El abogado Claudio Lovera, defensor de Oscar Rubén González Chaves, pidió al tribunal de sentencia la absolución de culpa y pena por los delitos de lavado de dinero y declaración jurada falsa, por deficiencias y en la postura de la Fiscalía sobre los hechos punibles citados más arriba. El pedido fue durante la exposición de los alegatos finales de parte de la defensa del procesado.
Lovera señaló que “la Fiscalía no ha demostrado esfuerzos en la construcción de circunstancias fáctica”. Agregó “la sociedad denominada Príncipe de Savoia tenía recursos suficientes, previamente al periodo de enriquecimiento ilícito al igual que los bienes adquiridos, que a su criterio son de origen lícito y aportados a una sociedad para evitar doble transferencia”.
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El defensor del procesado también manifestó que “la Corte Suprema de Justicia cuando anuló la condena por lavado de dinero, cuestionó las argumentaciones de la sentencia de primera instancia y las consideró notoriamente vagas e infundadas. Los argumentos del tribunal colegiado señalaron pagos por compras de inmuebles en 2016, supuestamente con fondos ilícitos, propiedad del acusado debido a que la persona jurídica no disponía de recursos propios y suficientes en dicho año y esto fue lo reenviado a un nuevo juicio oral”, indicó Lovera.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por Matías Garcete, Jazmín Cáceres y Adriana Planás. La audiencia oral prosigue este viernes y ya se podría dar a conocer el fallo de primera instancia.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
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Fiscalía acusó y pidió juicio oral para ex intendente de Asunción y otras 15 personas
Los fiscales Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta Dinamarca y Marlene González de Ovelar presentaron acusación y solicitaron que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público para el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, acusado por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco del caso detergentes.
La Fiscalía sostiene que existe un presunto perjuicio patrimonial a la comuna de Asunción de G.1.808.956.000 en el pago de varios contratos a las firmas proveedoras de detergentes.
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Igualmente, el Ministerio Público presentó acusación y pidió juicio oral para el ex jefe de Gabinete Wilfrido Cáceres, al igual que César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Edwin López Cattebeke, Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez, Víctor Ramón Frágueda Ortiz, Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Daniel Arguello Vielma, María Victoria Cano Torres, Pedro Ramón Cano Martínez, y Benicio Antonio Cano Martínez.
El escrito se presentó ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá admitir la acusación y fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se definirá si Nenecho Rodríguez y otros acusados van a un juicio oral y público.
De acuerdo al escrito de acusación, el exjefe comunal fue uno de los responsables para adquirir y distribuir detergente durante la pandemia del Covid-19.
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Defensa de Bolsonaro pide su absolución por golpismo en Brasil antes de veredicto
La absolución de Jair Bolsonaro es “imperiosa”, sostuvo este miércoles su abogado en la última intervención de la defensa antes de que la corte suprema de Brasil dictamine si el expresidente tramó un golpe de Estado.
El máximo tribunal dará su veredicto la semana próxima en el juicio que define si el líder de extrema derecha intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
“La absolución es absolutamente imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus”, afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno ante los jueces en Brasilia. El letrado hacía alusión al escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la parcialidad judicial.
Mientras se lleva a cabo el juicio, en el Congreso se aceleran negociaciones para incluir la votación de una amnistía en la agenda parlamentaria, con Bolsonaro como eventual beneficiario.
“Sin pruebas”
La corte reanudó este miércoles las sesiones finales del proceso al exmandatario, de 70 años, en prisión preventiva en su casa en Brasilia desde principios de agosto.
Según la fiscalía, la presunta trama golpista incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, relator de este juicio.
El plan no habría avanzado por falta de apoyo de la cúpula militar.
La acusación también señala a Bolsonaro como presunto instigador del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia para tratar de derrocar a Lula.
El ex jefe de Estado (2019-2022) se declara inocente y dice ser un perseguido político. “No hay una sola prueba que lo vincule” al plan de magnicidio o al 8 de enero, sostuvo otro de sus abogados, Celso Vilardi.
Contra “presiones”
Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar hasta 43 años de prisión. El juez Moraes aseguró el martes que el tribunal ignorará las “presiones internas o externas” al emitir su veredicto.
Sus declaraciones se producen en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos. El presidente Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles punitivos a las exportaciones brasileñas por lo que calificó como una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro. Además, Washington sancionó a Moraes y otros funcionarios brasileños.
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En caso de condena, la defensa y la fiscalía “tendrán hasta cinco días” para interponer un recurso de aclaración o de revisión, explicó a la AFP Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.
Si existen recursos de cualquier tipo, hasta que no se resuelvan, Bolsonaro no puede ingresar en prisión, según el experto. Es la primera vez que un exmandatario brasileño enfrenta cargos de esta magnitud.
“Con más apoyo por la amnistía”
“Cada vez con más fuerza y más apoyo, vamos a trabajar por la amnistía amplia, general e irrestricta en el Congreso”, dijo el martes a periodistas el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.
El bolsonarismo impulsa desde hace meses una amnistía para su líder y para centenares de simpatizantes condenados por el 8 de enero.
Lindbergh Farias, líder del oficialista Partido de los Trabajadores en Diputados, admitió esta semana que “creció un movimiento” por la amnistía tras una visita a Brasilia del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, para “colocar en discusión” el tema.
Freitas fue ministro de Bolsonaro y aparece como posible sucesor del ultraderechista para las elecciones de 2026. Cabe al presidente de la cámara baja decidir si incluir una eventual votación de la amnistía en la agenda del Congreso.
Otras dos fuerzas centristas que apoyan la amnistía, Unión Brasil y Progresistas, anunciaron que dejarán los ministerios que ocupan en el gobierno de Lula.
- Fuente: AFP
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