El juez Osmar Legal revocó las medidas alternativas y decretó la prisión preventiva de Juan Villalba, exdirector de la PMT de Asunción, acusado por violencia familiar. Debido al comportamiento procesal del acusado, el referido magistrado decidió revocar las medidas y ordenar la prisión del acusado.
“El acusado se ha mostrado renuente al cumplimiento de los llamados realizados por este juzgado para el avance armónico del proceso penal, en ese sentido, consta en autos, actos dilatorios realizados por el hoy procesado tendientes a obstaculizar el desarrollo del proceso hoy seguido”, indica parte de la resolución del juez Legal.
En su momento, Villalba fue beneficiado con medidas sustitutivas, como la obligación de comparecer ante el juzgado de forma trimestral, comunicar cualquier cambio de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización, de acercarse a las víctimas, entre otras.
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Acusación
Las fiscalas Fátima Villasboa y Susana González presentaron acusación contra el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT), Juan Villalba, por violencia familiar contra su esposa y cuñada. Asimismo, solicitó este viernes que el caso sea elevado a juicio oral y público, según informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.
De acuerdo con la acusación, el 5 de diciembre del 2023, alrededor de las 4:00, Juan Villalba y su esposa mantuvieron una discusión en el dormitorio debido a que la mujer se opuso a que el sospechoso haga un viaje. Ella buscó impedir que Villalba saliera del departamento, por lo que aparentemente él la agredió físicamente.
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Filtración de chats: Rolón y Legal se abstienen de asistir ante la Comisión Permanente
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, y el juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal comunicaron que no acudirán a la convocatoria impulsada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional para tratar la divulgación de las conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista con algunas autoridades de justicia y la política.
Legal argumentó impedimentos constitucionales, mientras que Rolón decidió enviar a la fiscal adjunta Matilde Moreno en su representación. El juez indicó que consultó sobre la convocatoria realizada por los parlamentarios al abogado Gustavo Gorostiaga, director de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien le recomendó “declinar respetuosamente” la invitación.
En el documento remitido por Legal a los miembros de la Comisión Permanente citó el artículo 193 de la Constitución Nacional, el cual dice que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
El magistrado citó además el artículo 195 de la Constitución Nacional, el cual indica que el “presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán ser investigados”, por comisiones conjuntas que se den en el Congreso Nacional.
El mismo posicionamiento fue adoptado por Rolón Fernández, que se respaldó en los artículos 192 y 193 de la Constitución Nacional sobre prohibiciones y evitó acudir hasta el Legislativo. El primero sostiene que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
A la vez la cabeza del Ministerio Público alegó que existe una limitación material sobre el tema a tratar, teniendo en cuenta que los agentes fiscales que investigan el caso, Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal, accedieron recién en la víspera a la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles de Lalo Gomes.
“Nosotros necesitamos escuchar a las cabezas de las instituciones en cuanto a las acciones que están tomando. La fiscal adjunta no es la voz que nosotros queremos escuchar como Comisión Permanente, lo que hubiese correspondido es que ambos estén presentes y que respondan a las consultas de la ciudadanía”, recriminó el presidente de la comisión, el diputado Miguel Ángel del Puerto.
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Chats de Lalo Gomes: filtración no es motivo para requerir nulidad de pruebas, dice fiscal
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, manifestó que la filtración de los datos extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista no es motivo para requerir la nulidad de pruebas. La defensa legal del dirigente de Amambay acusa al juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal por la difusión de los datos a medios de comunicación.
“Esta es una estrategia de la defensa, para que exista una nulidad hay ciertas formalidades, se tiene que afectar ciertos principios. De que se haya hecho una extracción y por ahí alguien haya hecho otra copia, siempre de que no existan modificaciones o alteraciones en esas pruebas no hay razones para anularlas”, sostuvo.
Las afirmaciones de Piñánez surgieron tras concretarse este último martes la entrega de la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles del fallecido parlamentario. Los datos fueron otorgados por Legal al Ministerio Público y a la defensa de la familia de Lalo Gomes ejercida por el abogado Óscar Tuma.
