El fiscal de Filadelfia, Chaco, Andrés Arriola, imputó por tráfico de drogas, introducción y exportación de sustancias y asociación criminal a diez ciudadanos extranjeros que habían sido detenidos el 23 de febrero de 2024 durante un procedimiento realizado en la zona de Lagerenza, Chaco, límite con la frontera con Bolivia.
Los imputados fueron capturados luego de denuncias de que desde la pista clandestina denominada “El Codo” partían avionetas que transportaban drogas hacia Argentina, Perú y Uruguay. El Ministerio Público imputó a Glauber Fernández Dubai, Adalberto Riveiro Machado, Jonathan Da Silva Brum, Bruno Wesly Borges Amador y Rhuan Da Silva Aires, ciudadanos de nacionalidad brasileña.
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También fueron imputados los bolivianos Carlos Andrés Cuellar Garrido, Franklin Muñoz Sossa, Jesús Wilfrido Muñoz Espínola, Isaías Ayala y Eduin Osinaga Vias. Los citados fueron imputados por segunda vez ya que los mismos ya fueron inicialmente sometidos al proceso penal por del delito de transgresión a la Ley de Armas.
La nueva imputación se genera luego del resultado del aspirado que se llevó a cabo como acto investigativo con el que se pudo probar que la avioneta incautada en el procedimiento era para transportar cocaína.
Los imputados deberán ser citados por el juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si seguirán presos en el proceso penal.
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Imputan por amenaza a una alumna que anunció atentado a colegio en redes sociales
El agente fiscal Federico Leguizamón imputó a una adolescente de 17 años por el delito de amenaza de hecho punible, en calidad de autora. Es en el marco del proceso abierto para investigar las amenazas que sufrió la directora de un colegio de Asunción.
La adolescente imputada quedó a disposición del juzgado Penal de la Adolescencia del primer turno de la capital, a cargo de la jueza Liz Paola Mongelós.
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El fiscal interviniente se constituyó el viernes pasado en el local del colegio debido a amenazas recibidas a través de redes sociales. La directora de la institución presentó capturas de pantalla de mensajes amenazantes publicados en redes sociales, donde se hacía referencia a un presunto tiroteo que tendría lugar el día jueves 10 de abril.
A través de la Dirección de Delitos Informáticos de la Policía y del Ministerio Público, se llegó hasta la dirección IP de la responsable que envió la amenaza.
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Acusan y piden juicio oral por el delito de coacción para Luis Montanaro
El fiscal Federico Delfino, presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción cuya víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por el cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.
El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos de pruebas que se han recolectado durante la etapa investigativa. Ahora el juzgado penal de garantía deberá fijar una fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público.
De acuerdo a la investigación, el día 3 de noviembre del 2024, el investigado se habría apersonado hasta Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.
Seguidamente, luego de retirarse, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así, que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro Bedoya (Avenida España y Dr. Escobar – Edificio Gral. Genes 623 de la capital).
En dicho lugar, Montanaro Bedoya, habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas (las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, a la denunciante de la causa que investiga la primera y a sí mismo), más la suma de G. 700.000 (setecientos mil guaraníes) y unas direcciones en la ciudad de Asunción.
Montanaro Bedoya, además, habría dado indicaciones a Alderete de que se dirija hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de 3 ramos florales que él mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos sean entregados en los domicilios provistos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy acusado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y realizó el mandato dado por Montanaro Bedoya.
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Freddy Krueger, Peaky Blinders, El Cuartel de la Feas: las mafias narco en Ecuador
- Guayaquil, Ecuador. AFP.
Disputas a muerte y frágiles alianzas. Una explosión de bandas de curiosos nombres componen el nuevo mapa del crimen en Ecuador, un país acorralado por las mafias y ante el desafío de elegir a un presidente capaz de doblegarlas. Los Freddy Krueger provocan pesadillas en las calles, los sofisticados Peaky Blinders se disputan el dominio del golfo de Guayaquil y El Cuartel de la Feas controla las prisiones. Estos se suman a los ya famosos Choneros, Lobos y Tiguerones.
La misma violencia cambia de nombre cada tanto debido a una atomización de los grupos armados y a un cóctel perfecto que allanó el terreno de la guerra: puertos estratégicos para la salida de droga, vecindad con Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína-, una economía dolarizada y entidades corruptas.
Y en el medio, la gente. Una comerciante extorsionada recuerda el día en que explotó una bomba en su restaurante en Guayaquil, capital económica y del crimen del país. “Decían que eran de la mafia, pedían 15.000 dólares para no matarnos”, cuenta a la AFP la mujer que mantiene su identidad bajo reserva.
