El juicio oral y público que enfrentan Patricia Ferreira Pascotini, Nidia Godoy, de la firma Imedic S.A., así como el despachante de Aduana Néstor Ramírez, acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitaron el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país sigue este viernes 20 de septiembre con la declaración como testigo de la regente de la firma, Elva Barrios.

Asimismo este viernes se presentará la última parte de la producción de pruebas documentales para posteriormente ingresar en la presentación de los alegatos finales, donde el Ministerio Público tendrá que pedir los años de cárcel para los tres acusados.

El tribunal colegiado que juzga a los procesados está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee. Mientras que el agente fiscal del caso es Néstor Coronel.

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El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que habrían cometido los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.

El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos S.A.). Los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.

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Dominique Pelicot, el hombre apodado como el ‘Monstruo de Aviñón’ y acusado de haber drogado a su mujer durante al menos una década para que decenas de individuos la violaran en su propia vivienda, ha admitido este martes los hechos y ha dicho ser “un violador, como todos los presentes en la sala”, quienes también están siendo juzgados por el mismo caso.

Tras ausentarse en repetidas ocasiones del juicio en su contra por motivos de salud, el principal acusado, de 71 años, ha testificado por fin durante la jornada de hoy ante el tribunal de Vaucluse, en el sureste de Francia. Su abogada, Béatrice Zavarro, ha señalado que su cliente lleva más de una semana sufriendo problemas urinarios, una afección que le ha impedido declarar previamente.

A pesar de que el juez Roger Arata ha confirmado que Pelicot ha estado sufriendo de una piedra en el riñón y una infección de orina, el juicio se ha reanudado después de que los médicos hayan considerado que es “apto para acudir al tribunal”.

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Así, Pelicot ha mostrado arrepentimiento y ha dicho “no culpar” a su mujer por “absolutamente nada”. “Era muy feliz con ella, era todo lo contrario a mi madre”, ha dicho, llorando. “Nunca he tocado a mis hijos ni a mis nietos. Soy un violados, como todos los demás en esta sala. Lo sabían todo, no pueden decir lo contrario. Ella no se merecía esto, lo admito”, ha aseverado, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión francesa BFM TV.

El lunes, cuando Pelicot se negó a abandonar su celda, el juez ordenó a dos médicos que certificaran su estado de salud. Posteriormente, su abogada afirmó que podría acudir este martes al juzgado siempre y cuando “las vistas no sean demasiado largas” y haya “descansos” estipulados.

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Así, ha pedido perdón, a pesar de “saber que es imperdonable”. “Soy culpable de lo que hice. (...) Me arrepiento y pido perdón”, ha aseverado, mientras que Gisèle ha expresado que es “muy difícil” escuchar sus declaraciones. “He vivido 50 años con un hombre que no imaginé en ningún momento que podría hacer algo así. Confiaba en él completamente”, ha lamentado.

Al ser preguntado por los vídeos que grabó mientras su mujer era violada por los hombres que invitaba a casa, Pelicot ha señalado que aunque “sentía placer, en parte”, se trata también de “una perversión” que sirve ahora no obstante para “identificar a todos aquellos que participaron” y que ahora lo acusan de “manipulación”.

Fuente: Europa Press

El magistrado de Garantías, Rodrigo Estigarribia, resolvió rechazar todos los incidentes promovidos por la defensa de Hugo Javier González Alegre y elevó la causa a juicio oral para el exgobernador de Central, durante la audiencia preliminar realizada este jueves. También el exdirector de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas, será juzgado en la causa por el presunto desvío de G. 18.300 millones en perjuicio de la Gobernación, entre los años 2019 y 2020.

En otra carpeta fiscal, el exgobernador González también está acusado, junto a otros cinco funcionarios, por el supuesto desvío de G. 5.105.000.000 de los fondos covid, en el año 2020, en un juicio oral y público que inició en junio pasado. En esta segunda causa, el agente fiscal Leonardi Guerrero sostiene una acusación contra el exgobernante y conocido exanimador de televisión por lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

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La segunda acusación del Ministerio Público manifiesta que el extitular de la Gobernación Central y otros funcionarios armaron un esquema para realizar las millonarias transferencias para la supuesta ejecución de 51 proyectos que fueron a parar al Consejo Regional de Salud del departamento de Central, la Asociación Integral de Apoyo Profesional, la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro. Nacional de Organizaciones Populares y la Asociación Ecodesarrollo.

Estas transferencias indebidas se hicieron entre marzo del 2019 y diciembre de 2020, y todo se desarrolló en contra de las disposiciones dictadas por ley. Según la Fiscalía, de los G. 24.424.032.733 desembolsados, el envío del dinero de la Gobernación de Central asciende a G. 18.384.427.005. En la primera causa elevada a juicio intervinieron los fiscales Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, mientras que el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres tomó ese proceso.

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Una vez más se suspendió el inicio del juicio oral y público para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otros acusados por extorsión, persecución de inocentes y otros. La audiencia oral se pospuso debido a que la exrepresentante del Ministerio Público cambió de abogado.

El nuevo representante legal de la exfiscala, Álvaro Arias, pidió al tribunal de sentencia más tiempo para poder interiorizarse del caso para preparar la defensa de la acusada.

En febrero del año 2023 el entonces fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscal Ana Girala luego de haber recibido una denuncia de que tanto ella como otros miembros de la unidad habían solicitado la suma de G. 25 millones para beneficiar a un procesado por homicidio doloso con una salida alternativa al juicio oral y público al momento de la realización de la audiencia preliminar.

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El Ministerio Público indicó que cuenta con suficientes elementos probatorios para poder lograr una sentencia condenatoria durante el desarrollo de un juicio oral y público.

En su momento Girala estuvo privada de su libertad, pero luego fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión. Posteriormente presentó su renuncia al cargo de agente fiscal, renuncia que fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

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