El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, aclaró que aún no se procedió a la apertura de una causa penal contra el juez Osmar Legal, quien fue denunciado por prevaricato por el exdiputado Orlando Arévalo. El 26 de febrero, el Ministerio Público derivó este caso a los fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez, el mismo equipo conformado el pasado 5 de febrero para abordar la denuncia de Legal sobre los chats entre el fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gómes y otros funcionarios estatales.

“Creo que es una garantía que el mismo equipo sea el que dilucide el tema central. Son gente confiable y objetiva, y al ver en una visión de conjunto probablemente se tenga una conclusión asertiva. Yo confío en este equipo y me parece que es una conformación correcta”, dijo Rolón, este jueves, en una entrevista con la 1020 AM. La filtración selectiva de los chats derivaron en la renuncia de Árevalo a su banca en el Congreso, así como al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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“La Fiscalía todavía no tiene ninguna orientación de tipo legal, simplemente se abre una carpeta fiscal, una investigación preliminar. La causa penal habrá cuando la investigación arroje evidencias positivas, no está investigado en forma exhaustiva, no tiene un tipo legal en su contra”, indicó el fiscal general acerca de esta nueva asignación en torno al magistrado especializado en lucha contra el crimen organizado.

Arévalo alegó en su acusación que el magistrado incurrió en irregularidades al difundir a los medios de comunicación los mensajes extraídos tras el peritaje realizado al teléfono del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien falleció en agosto del año 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo “Pavo Real II”. Las conversaciones difundidas también afectaron a las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y a la jueza penal Sadi López.

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“No hay ninguna calificación ni tipo legal específico, no hay todavía ninguna entidad jurídica instalada, simplemente se remitieron estos antecedentes al mismo equipo para examinen los dos cursos, una denuncia formal del exdiputado Orlando Arévalo y otra la información que recibimos del juez Legal. Debemos hablar claro, el magistrado Osmar Legal no denunció nada, simplemente envío un informe”, comentó Rolón.

El titular del Ministerio Público puntualizó: “Nosotros podemos manejar hipótesis, aristas, podemos estar acertados o equivocados. Todavía no fijamos la posición del Ministerio Público, que quede claro, apenas somos parte del proceso y vamos a instar un requerimiento en su momento positivo o negativo de acuerdo a lo que resulta conforme a nuestro criterio”.

Las charlas, entre setiembre y noviembre de 2019, revelan una alta afinidad y confianza entre el entonces ganadero y el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Robert Acevedo.

Chats develados ayer por Nación Media exponen cómo el financista del abdismo en Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes, operaba juntamente con el exlegislador Robert Acevedo, aliado del efrai­nismo, en proyectos de leyes relacionados a expropiación de tierras.

Las charlas, entre setiembre y noviembre de 2019, reve­lan una alta afinidad y con­fianza entre el entonces gana­dero y el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), similar al trato que el empresario norteño sos­tenía con autoridades y refe­rentes del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Gomes, quien presumía ser “jefe de campaña” del movi­miento Fuerza Republicana por su presunto aporte de más de USD 1 millón, como él mismo admitió en otros chats revelados; no solo man­tenía sometido al gobierno de Mario Abdo Benítez, sino que manejaba los hilos de su poderío en diferentes sec­tores de la sociedad como el judicial, empresarial, gre­mial y político requiriendo y concediendo favores.

El poderoso ganadero, falle­cido en agosto de 2024 tras un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II; en su carácter de miembro del Comité Eje­cutivo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) requirió en el 2019 a Acevedo, quien se desempeñaba como dipu­tado, trancar un proyecto de expropiación de 1.500 hec­táreas a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), locali­zado en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro.

La propuesta en ese enton­ces fue impulsada por dipu­tados abdistas y cartistas con respaldo del también libe­ral Pastor Vera Bejarano. El inmueble que se preten­día expropiar se encuentra asentada la estancia Alegría, que pertenece a la Agrogana­dera Willersinn, propiedad del alemán Benedick Eber­hard y a cargo del alemán Herber Willersinn.

Finalmente, la iniciativa fue rechazada en ambas cáma­ras del Congreso y terminó siendo remitida al archivo. A la vez se observa en los men­sajes intercambiados, como los compueblanos tramaban acelerar desalojos mediante contactos con agentes fisca­les afines y autoridades del sistema de seguridad del gobierno de Abdo Benítez.

En una conversación del 8 de setiembre de 2019, Lalo remitió una publicación periodística referente a que la Asociación Rural del Para­guay (ARP) denunciaba que los políticos fomentaban las invasiones. A lo que Robert le contestó que debía endure­cerse la postura. “Acá tene­mos que corregir a ese Nés­tor Echeverría y Ricardo Villalba. Judicialmente”, le responde Lalo. Ante esta afirmación el dirigente del Partido Liberal le contestó que “son dementes los dos”, y en otro mensaje argumentó que “del Partido Colorado hay que echarle si se puede, eso le va a desmoralizar a Echeverría”.

Un dato relevante, el excandi­dato a concejal de Pedro Juan Caballero, el abogado Nés­tor Echeverría, fue víctima de un intento de asesinato en febrero de 2020 y final­mente fue asesinado por dos sicarios frente a una bodega en setiembre de 2021. De acuerdo con los antecedentes del caso, el mismo era férreo opositor al entonces inten­dente de Pedro Juan Caba­llero, José Carlos Acevedo, hermano de Robert Acevedo.

En otro chat del 15 de octu­bre de 2019, Gomes y Ace­vedo operaban para agilizar un desalojo que debía ejecu­tar la fiscala Katia Uemura (salpicada en un supuesto esquema de corrupción den­tro del JEM) de unos terrenos ocupados (que estaban siendo reclamados como suyos por el municipio de PJC a cargo de José Carlos Acevedo). En el intercambio de mensa­jes, Lalo reporta a Acevedo que la agente fiscal le argu­mentó que se tuvo que sus­pender el procedimiento por­que “Garilín”, Gael González (del Indert), había informado que existía superposición de títulos.