Los tentáculos de las organizaciones no conocen fronteras. Se engendran en la costa del Pacífico con apoyo de carteles de México y Colombia, así como de la mafia albanesa. Luego cruzan la cordillera andina hasta ciudades como Quito, Ambato o la minera Ponce Enríquez (sur ecuatoriano), según expertos. La seguridad está en el centro de las campañas presidenciales de cara al balotaje del domingo que enfrenta al mandatario Daniel Noboa y la candidata izquierdista Luisa González.
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Sin grandes capos
En enero y febrero Ecuador registró un muerto cada hora, según cifras del ministerio del Interior. Es el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. “La guerra es por territorio. Ya no hay cabezas conocidas como antes, cada quien quiere su independencia”, señala bajo reserva el cabecilla de una agrupación.
Esta fragmentación dificulta el control de las bandas por parte de las autoridades. “Vemos una asociación de pequeños grupos y menos rígidos. Esto ya pasó en la Colombia de los 1990 tras la muerte de Pablo Escobar”, sostiene la experta en seguridad Carla Álvarez.
Las jerarquías empezaron a romperse en 2018, cuando se dividió una de las mayores organizaciones. La muerte en 2020 del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ahondó las pugnas. En Quito, Marianela recibe amenazas e intentos de extorsión por WhatsApp. “Los bloqueo”, dice bajo reserva esta empleada de un restaurante.
La angustia se instaló en el convulso barrio Martha Bucaram de la capital, donde policías y militares suelen realizar operativos en busca de armas y droga. “Acá a la vuelta hubo como dos muertos” durante una balacera, recuerda. Apenas suenan los disparos, los negocios cierran.
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Bandas especializadas
De los 1.300 barrios de Quito, unos 100 son considerados conflictivos. Para las mafias, la ciudad es “un mercado de consumo de drogas, como sucede en diferentes capitales latinoamericanas”, explica Carolina Andrade, secretaria de Seguridad municipal. Quito, enclavada en los Andes, también se percibe “como un espacio seguro para venir a esconderse”, pues no tiene el mismo control policial o militar de la costa.
Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que los grupos tienen ciertas especialidades. El Cuartel de las Feas, por ejemplo, opera en las prisiones con extorsiones y microtráfico. Esta banda desató enfrentamientos entre los reos por la alimentación. El preso que no pagaba la “vacuna” (extorsión), no comía, comenta. Y en el puerto de Guayaquil, los Peaky Blinders, Choneros y Tiguerones chocan por las rutas de la droga, a veces camuflada en contenedores de banano o camarón.
Fusiones
En Quito pequeñas pandillas buscan entrar a “organizaciones más grandes para tener mayor presencia, mayor legitimidad y mayor control” territorial, señala Andrade. En la cima de la pirámide criminal de la capital están los Lobos y Latin Kings. Las mafias “han ido ganando espacio, es complejo combatirlas”, admite el comandante policial de Guayaquil, Pablo Dávila.
“Los ruidos de las balas no nos dejan dormir”, dice una líder de un empobrecido barrio guayaquileño, donde solo en una tarde mataron a 22 personas. El presidente Daniel Noboa aplicó una política de mano dura contra las bandas que logró bajar el índice de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.
Pese a la caída, el centro de estudios Insight Crime sostiene que esta última tasa es la más alta de América Latina y “enmascaró” un año de violencia persistente. “La intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”, señaló.
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Operativo Berilo: Corte destraba caso y juez puede fijar audiencia preliminar
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó una vez más la causa contra el presunto líder narco Reinaldo “Cucho” Cabaña y otros acusados por supuesto narcotráfico, tras rechazar el recurso que presentó la acusada Yisela Noemí Ramírez contra la resolución que confirmó la intervención del juez Miguel Palacios en el caso.
Una vez que se fije la audiencia preliminar en la misma se tendrá que analizar si corresponde que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público, así como lo ha solicitado el Ministerio Público en su acusación. Actualmente Cabaña guarda arresto domiciliario en una casa ubicada en la ciudad de Lambaré, a la espera de la realización de la audiencia preliminar.
Cabaña está acusado en el marco del operativo Berilo, realizado en setiembre del 2018 en varios puntos del departamento de Alto Paraná. En esa ocasión, fiscales del Ministerio público junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) llevaron adelante más de 20 allanamientos en los que decomisaron 23 vehículos de alta gama, 21 kilogramos de cocaína y unos USD 800.000.
Cabaña está acusado por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. Hay que señalar que en la causa están investigadas otras 20 personas.