La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) expuso ayer jueves ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisadas de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. La institución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.

“Gracias a estas reuniones que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.

García relató que dichos inmuebles, es decir, las estancias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposición del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas propiedades que prohibían la posibilidad de innovar, contratar o cualquier otra modificación registral.

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“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno conocimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publicaciones del remate, él tenía a la vista el informe de condiciones de dominio de la Dirección General de los Registros Públicos en el que taxativamente hablaba que esta propiedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.

El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser aplicado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustración”, manifestó.

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El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.

“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.

En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.

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El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.

De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.

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Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.

Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.

El Jurado de Enjui­ciamiento de Magis­trados (JEM), diri­gido por la doctora Alicia Pucheta, resolvió ayer en mayoría de sus miembros la apertura de una inves­tigación preliminar al juez penal de Garantías, Osmar Legal, y a los fiscales Osmar Alberto Segovia, Elva Cáce­res e Ingrid Cubilla, en el marco de las averiguaciones del allanamiento que se rea­lizó en la casa donde resultó muerto el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en Pedro Juan Caballero.

De los 8 miembros del JEM, siete votaron a favor para remitir los antecedentes del caso para la apertura de la investigación prelimi­nar. El voto en contra fue el del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia.

Al momento de argumen­tar su voto en contra, Ramírez Candia dijo que si bien se trató de un hecho grave, no se puede evidenciar respon­sabilidad del juez ni de los fis­cales. Indicó que a su criterio, los operadores de la Justicia actuaron conforme a lo que establece la ley.

Mientras que se ratificaron a favor de la investigación los otros miembros: Orlando Aré­valo, Alicia Pucheta, Enrique Berni, César Garay Zuccolillo, Mario Varela, Derlis Maidana y Alejandro Aguilera.

El diputado Arévalo indicó que “llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido, tiene que ser investigado. Los funcionarios públicos, los actores de la Justicia, tene­mos que estar acostumbra­dos al control”.

La casa del diputado Lalo Gomes fue allanada el pasado 19 de agosto, con una orden del juez Osmar Legal, den­tro del Operativo Pavo Real II, que investiga el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La orden judi­cial habilitaba a los fiscales actuar incluso en horas noc­turnas. El operativo de alla­namiento se realizó en horas de la madrugada cuando el diputado estaba en su dor­mitorio con su esposa, y al percatarse de la presencia de extraños en su residencia se resistió abrir la puerta y pro­cedió a disparar contra los intervinientes. Estos a su vez respondieron y dieron a la humanidad del diputado.

Según relatos de los agen­tes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Anti­narcóticos y Hechos Puni­bles Conexos (SIU) y efecti­vos de de la FOPE.

En el transcurso de este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aprobaron impulsar una investigación preliminar sobre las actuaciones del juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal y los fiscales Osmar Alberto Segovia Jara, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Elva Agustina Cáceres Samudio.

La apertura de pesquisa guarda relación con el caso del diputado y dirigente del departamento de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien falleció en la madrugada del pasado 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.

La información fue dada a conocer por los medios oficiales del JEM a propuesta del diputado Orlando Arévalo, quien puso en conocimiento las publicaciones periodísticas sobre la muerte de su colega ante la institución extrapoder encargada de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales.

Arévalo manifestó que se encuentran reunidos los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar. “Esto llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Nosotros, todos los funcionarios públicos y actores de justicia tenemos que estar acostumbrados al control”.

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Señaló además que el JEM se encuentra facultado para hacer “uso de las atribuciones oficiosas, motivo por el cual solicito a los miembros el acompañamiento para el inicio de una investigación preliminar previa a todos los agentes fiscales intervinientes, también al juez que firmó el mandamiento”.

Su petición fue acompañada por su colega Alejandro Aguilera, los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo y los representantes del Consejo de la Magistratura, Alicia Pucheta y Enrique Berni. Mientras que el también ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, fue el único quien expresó su rechazo.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales. El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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