No obstante, Gomes se com­prometió a llamar al enton­ces viceministro de Seguri­dad, Hugo Sosa Pasmor, del gobierno de Mario Abdo, cuando Juan Ernesto Villa­mayor era el ministro del Interior, de modo de agilizar el procedimiento de desalojo.

Otra de las conversaciones que exponen la afinidad entre políticos ya extintos data del 18 de octubre de 2019, donde Lalo Gomes requiere que la esposa de Acevedo, la enton­ces concejala Carolina Yunis de Acevedo, ayude al exsena­dor Paulino Mendoza Espí­nola a lotear sus tierras, por­que otro concejal de Pedro Juan Caballero, Ivo Lez­cano, estaba poniendo tra­bas por una demanda que le había hecho Mendoza en el pasado, de acuerdo con el chat divulgado.

En fecha 27 de octubre de 2019, Lalo Gomes le dice a Robert que al día siguiente iba a desarrollarse una mani­festación campesina. “Escu­ché eso. Lastimosamente hay liberales aprovechado­res como este Salyn Buzar­quis y otros”, le contestó el efrainista.

“Acá tenemos que corregir a ese Néstor Echeverría y Ricardo Villalba. Judicialmente”, Lalo Gomes a Robert Acevedo.

Eulalio Gomes apoyó la campaña electoral de Mario Abdo Bení­tez desde 2017 y se convirtió en candidato a diputado del movi­miento Fuerza Republicana en 2022. Al menos desde 2017, la Poli­cía Federal de Brasil advirtió a las autoridades paraguayas sobre el ponderable crecimiento económico de Gomes por presuntos vínculos con el crimen organizado, con narcos brasileños como Antonio Joaquim da Mota, Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y Jarvis Chimenes Pavão. Entre 2018 a 2021, Seprelad emitió siete reportes de operaciones sospechosas de Gomes, y en 2021 entregó un informe de inteligencia a la Fiscalía.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dis­puso la apertura de una causa penal para investigar la denun­cia que presentó el exdiputado Orlando Arévalo (ANR) contra el juez de Crimen Organizado, Osmar Legal. La resolución 572 del titular del Ministerio Público está fechada el 20 de febrero, tras la presentación de la denuncia de Arévalo contra el citado magistrado el pasado 17 de febrero.

La acción penal es por el pre­sunto hecho punible de prevaricato por la decisión de Legal de ordenar la extrac­ción de datos de aparatos incautados en el caso Pavo Real II bajo una figura erró­nea, tras el allanamiento de la casa del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien falleció en el operativo fiscal-policial. La resolución ordena remitir parte de los datos a la Fisca­lía y recién después otorgar la copia a las partes.

El equipo de trabajo que investigará al magistrado está conformado por Fran­cisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.

Del teléfono celular del finado diputado se extraje­ron importantes y compro­metedores chats donde se revela un esquema de trá­fico de influencia y otros deli­tos por parte de Gomes con magistrados, fiscales, políti­cos, entre otros.

Los primeros chats dados a conocer a través de los medios de comunicación comprome­tían a Arévalo en un diálogo con Gomes, quien le pedía favore­cer a los cuestionadas fisca­les Katia Uemura, Stella Mari Cano y a la jueza Sadi López, investigadas en aquel enton­ces por el Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados. Ante esta situación, Arévalo se vio obligado a renunciar primero como miembro del JEM y luego a su banca de diputado.

El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, sostuvo que es necesario impulsar un debate y análisis para modi­ficar la ley vigente del finan­ciamiento político. La pos­tura del legislador se da tras los chats filtrados del falle­cido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y el financiamiento de la campaña del sector polí­tico del exmandatario Mario Abdo Benítez por “más de un millón de dólares”.

“Me estuve involucrando en lo que es en América Latina el lavado de dinero y precisa­mente las campañas políti­cas son uno de los principa­les vehículos por el cual se lava dinero del crimen orga­nizado, de hechos de corrup­ción y otros tipos de delitos conexos”, dijo el legislador en una entrevista emitida a través del programa “La caja negra”.

Recordó que, en su momento, como diputado acompañó la modificación de la Ley de Financiamiento Polí­tico planteado por el sector opositor; sin embargo, para Núñez esta normativa debe ser modificada nuevamente. “En mi época de diputado acompañamos la modifica­ción de la Ley de Financia­miento Político de sectores que, de alguna forma, nos señalaban una luz de espe­ranza que todos podemos colaborar, pero esos mismos sectores son los que están ahora con un mutismo que preocupa”, cuestionó res­pecto a la alianza de la opo­sición con el abdismo.

A partir de la próxima semana se reinicia el periodo legislativo y Núñez anunció que presentará un pedido de informe sobre el supuesto aporte millonario que Gomes habría colaborado con el abdismo desde las internas de 2017. “Para conocer verdade­ramente si ese aporte irregular, ilegal de un millón de dólares dónde terminó, porque estoy seguro que en la rendición de cuen­tas en el Partido (Colorado) no va a figurar. Ahí se configura en lavado de dinero y que estamos financiando campañas, y noso­tros estamos preocupados de lo que está pasando en nuestro partido”, apuntó.

Por otra parte, señaló que este podría ser un tema para analizar en la comisión asesora del Senado que aún se encuentra en vigencia. “Una tarea titánica creo que le espera a la Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos y Delitos Conexos, porque los delitos cone­xos son esos que precisamente estamos hablando, el tráfico de drogas, de personas, de armas, el financiamiento político oscuro”, sentenció.