Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron por la tarde de ayer jueves hasta una vivienda ubicada en el barrio San Luis de la ciudad de San Lorenzo, propiedad de un abogado, y con suma violencia atacaron a tres personas que se encontraban en el lugar y se alzaron con 18.000.000 de guaraníes en efectivo y tres teléfonos celulares.

En las imágenes de circuito cerrado se puede observar cómo los dos hombres entran a la casa y en cuestión de minutos vuelven a salir para darse a la fuga. Los malvivientes se desplazaban a bordo de una motocicleta color negra, utilizaban cascos y chalecos efectivos.

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“En el lugar estaban tres personas, el abogado, su ayudante y un veterinario, quienes fueron sorprendidos por los malvivientes que, a punta de arma de fuego, redujeron al ayudante, al otro hombre lo golpearon en la cabeza con el arma y el dueño de casa intentó huir saltando desde una terraza a la casa contigua, por lo que resultó con algunas lesiones”, indicó el comisario Israel Troche, de la Comisaría Primera de San Lorenzo.

Debido al rápido actuar de ambos hombres y la vestimenta que utilizaron para el atraco, las víctimas no lograron divisar mayores detalles de su apariencia, por lo que las investigaciones se centran en poder captar más imágenes de circuito cerrado de la zona que ayuden a determinar la ruta de huida de los mismos y así poder dar con ellos.

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La responsabilidad de cualquier daño patrimonial en la causa Metrobús debe analizarse en torno a las decisiones de la administración que truncó la obra en octubre de 2018, refirió el abogado Tarek Tuma. “El Ministerio de Obras Públicas, ya a cargo del siguiente ministro (Arnoldo Wiens), decidió no seguir con la obra, entiendo que esto no estaba justificado de ninguna manera”, puntualizó sobre el proyecto adjudicado en 2016 y que debía culminar a fines de 2018, cuatro meses después de asumir el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Cada funcionario público, en este caso ministro debe responder por lo que hizo durante su gestión, el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona no tiene por qué responder por lo que pasó en una administración posterior, no se le puede atribuir no haber concluido la obra ya que durante su mandato se realizó parte de la obra que se pudo realizar” sostuvo Tuma, respecto al extitular del MOPC, que culminó su mandato en agosto de 2018 por el cambio de gobierno.

Señaló que su cliente entregó la obra vial al gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con un avance del 18 % y sin ningún tipo de cuestionamientos. “Todos sus actos fueron convalidados por el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de juzgar la ejecución de los gastos de los administradores”, refirió el representante legal, este viernes, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que cada acto realizado en torno a la obra durante la administración de Jiménez Gaona fue convalidado incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Respecto al estado actual de la causa judicial que enfrenta su defendido, Tuma manifestó que se está a la espera de la audiencia preliminar. Alegó que al haber cumplido todas las normativas durante su administración y al haber sido la obra interrumpida por decisiones posteriores, no corresponde imputarle ninguna responsabilidad en el conflicto actual.

Las afirmaciones de Tuma surgen tras las afirmaciones del procurador general de la República, Marco Aurelio González, que aseguró que el proyecto no debió haber sido detenido y que las acciones posteriores provocaron el conflicto con la empresa portuguesa Mota-Engil, responsable de las obras del Metrobús, la cual había demandado al Estado paraguayo y en diciembre de 2023 se sentenció a una condena por USD 16 millones.

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“Lo que hicieron con Paraguay fue el inicio de esta serie de hechos que pretenden incidir en las elecciones libres y soberanas de un país”, expresó el abogado Pedro Ovelar en relación con las sanciones por “actos significativos de corrupción” aplicadas por Estados Unidos al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al exvicepresidente Jorge Glas.

Ovelar sostuvo que lo acontecido recientemente con el líder del movimiento Revolución Ciudadana “tiene mucha similitud” con el caso de su cliente, el expresidente y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien, de acuerdo con las denuncias, resultó víctima de una persecución política en el marco de las pasadas elecciones internas y generales.

“Esto es una manipulación del electorado e intromisión en los asuntos internos de un país. Estas medidas son arbitrarias, ilegales e inconstitucionales tanto en Paraguay como evidentemente en Ecuador. Se pasan por alto las autoridades estadounidenses. No es cierto que con el pretexto de que sus leyes se lo permiten, puedan afectar en un país el proceso interno electoral”, afirmó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Las medidas tomadas por el Departamento de Estado del país norteamericano, que consisten en impedir el ingreso al territorio estadounidense a Correa, Glas y a sus familiares directos, llaman la atención en medio de las disputas electorales rumbo a los comicios presidenciales en Ecuador, previstos para el 9 de febrero de 2025.

