El abogado Claudio Lovera, defensor de Rubén González Chaves, quien es juzgado por los delitos de lavado de dinero y declaración falsa, explicó que el Ministerio Público no pudo probar los dos delitos y pretende violar incluso la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Lovera manifestó que “la Fiscalía violó una cosa juzgada al solicitar que el acusado en este caso mi representado pague con sus bienes el comiso, cuando que la propia Corte Suprema de Justicia ya dejó firme la resolución sobre el comiso con sus actuales alcances, por lo que no corresponde el actual pedido de los fiscales”, refirió el mencionado profesional del derecho.
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Asimismo el abogado defensor días atrás pidió la absolución Óscar Rubén González Chaves, por deficiencias en la postura de la Fiscalía sobre los hechos punibles de lavado de dinero y declaración falsa. El pedido fue durante la exposición de los alegatos finales de parte de la defensa del procesado.
A continuación señaló que “la Corte Suprema de Justicia, cuando anuló la condena por lavado de dinero, y cuestionó las argumentaciones de la sentencia de primera instancia, las consideró notoriamente vagas e infundadas”, indico Lovera.
El juicio oral y público prosigue este viernes a las 09.00, cuando se ingresará a la última etapa de la audiencia oral y ya luego el tribunal de sentencia integrado por Matías Garcete, Adriana Planás y Jazmín Cáceres deberán dictar sentencia.
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Brasil: megaoperación antilavado golpea al crimen organizado en el sector de combustibles
Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon ayer jueves al crimen organizado en una megaoperación policial. El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.
Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos. La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024. El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.
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Fuerte despliegue
En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro. La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.
Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles. Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.
Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo. El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.
Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.
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Banco paralelo
El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de en bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda. Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.
Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023. Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.
El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares). Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.
Fuente: AFP.
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Canciller entrega informe sobre lavado de la CBI a Estados Unidos
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, entregó el informe elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, así se informó desde Cancillería en la tarde de este jueves.
“Se entregaron dos ejemplares del informe elaborado por la Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio del Congreso Nacional. Este informe aborda hechos punibles relacionados con lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”, informaron desde la cartera diplomática.
Asimismo, indicaron que la entrega de estos documentos se realizó a solicitud de la propia comisión, la cual requirió la colaboración de la embajada norteamericana para que este informe llegue al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de dicho país.
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El informe de la Comisión fue presentado el pasado 14 de julio ante el Congreso, días más tarde, el contenido fue remitido al Ministerio Público, al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Contraloría. El presidente de dicha comisión, el senador Dionisio Amarilla ya había adelantado que el objetivo es que dicho informe llegue a Estados Unidos.
El trabajo de la comisión concluyó en un informe compuesto por nueve tomos y cuenta con el respaldo de 231 biblioratos de documentación, fruto de más de seis meses de trabajo parlamentario. Entre las líneas investigativas principales, la CBI identificó tres núcleos de presuntas irregularidades:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
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Senadora rechaza uso de fondos públicos para su campaña y querellará a diputado
La senadora Lizarella Valiente, a través de su abogado Óscar Tuma, rechazó las acusaciones del diputado Raúl Benítez, quien afirmó que supuestamente usó fondos públicos de la Municipalidad de Asunción para costear su campaña política en las pasadas elecciones. La legisladora anunció que querellará al único representante del Partido Encuentro Nacional en la Cámara Baja.
“Negamos categóricamente las afirmaciones realizadas en fecha 27 de agosto de 2025 por el diputado Raúl Benítez, difundidas a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter) y reproducidas en distintos medios de comunicación nacionales, en las que se le atribuye falsamente a mi representada la utilización de fondos públicos de la Municipalidad de Asunción para el financiamiento de su campaña política”, sostiene el comunicado emitido por Tuma en sus redes sociales.
“Dichas manifestaciones son absolutamente falsas, carentes de sustento fáctico y jurídico, y constituyen un agravio directo al honor, la reputación y la trayectoria política de la senadora Valiente”, acotó el representante legal de Valiente.
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Además, señala que en el transcurso de este jueves, la esposa del exjefe comunal de Asunción, Óscar Rodríguez, quien el viernes pasado renunció al cargo; enviará un escribano junto al despacho de Benítez con la finalidad de que se ratifique o rectifique en su acusación.
“A fin de salvaguardar sus derechos, informamos que en el transcurso del día de mañana se remitirá un escribano público al despacho del diputado Raúl Benítez, a fin de notificarle un acta notarial de requerimiento, otorgándole la oportunidad de ratificarse o rectificarse en relación con las expresiones vertidas”, refiere el comunicado.
Asimismo, el abogado sigue sosteniendo que “nuestra representada, se reserva el derecho de promover las acciones legales correspondientes en defensa de su buen nombre y de la verdad de los hechos“.
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Lanzarán el libro “El Sistema Acusatorio Penal en Riesgo”
El abogado y actual secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, presentará mañana miércoles 27 de agosto su libro denominado “El Sistema Acusatorio Penal en Riesgo”. El lanzamiento está previsto a las 19:00, en el auditorio de la Ley Paraguaya César López Moreira 850.
“Este es un trabajo que desarrolle dentro de la tesis de la maestría de derecho procesal en la Universidad Nacional de Rosario, a cargo del doctor Adolfo Alvarado Velloso. Fue dentro de esa escuela de la corriente garantista que me di cuenta de algunos inconvenientes”, indicó en una entrevista con la 650 AM.
La obra jurídica va dirigida principalmente a jueces, fiscales, defensores y especialistas en derecho penal y guarda relación sobre la investigación por el tribunal de sentencia en el juicio oral. “Me llamó la atención que los jueces no podían hacer investigaciones. En la etapa fundamental de valoración de las pruebas, según lo que pude ver del garantismo en sí, del sistema acusatorio, es que los jueces salen de ese principio de imparcialidad al cual se deben, por diferentes motivos”, comentó.
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Asimismo, González manifestó que esta situación afecta a otros principios como la bilateralidad, igualdad de armas y hasta de la duda. “La acusación es la que tiene que mostrar la culpabilidad del ciudadano. Cuando el juez investiga realiza preguntas a los peritos, testigos, imputados, incluso puede determinar a realizar medidas a mejor proveer, sale de la imparcialidad y no solo envicia el proceso, sino que se inmiscuye y realiza actos de investigación y de ahí forma su convicción“, manifestó.
Señaló que este hecho expone que Paraguay cuenta con un sistema inquisitivo oral. “No tenemos un sistema garantista. El Código Procesal establece que los jueces están obligados a la búsqueda de la verdad y ellos se ciñen a esa situación, pero la norma está en contravención a lo que establece la Constitución Nacional con el debido proceso y la imparcialidad de los jueces. Hay una dicotomía entre ambas situaciones, un drama, entonces debemos cambiar la ley o cambiamos la Constitución Nacional", refirió.
González acotó: “en el sistema anglosajón, el juez en todo momento dirige el debate y nunca se involucra, si llegase a pasar esto, se anula todo el proceso, ordena la tramitación del juzgamiento, pero acá tenemos una disposición legislativa que le obliga a la búsqueda de la verdad". La presentación del libro estará a cargo de los abogados José Fernández Zacur y Roberto Moreno Rodríguez Alcalá.