El tribunal de sentencia del caso Renato, presidido por Juan Francisco Ortiz (c) y conformado por los jueces Rossana Maldonado y Manuel Aguirre. Foto: Gentileza
Caso Renato: Fiscalía pidió anular absolución de médica
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El Ministerio Público presentó la apelación especial contra la resolución del tribunal de sentencia que en mayoría absolvió de culpa y pena a la médica Laura Sena Figueredo, acusada por homicidio culposo debido al fallecimiento del niño Renato Rojas Talavera.
Las agentes del Ministerio Público Nathalia Silva, Sara Torres y Luz Guerrero sostienen en su escrito ante el tribunal de apelaciones, que la sentencia dictada por los jueces carece de fundamentación, tiene fundamentación aparente y es contradictoria.
Ahora será un tribunal de alzada quien deberá estudiar si corresponde anular la absolución de culpa y pena de la médica Sena y disponer que se realice un nuevo juicio oral y público. Por su parte, la querella igualmente apeló la resolución de primera instancia y esperan que se anule el fallo dictado por un tribunal de sentencia en mayoría.
Todo se inició en fecha 20 de agosto del 2019, cuando Macarena Talavera Angulo, madre de Renato, y Mirna Beatriz López (niñera del pequeño) lo llevaron al sanatorio de Asunción para su atención médica, ingresando a la sala de observación del Servicio de Urgencias a cargo de Laura Sena Figueredo.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, la médica Sena Figueredo, a pesar de ser informada sobre el estado de salud del pequeño, quien adolecía de una cardiopatía referida por la madre, omitió una serie de acciones necesarias en el caso específico del paciente. El niño habría pasado más de cuatro horas con fiebre elevada, irritabilidad y taquicardia en la sala de observaciones del sanatorio.
El dueño de una farmacia, identificado como Franco Antonio Acosta Céspedes, fue detenido por presuntamente facilitar medicamentos controlado al presunto autor del feminicidio de María Fernanda. Foto: Gentileza
Caso María Fernanda: detienen a dueño de farmacia que habría proporcionado medicamento controlado
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Esta tarde, el Ministerio Público realizó un allanamiento en una casa en el barrio San Isidro de Coronel Oviedo, en busca de evidencias sobre el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez. Durante el procedimiento resultó detenido Franco Antonio Acosta Céspedes, quien es el propietario de la farmacia en la que se habrían comprado varios medicamentos que se habrían utilizado para acabar con la vida de la joven de 17 años de edad.
Los fiscales del caso, Fermín Segovia y Gloria Rojas, son los que están tomando la declaración indagatoria al propietario de la farmacia, quien en las próximas podría ser imputado por el Ministerio Público.
Del mismo modo ayer miércoles, en un allanamiento realizado en una vivienda de Coronel Oviedo,se logró incautar la moto que pertenece al padre del principal sospechoso del crimen. En el sitio se detuvo a un hombre que sería padre de la actual novia del presunto homicida. Sería el segundo allanamiento que se realiza con la intención de esclarecer el horrendo crimen.
Según el fiscal Fermín Segovia, el dueño de la casa Ricardo Villamayor, se presentó junto a su abogado y manifestó que la vivienda está deshabitada desde hace un tiempo porque está siendo refaccionada. Esta persona fue detenida por frustración de la ejecución y persecución penal.
Caso Maylen: Corte ratificó condena de 16 años de cárcel para médico por homicidio por mala praxis
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La sala penal de la Corte Suprema de Justifica confirmó la condena de 16 años de cárcel y 10 años de prohibición de ejercer la profesión contra el médico Miguel Ángel Cavallo, encontrado culpable por el fallecimiento de la joven Maylen Romero, quien murió en una intervención de implante mamario en el sanatorio Medicis. La condena contra el profesional de blanco es la sentencia más alta que se dictó para un médico.
Los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes firmaron la resolución judicial en la que ratifican la sentencia dictada por los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, quienes confirmaron la condena de Cavallo.
Los altos magistrados mencionaron que la resolución de los camaristas está correctamente fundamentada y señalaron que no es necesario que se amplíe la imputación para cambiar la calificación si no cambian los hechos. Es más, el ministro Benítez Riera sostuvo que el dolo eventual sí está previsto en la normativa, por lo que votó por confirmar el fallo condenatorio.
Antecedentes
Maylen Analía Romero Ledesma falleció durante una cirugía plástica realizada presuntamente de forma irregular. En diciembre de 2020, la víctima habría concurrido al Sanatorio Medicis para realizarse una cirugía de implante mamario (mamoplastía), previa consulta médica con el Dr. Cavallo. El médico realizó el procedimiento solo, sin un anestesiólogo que lo acompañase.
Fiscalía acusó por contrabando a exsenador argentino
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El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó acusación contra el exsenador argentino, Edgardo Darío Kuieder y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, por el hecho punible de contrabando. Esto, al no justificar la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos que intentaron ingresar a Paraguay. El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público.
El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2024, a la 01:30. Personal de la Armada Paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional realizaron una intervención en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad donde se pudo detectar.
Durante el procedimiento fue incautado un vehículo Chevrolet con matrícula argentina, en cuyo interior se hallaron importantes sumas de dinero en efectivo que no fueron declaradas conforme a las exigencias legales.
De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Ahora el juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva o no a un juicio oral y público.
Estafa a colonos: Fiscalía tiene 5 meses más de tiempo para investigar a exfuncionario de Diputados
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El tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de San Pedro, otorgó 5 meses más de tiempo al Ministerio Público para seguir investigando al exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas procesadas penalmente por estafa, cuya víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Con esta resolución, la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo el 18 de noviembre de este año, donde tendrá que presentar la acusación y el pedido de juicio oral para los procesados.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro.