Condenan a 5 años y 6 meses de cárcel a hijo de OGD
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Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a 5 años y 6 meses de cárcel a Óscar Rubén González Chaves, quien fue encontrado culpable por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los jueces de sentencia Matías Garcete y Adriana Planás votaron por la sentencia más alta mientras que la magistrada Jazmín Cáceres votó por una condena de 4 años de cárcel.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera defensor de González Chaves, señaló que “sí vemos motivos para poder recurrir este fallo judicial, de hecho ya hemos recurrido y la propia Corte Suprema de Justicia nos ha dado la razón en varios puntos”.. Agregó que “el tribunal de sentencia no condenó por el delito de declaración falsa y con relación al delito de lavado de dinero, los jueces condenaron por el 50 % de los hechos que acusó el Ministerio Público a diferencia del anterior juicio”, manifestó.
Lovera afirmó que “el tribunal admitió que hubo variación de los hechos en relación con el lavado de dinero, pero señaló que la variación de los hechos no debería bloquear el pronunciamiento y en ese sentido discrepo, pero admitieron que hubo variación de los hechos” refirió el citado profesional del derecho.
Asimismo, el fiscal del caso Francisco Cabrera, puntualizó que “fue un fallo extenso y bien analizado por el tribunal de sentencia y vamos a esperar tener el fallo integro para analizar los fundamentos y desde el Ministerio Público estamos satisfechos por la sentencia contra el acusado”. Del mismo modo, el colegiado dispuso el comiso de sumas de dinero que están en varias cuentas bancarias de González Chaves.
En medio de la definición del juicio político impulsado en su contra, el presidente de la República, Santiago Peña, volvió a pronunciarse este viernes y ratificó que presentó su renuncia para evitar un mayor daño al país. Foto: Archivo
Peña se pronuncia a minutos de conocerse su sentencia: “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país”
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En medio de la definición del juicio político impulsado en su contra, el presidente de la República, Santiago Peña, volvió a pronunciarse este viernes y ratificó que presentó su renuncia para evitar un mayor daño al país.
A través de una publicación en su cuenta de X, Peña sostuvo que no quiere que su permanencia en el cargo sea motivo de mayor división o inestabilidad, en medio de la crisis política desatada por el escándalo del caso ueno bank.
“Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”, escribió. Afirmó que su responsabilidad es poner al país por encima de su destino personal y llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
Asimismo, reconoció la angustia de los ciudadanos que esperan respuestas y sostuvo que es momento de atender a los afectados con hechos y responsabilidad. “Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados”, finalizó.
El pronunciamiento se produce en una jornada decisiva para el futuro político del mandatario, mientras se aguarda el veredicto final del proceso de juicio político en su contra.
Tras anularse su sobreseimiento, fijan fecha para tercer juicio a Tomás Rivas
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El Tribunal de Sentencia, integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Osvaldo Prates, fijó para el 18 de noviembre a las 08:30 el inicio del nuevo juicio oral y público contra el exdiputado colorado Tomás Rivas.
El exlegislador está acusado por presunta estafa en el caso de los “caseros de oro”, quienes cobraban salarios de la Cámara de Diputados por servicios que, en realidad, prestaban en el domicilio particular de Rivas.
El juicio oral también fue programado para los días 19, 20, 23 y 25 de noviembre. Este será el tercer intento del Ministerio Público por sostener la acusación.
En las dos ocasiones anteriores, el exdiputado obtuvo el sobreseimiento definitivo luego de que los tribunales consideraran válida la reparación del daño y declararan extinguida la acción penal.
La nueva convocatoria se produce después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara dicho sobreseimiento.
La máxima instancia judicial consideró que no correspondía extinguir la causa por reparación del daño sin el consentimiento del Ministerio Público.
Al respecto, el ministro Manuel Ramírez Candia explicó que, si bien la estafa permite la extinción de la acción mediante la reparación del daño, la causa también incluye el delito de cobro indebido de honorarios —un ilícito contra el ejercicio de funciones públicas—, el cual no admite este mecanismo de solución.
Según la acusación fiscal, Rivas certificó planillas de asistencia falsas para justificar el pago de salarios a sus caseros con fondos del Estado, a pesar de que estas personas no cumplían funciones en la sede legislativa.
La CIDH emitió una resolución en la que reconoce el cumplimiento total de las disposiciones que exigían publicar y difundir la sentencia sobre la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Foto: Gentileza
CIDH declara cumplidas las medidas de reparación de Paraguay en el caso Yakye Axa
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el cumplimiento total por parte del Estado paraguayo de las medidas de reparación relacionadas con la publicación y difusión de la sentencia en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. El informe se dio a conocer a través de la Cancillería Nacional al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic).
Mediante la nota VMRE-UGDH Nº 941-2026, se informó que la Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional remitió al Mitic la resolución de fecha 9 de octubre de 2026, notificada mediante la nota CDH-12.313/640 del 21 de octubre de 2026, por la cual la CIDH declara el cumplimiento total de las medidas de reparación ordenadas en el punto resolutivo décimo segundo de la sentencia correspondiente al caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.
La decisión constituye un nuevo reconocimiento al compromiso del Estado paraguayo con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos, transparencia y acceso a la información, ejecutadas a través de la Comisión de Seguimiento de las Sentencias Internacionales, CICSI, liderada por el propio vicepresidente de la República Pedro Alliana.
El punto resolutivo décimo segundo de la sentencia dispuso la publicación de los hechos probados y de los puntos resolutivos del fallo en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, además de la financiación de transmisiones radiales destinadas a difundir el contenido de la decisión judicial. Tras el proceso de supervisión realizado por la CIDH, estas medidas fueron consideradas plenamente cumplidas por el Estado paraguayo.
Las disposiciones contemplaban la difusión de los hechos probados y de los puntos resolutivos de la sentencia, además de transmisiones radiales para dar a conocer la decisión judicial. Foto: Gentileza
Prioridad en política comunicacional
Desde el Mitic señalan que el cumplimiento de estas disposiciones fue una prioridad dentro de la política de fortalecimiento de la comunicación pública y del respeto a los compromisos internacionales del Paraguay. En ese marco, informaron que se impulsaron acciones de difusión, campañas de comunicación, espacios radiales y materiales informativos orientados a garantizar que las medidas ordenadas por la Corte lleguen efectivamente a la ciudadanía y a las comunidades involucradas.
Asimismo, se promovieron espacios de visibilización y participación que permitieron amplificar la voz de los pueblos indígenas, contribuyendo a la difusión de sus derechos, su cultura y las decisiones adoptadas por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La comunicación remitida por la Cancillería reconoce el cumplimiento de estas medidas de difusión y publicación, que forman parte de las reparaciones ordenadas en favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa y que constituyen herramientas fundamentales para garantizar la memoria, la transparencia y el acceso a la información pública.
Ratifica compromiso institucional
Desde la vicepresidencia resaltaron que con esta decisión, la CIDH reconoce el cumplimiento de las acciones de comunicación y difusión desarrolladas por el Estado paraguayo, fortaleciendo los mecanismos de acceso público a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reafirmando el compromiso institucional del Paraguay con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos.
“La declaración de cumplimiento total constituye, además, una muestra del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para honrar los compromisos internacionales asumidos por el país y garantizar que las medidas de reparación ordenadas por los organismos internacionales sean conocidas por la ciudadanía y lleguen efectivamente a sus beneficiarios”, destaca el informe que brindaron dese la vicepresidencia.
El exjefe comunal de CDE, Miguel Prieto, debe preparar su defensa por los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos en el caso conocido como Tía Chela. Foto: Matías Amarilla.
Tía Chela: tribunal advierte a Miguel Prieto que será juzgado también por estafa y otros
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El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos —integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel— advirtió al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otros diez acusados que deben preparar sus defensas ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso “Tía Chela” sean calificados también como estafa y producción de documentos no auténticos.
La acusación actual corresponde a los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. La advertencia fue realizada por el colegiado durante el juicio oral por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Con relación a Prieto, el Tribunal de Sentencia indicó que debe preparar su defensa ante una eventual calificación de estafa en calidad de coautor y producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso. Para los demás procesados, la advertencia contempla los mismos hechos punibles, pero con distintos grados de participación.
En la fecha, la audiencia oral prosiguió con la lectura de las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público. Por el momento, no está prevista la declaración de testigos. La Fiscalía sostiene que probará que Prieto habría causado el millonario perjuicio al encabezar un supuesto esquema de desvío de recursos municipales en el que habrían participado funcionarios de su administración.