El pasado jueves, Correa calificó de política, a las sanciones de Estados Unidos teniendo en cuenta que, según sus afirmaciones, su movimiento político Revolución Ciudadana se posiciona como favorito en el electorado ecuatoriano.

“Existen las mismas particularidades con el caso de Paraguay (persecución a Cartes y campaña contra la ANR). Estos adversarios tienen preferencia para las siguientes elecciones que se dan en pocos meses más en el Ecuador. Este es un caso calcado de lo que ocurrió en Paraguay, más allá de las sanciones mismas y la afectación de las familias que nada tuvieron que ver con el ejercicio del cargo, más allá de que sí se pudiese o no determinar en el futuro las responsabilidades de Correa”, dijo Ovelar.

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Asimismo, el abogado resaltó otras similitudes de la persecución política que enfrentó Cartes y que ahora afronta Correa, como, por ejemplo, la “existencia de un presidente genuflexo que permite y manipula con un gobierno extranjero la aplicación de sanciones. Se establecen los procesos secretos, donde ellos nomas (Estados Unidos) conocen las pruebas y los elementos que tienen, donde nunca dan derecho a la defensa, donde uno no tiene la posibilidad de impugnar cualquier tipo de pruebas que se haya obtenido o que se pretenda hacer valer. No se tiene un juez justo e imparcial, nada de eso existe”.

No obstante, Ovelar resaltó una gran diferencia en la manera en que Estados Unidos dio a conocer las sanciones impuestas a Correa y Cartes. “Hay una diferencia entre el comunicado de Ecuador y lo que ocurrió en Paraguay. El comunicado de Correa fue publicado por el Departamento de Estado, pero no se realizó una conferencia con todos los medios para darle una mayor notoriedad y espectacularidad”, comentó.

Siguió sosteniendo que “Es por eso que señalamos que el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield hizo un gran daño al Paraguay. El expresidente Mario Abdo Benítez en directa conexión, asociación con el embajador y algunos medios de comunicación, filtraron información, realizaron mucho ruido para hacer un mayor daño político, todo formó parte de una estrategia conjunta para dañar a Cartes, al Partido Colorado y llevar al poder otra lista que era a fin a los intereses del embajador y Abdo Benítez.

Deseaban que gane Efraín Alegre, utilizaron las instituciones públicas, filtraron información y procedieron a inmiscuirse en los asuntos internos del Paraguay”.

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El abogado y exmagistrado Andrés Casati calificó como una medida acertada la iniciativa que modifica los artículos 6°, 136 y 305 de la Ley 1286/98, Código Procesal Penal, la cual apunta a erradicar la mora judicial proponiendo optimizar los plazos procesales dentro de una causa penal, tanto pública como privada.

“Se atenta contra los derechos humanos al someter al justiciable a procesos tan largos. Yo creo que es muy acertada y atinada. Por el mal uso de recursos procesales y la falta de ejercicio de los jueces al no penalizar y no castigar las chicanas presentadas por los abogados es que se fueron extendiendo cada vez más los plazos y estamos ante procesos que son interminables”, sostuvo.

El proyecto de ley fue aprobado este último martes en la Cámara de Diputados y deberá ser remitido al Senado para su estudio. En el documento se propone reducir el plazo máximo de la duración de los procesos penales de acción pública a 3 años, contados desde el primer acto procesal.

Mientras que para casos de acción penal privada, se establece en la iniciativa que el plazo máximo sería de 1 año y 6 meses. Otra de las modificaciones propuestas por los diputados se centra en que si el Ministerio Público no presenta requerimiento fiscal en 30 días tras una denuncia, el afectado puede solicitar directamente al juzgado la desestimación del caso.

“Lastimosamente, no se aplican las sanciones disciplinarias como se deberían aplicar. No hay derecho de tener a una persona en años de procesos, esto desestabiliza a cualquier ser humano y a toda una familia que hay detrás”, remarcó a la 1020 AM.

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Asimismo, acotó que en el caso de sancionarse la propuesta en el Congreso Nacional y promulgarse en el Poder Ejecutivo, “simplemente los jueces tendrán que aplicar su poder disciplinario, no solo para nosotros los abogados litigantes, también tenemos fiscales chicaneros”.

Casati siguió sosteniendo que “Hay causas son rimbombantes, populares, en donde los fiscales realizaron apresuradamente o irresponsablemente imputaciones, las cuales después no las pueden construir para sostener una acusación y como no quieren retroceder violando el artículo 54 del Código Procesal Penal que habla de la objetividad a la cual está obligado el Ministerio Público, ellos mismos van suspendiendo las audiencias, chicaneando”.

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