“Yo creo que sí o sí la defensa planteará la nulidad de pruebas en el caso de que haya una imputación, pero el hecho de que se haya filtrado no puede invalidar las pruebas, lo que podría invalidarlas es que realmente haya existido algún tipo de manipulación. La filtración es un acto cuestionable y si se encuentra a los responsables de las filtraciones deben tener algún tipo de sanciones, pero no para invalidar una prueba”, remarcó a la 1020 AM.
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Los mensajes filtrados motivaron a Legal a denunciar un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo a su banca.
A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura. Igualmente, en el caso se encuentran afectadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la jueza Sadi López por las presuntas conversaciones con el difunto legislador.
“Ahora debemos abocarnos a ver que tanta información se tiene al respecto, acá debemos hacer el análisis de que sí las informaciones se adecuan o no a una conducta penal, si existen más personas involucradas. También veremos si esto finalmente ameritará la conformación de más equipos de investigación o en su defecto la apertura de más causas penales. Vamos a discriminar lo que es relevante para la investigación, estás son cuestiones administrativas que pueden dar mayor eficacia a la investigación penal”, indicó.
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Permanente convoca a sesión extraordinaria para debatir sobre filtración de chats
El presidente de la Comisión Permanente, diputado Miguel Del Puerto, convocó a la sesión extraordinaria para mañana miércoles a las 9:00, en la cual como único punto del orden del día será el debate sobre los chats filtrados del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El pedido de la convocatoria fue aprobada en la sesión ordinaria de la semana pasada.
“Convocar a sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, a fin de considerar como único punto del orden del día, la situación de divulgación de las conversaciones entre el fallecido diputado nacional Eulalio Gomes y exponentes de la política y la justicia en nuestro país”, expresa la resolución.
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En esta sesión extra, fueron convocados el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el juez penal de garantías, Osmar Legal, a efectos de que las autoridades puedan informar sobre la situación de la divulgación mediática de las conversaciones del extinto diputado Gomes y algunos actores políticos.
La propuesta de convocatoria de la sesión extraordinaria fue planteada el pasado 12 de febrero por el senador José Oviedo, quien argumentó que los legisladores deben colaborar en buscar soluciones con relación a la corrupción en las instituciones del Estado.
Se trata de una invitación a las autoridades de justicia para abordar sobre este tema que sacudió al ámbito político en las últimas semanas. Se aguarda que tanto el fiscal general como el juez penal de garantías asistan a esta sesión ya que se trata de una invitación y no una convocatoria a una interpelación.
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Arévalo formaliza denuncia contra el juez Osmar Legal por prevaricato
Tal y como lo había anunciado el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal del diputado Orlando Arévalo, se concretó la presentación de la denuncia contra el juez Osmar Legal por prevaricato. Esto luego de la filtración de conversaciones entre el fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes y otros políticos y autoridades en los que se encuentra Arévalo.
En esta denuncia se alega que el magistrado perjudicó a Arévalo mediante la difusión de estas conversaciones, por lo que la acción fue promovida ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. “No puede ser que se publiquen las conversaciones a los medios de prensa y que las partes no tengan acceso”, cuestionó el abogado.
“Las partes no pueden ejercer sus derechos y garantías. Ambas instituciones deben tomar cartas en el asunto de acuerdo a sus competencias y que se intervenga el juzgado. Él tuvo que haber protegido el material, él tuvo que haber operativizado las garantías constitucionales, hablamos de gente que abusa de su poder para fines particulares”, acotó el abogado en una entrevista radial este lunes 17 de febrero.
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De acuerdo a los trascendido, la presunción de Duarte Cacavelos es que Legal abrió los resultados de las pericias, violando las leyes y el procedimiento establecido para este tipo de acciones. El magistrado no labró acta ni convocó a ninguna de las partes para dar apertura al resultado de las pericias, manifestaron.
El prevaricato es un delito que se comete cuando una autoridad, un juez o un funcionario público “dicta una resolución injusta o ilegal a sabiendas”. Esta denuncia presentada por la defensa de Arévalo se da en el día previo en que la Cámara de Diputados debe tratar su renuncia, la cual fue oficializada el pasado domingo 9 de febrero tras la divulgación mediática de sus chats con Gomes.