar a los ciudadanos de la capital y del área metropolitana un servicio digno y de calidad, teniendo en cuenta que los informes técnicos que le fueron expuestos al exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez desaconsejaban dicha medida.
“Yo no creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens. La cuestión acá está solamente en que estos hechos ocurrieron hace muchos años y habría que revisar si ya están prescriptos con relación a las conductas de otras personas que pudieron haber intervenido o instigado la decisión de que las obras sean destruidas“, indicó Preda en una entrevista con el programa ”Arriba hoy" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado acotó: "Hay que ver si alguien le dio la instrucciones a Wiens, quien está imputado como autor de la destrucción, pero se debe ver si alguien le convenció o motivó para que haga eso, ya que desde el punto de vista técnico, sus profesionales técnicos le decían que no lo haga. Igualmente, esto no le exonerará de una responsabilidad penal, ya que no puede exonerarse diciendo que alguien le dio una orden“.
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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Sobreseimiento definitivo
Las afirmaciones de Preda surgieron tras darse el pasado jueves 28 de mayo, el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, predecesor de Wiens, quien también fue investigado e imputado por lesión de confianza en torno a la fallida obra vial.
“Realmente, el trabajo de la Fiscalía sobre el caso Metrobús fue muy exhaustivo después del sobreseimiento provisional al exministro Ramón Jiménez Gaona y entraron a investigar no solo las constancias de la investigación penal, sino también lo atinente al proceso arbitral donde ambas partes, tanto el Estado paraguayo como la empresa Mota Engil presentaron evidencias para que cada uno refuerce su argumento”, comentó.
Señaló que “esas evidencias sirvieron de base para concluir que no hubo ninguna conducta punible en el periodo de Jiménez Gaona, porque obviamente todo lo que se pagó en su administración tuvo una contraprestación equivalente y que las obras sí podían ser terminadas y que, de hecho, los propios consultores del gobierno posterior (gestión de Arnoldo Wiens) señalaban que esas obras no solo podían, sino que tenían que ser continuadas porque esa era la opción correcta".
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Testigos desarman tesis fiscal al sostener que informe sobre Messer siguió el proceso legal
El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que el juicio oral y público contra su cliente será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30.
Detalló que el proceso judicial seguirá con la declaración de otros 5 testigos que presenta su cliente procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
Este viernes se concretó la declaración testifical de cuatro personas para luego ir a un cuarto intermedio. “Luego de la etapa testifical se producirán las pruebas documentales e iremos avanzando. Existe un volumen importante de documentos que ofreció la Fiscalía y bueno se deberán producir para ir formando la convicción por parte del tribunal”, comentó en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer.
Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera. “Básicamente se expuso lo que fue la tramitación en sí de lo que fue primero el borrador de informe y posteriormente el informe que fue remitido al Ministerio Público y en lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular de esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”, comentó.
El abogado agregó que “citaron por ejemplo el volumen de trabajo que contaban, los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”.
Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.
El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.
Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente".