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Durante el gobierno de Mario Abdo Bení­tez se consolidó un sistema perverso que ofrecía blindaje a sus aliados mien­tras perseguía a sus enemigos políticos con métodos cuestio­nables y delictivos. El caso de Lalo Gomes es ejemplificador.

Por un lado, el Ejecutivo tuvo en sus manos al menos 7 informes de inteligencia y 13 Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) que señalaban los vín­culos turbios de su jefe de cam­paña en Amambay con organi­zaciones criminales (con Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca). Sin embargo, en lugar de actuar, el gobierno abdista no solo lo mantuvo como finan­cista y operador político, sino que también lo llevó al Con­greso como diputado, cajo­neando su expediente durante cuatro años.

Mientras protegía a Gomes, el Gobierno desplegó un ope­rativo de garrote político con­tra sus adversarios, especial­mente contra Horacio Cartes y Santiago Peña. Este esquema, que involucró a instituciones como la Seprelad, consistió en la creación de una oficina paralela dentro del organismo, donde funcionarios sin atri­buciones legales elaboraron informes fraguados y filtra­ron información confidencial a medios afines.

Además del exmandatario Abdo, están implicados en este esquema los exminis­tros Arnaldo Giuzzio, Car­los Arregui, René Fernández, los exfuncionarios Carmen Pereira, Daniel Farías Kro­nawetter, Francisco Pereira Cohene, además de Mauricio Espínola.

El operativo de montaje y fil­tración de información confi­dencial se inició con el montaje de una dependencia paralela dentro de la Seprelad con fun­cionarios ajenos a la institu­ción y sin atribución legal para investigar exclusivamente a Horacio Cartes y su entorno.

Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análi­sis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad, ordenaron y acomodaron la improvisada “oficina paralela”.

Con el propósito de debilitar a los políticos contrarios en el ámbito político, económico y electoral, fue elegido para hacer el trabajo Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteli­gencia financiera del Ministe­rio del Interior (hasta junio de 2022). Otro que tuvo especial participación fue René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrup­ción, quien fue el editor del documento hecho por el fun­cionario.

Farías y Fernández, sin ser funcionarios de la Seprelad, fueron los responsables de ela­borar un primer documento secreto en formato Word. En el texto se incluían datos de sala­rios de Santiago Peña y Óscar Boidanich.

La Fiscalía sospecha que el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidencia­les de Peña y Boidanich a través de los medios de prensa (como lo hicieron Abdo y su secretario privado Mauricio Espínola), y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia 10/2022.

El senador Leite señaló que el expresidente Abdo Benítez debería despojarse de sus fueros y someterse a la Justicia.

El senador Gustavo Leite dijo que el expresidente Mario Abdo Benítez debería presen­tarse ante la Justicia y acla­rar todos los hechos revela­dos en los chats del teléfono del fallecido diputado Eula­lio “Lalo” Gomes, acusado de haber tenido vínculos con el narcotráfico, y que lo salpi­can. Afirmó que este caso es una prueba de fuego para la Fiscalía.

“Si Mario Abdo Benítez se pre­cia de ser paraguayo, debería despojarse de sus fueros y pre­sentarse a la Fiscalía lo antes posible, sino tendremos la prueba de que su campaña fue fondeada ilegalmente sin nece­sidad siquiera de otras actua­ciones”, aseveró el parlamenta­rio en contacto con La Nación/Nación Media.

Los últimos chats develados entre Gomes y Abdo revelan que ambos tuvieron fluidas conversaciones entre el 2019 y 2021. El entonces ganadero y dirigente político de Amambay, con vínculos con el narcotrá­fico, incluso realizaba pedidos y recomendaciones al presidente respecto a quienes deberían liderar instituciones sensibles como la Fuerza de Tarea Con­junta (FTC).

Para Leite lo que corresponde ante la gravedad de los chats revelados y la donación de USD 1 millón de Gomes a la campaña de Abdo, amerita que este renuncie a sus fueros como senador vitalicio y se someta a la justicia. “Por otro lado, la Fiscalía debe actuar de oficio e iniciar una investiga­ción. El financiamiento polí­tico es muy sensible y si plata del narco entró a la campaña de alguien, ese alguien debe correr con todo el peso de la ley sobre sus espaldas”, sentenció.

Esta caso, que deja al des­nudo el movimiento millo­nario que tuvo Gomes y que no fue motivo de interven­ción por parte de institucio­nes que tenían conocimiento sobre esto, como la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es una “prueba de fuego” para la Fiscalía la que debe actuar inmediatamente sin dila­tar en exceso sus procesos “que nunca llegan a nada”, lamentó.

En 2021, Lalo Gomes hizo un pedido al entonces vicepresidente Hugo Velázquez para un ascenso clave del comisario Baldomero Jorgge. En febrero de 2022, el hombre leal al financista del abdismo fue nombrado como el número 2 de la Policía Nacional.

Chats y audios inter­cambiados entre el exvicepresidente de la República Hugo Veláz­quez y el fallecido dipu­tado Eulalio “Lalo” Gomes exponen la sumisión del abdismo ante su princi­pal financista de Amam­bay. El dirigente político demostraba su poderío en el gobierno de Mario Abdo Benítez requiriendo nom­bramientos dentro de la alta cúpula policial.

Las charlas develadas este jueves en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, expo­nen no solo una gran con­fianza, sino una rotunda obediencia de Velázquez a Lalo Gomes, quien se des­empeñaba como jefe de campaña del movimiento Fuerza Republicana lide­rado por el exmandatario, tras un presunto aporte de más de un millón de dólares, pese a los informes estata­les que lo vinculaban con el narcotráfico.

El 9 de agosto de 2021, vía WhatsApp, Gomes pidió a Velázquez la designa­ción del comisario Baldo­mero Jorgge Benítez para el cargo de director general de Investigación Criminal. Según las conversaciones, este pedido fue tramitado personalmente por el enton­ces segundo del Ejecutivo ante el excomandante Luis Arias. Casi un mes después, la solicitud fue concretada el 7 de setiembre de 2021 por el Ministerio del Interior, que entonces encabezaba Arnaldo Giuzzio.

En su requerimiento, Lalo Gomes escribió al exvicepre­sidente de la República: “Te quería explicar lo siguiente... si podés pedir al comandante de la Policía, Arias, para el nombramiento como director general de Investigación Cri­minal para ascenso a 3 estre­llas al comisario Baldomero Jorgge. Él es nuestro amigo”.

La solicitud fue respondida por Velázquez mediante un audio: “Cuando esté con el comandante le voy a hablar. Esto se habla mano a mano, Lalo, saludos”.

A un mes de la conversación, el recomendado Baldomero Jorgge ascendió de director de Investigación de Hechos Punibles a director general de Inteligencia Policial, sus­tituyendo a Gilberto Fleitas, quien pasó a ser subcoman­dante de la Policía Nacional. Aunque pasarían solo 5 meses para que Baldomero Jorgge desplazara a Gilberto Fleitas en el alto cargo de la cúpula policial, por decreto de Abdo del 15 de febrero de 2022, debido a que Fleitas pasó a ser el comandante.

Durante 17 días, los medios afines al expresidente Mario Abdo Benítez publicaron todos los detalles de los chats y audios del fallecido diputado y financista del abdismo, Eulalio “Lalo” Gomes. Sin embargo, cuando Nación Media empezó a divulgar aquellos mensajes que comprometían nada menos que al expresidente y a su vicepresidente, revelando cómo el exdiputado movía los hilos del gobierno anterior, algo curioso sucedió: los medios tradicionalmente afines al oficialismo, como Abc Color y Última Hora y sus portavoces, optaron por un silencio ensordecedor.

Lo que en otro contexto hubiera sido un escándalo de por­tada, quedó relegado a un segundo plano, casi como si nunca hubiera ocurrido. Estos medios, que suelen actuar como altavoces del Gobierno, prefirieron no profundizar en cómo Lalo, desde su rol de jefe de campaña del Amambay, logró imponer a su aliado incondicional como subjefe de la Policía.

El mutismo de estos medios no es casual. Los chats no solo exponen las maniobras de Lalo, sino que también salpican al propio gobierno de Abdo, a ese expresidente que buscan blin­dar, revelando una red de influencias y decisiones cuestiona­bles. En lugar de informar con transparencia, optaron por pro­teger al aliado, ya que los chats revelan no solamente.

El tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, revocó la resolución del juez Miguel Palacios, que había ordenado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que informe sobre financistas y participantes del evento del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se realizó en nuestro país el año pasado.

Con la presente resolución judicial, la Seprelad no está obligada a brindar la información que ha solicitado vía amparo judicial Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), contra la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Los camaristas mencionan en su resolución que “el derecho al acceso a la información pública se halla garantizada para todas las personas, sin embargo en este caso, la apreciación sobre si la proporcionada por la entidad del Estado es completa o incompleta responde a una apreciación subjetiva del reclamante, al quedar satisfecho o insatisfecho por la contestación que pueda recibir”.

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También agregan que “en el informe de Seprelad, sobre los nombres o denominaciones de las personas físicas o jurídicas de los organismos públicos o privados nacionales de derecho internacional extranjeros que financiaron total o parcialmente el evento, ha informado que “los datos solicitados no forman parte de sus registros y se puede concluir en consecuencia que, en realidad, al requerimiento del demandante ha existido una respuesta; que esta no haya complacido al mismo, ya responde a su entendimiento, pero de por sí, no constituye un acto ilegítimo de parte de la demandada es decir de la Seprelad” señala la determinación judicial.

Asimismo los jueces indicaron que el juez de primera instancia no ha considerado suficientemente los requerimientos de la norma constitucional para admitir el amparo, que debe ser revocado, al encontrar que no cumple con los presupuestos para su procedencia.

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Al menos 7 informes de inteligencia de Seprelad y 13 operaciones sospechosas (ROS) daban cuenta de dudosas operaciones del financista del abdismo y de sus vínculos con capos como Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

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El gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con informes de inte­ligencia que ligaban a Eula­lio “Lalo” Gomes con el nar­cotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca; sin embargo, el entonces pre­sidente chateaba casi a dia­rio con el pedrojuanino colo­rado e incluso recibió más de 1 millón de dólares para su campaña política.

Los vínculos del abdismo con el narcotráfico quedan cada vez más en evidencia, al exponerse nuevas con­versaciones obtenidas del celular del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. En nuevos chats difundidos se ve el trato muy cercano y amigable con el expresidente Mario Abdo Benítez.

Extractos de los chats a los que accedió el programa “Arriba hoy”, del canal GEN, revelan pedidos de nom­bramientos, en muestra de abierta confianza y proxi­midad en el trato, y compro­miso de apoyo en las internas coloradas de 2022. El 10 de mayo de 2020, Lalo Gomes se comunicó por WhatsApp con Abdo Benítez, a quien le pidió que intervenga para evitar un cambio en la Fuerza de Tarea Conjunta.

Lo llamativo del caso es que, desde el 2019, el enton­ces gobierno abdista mane­jaba informes de inteligen­cia que revelaban los nexos de Lalo con Cabeza Branca. Sin embargo, estos datos no se informaron a la Fiscalía hasta el 2021.

El 16 de noviembre de 2021, la Seprelad remite un informe autónomo al Minis­terio Público, donde hace mención a 13 reportes de operaciones sospechas con respecto a Eulalio Gomes, pero estos ROS no se habían remitido anteriormente a la Fiscalía (cinco reportes del año 2017, uno del año 2018, otro del año 2019, cuatro del año 2020 y dos del año 2021). Recién en el informe del 2021 se hace mención a la vincu­lación de Eulalio Gomes con Cabeza Branca, de acuerdo a un ROS remitido el 3 de diciembre de 2019 por un sujeto obligado del sector seguros.

Atendiendo a la vinculación de Eulalio Gomes con Cabeza Branca, según ROS del sujeto obligado del sector seguros, la Seprelad incluye en el informe mencionado que en el marco de la causa Cabeza Branca fueron respondidos diversos requerimientos de los agen­tes fiscales intervinientes en la misma:

El 29 de junio de 2020 se remitió un informe al fis­cal Carlos Alcaraz, y el 10 de setiembre de 2020, otro a la fiscala Lorena Ledesma. El 16 de enero de 2019 se había enviado un informe al legis­lador Antonio Buzarquis (Congreso Nacional) y a Mónica Sefart (de la Presi­dencia de la República). El 15 de noviembre de 2019 se había remitido un informe a la fiscala Elva Cáceres, otro el 16 de enero de 2018 a la fis­cala Lorena Ledesma y otro más el 30 de agosto de 2018 a la fiscala Elva Cáceres.

• DERLIS MAIDANA - Senador

“La Justicia no debe ser selectiva. Si el caso amerita, más tra­tándose de un presidente de la República, se debe hacer lo que corresponde, investigar y llegar a resultados concretos, que es lo que la ciudadanía espera para devolver la confianza y credibili­dad a las instituciones”, aseveró el parlamentario.

“Yo mantengo mi posición de siempre, el Ministerio Público debe investigar todos los casos en los que hay indicios de hechos punibles, la vara debe ser la misma para todos, sin excepción, si la Fiscalía considera que debe pedir desafueros, debe proceder como corresponde y proseguir de la manera más rápida posible con las investigaciones”, añadió Maidana.

• GUSTAVO LEITE - Senador

“Si Mario Abdo Benítez se precia de ser paraguayo, debería des­pojarse de sus fueros y presentarse a la Fiscalía lo antes posible, sino tendremos la prueba de que su campaña fue fondeada ile­galmente sin necesidad siquiera de otras actuaciones”, aseveró el parlamentario Gustavo Leite.

“Por otro lado, la Fiscalía debe actuar de oficio e iniciar una investigación. El financiamiento político es muy sensible y si plata del narco entró a la campaña de alguien, ese alguien debe correr con todo el peso de la ley sobre sus espaldas”, expresó.

En un ejercicio de selectiva asimetría gubernamental, el gobierno de Mario Abdo demostró una habilidad asombrosa para “cajo­near” los abundantes datos que vinculaban a Lalo Gomes con organizaciones delictivas. A pesar de los informes de inteligen­cia financiera y las múltiples alertas, decidieron que lo mejor era mirar para otro lado, como si los documentos se hubieran per­dido en un agujero negro burocrático.

Recién en 2021, cuando ya no quedaba más remedio, se animaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía. La investigación avanzó a paso de tortuga, hasta que en agosto del año pasado terminó en un operativo fallido que dejó más preguntas que respuestas, y a Lalo muerto. Pero no todo fue inacción: para perseguir a sus enemigos políticos, como Horacio Cartes y Santiago Peña, sí hubo eficiencia.

Filtraciones, informes fraguados y datos falseados fueron el pan de cada día. Vaya paradoja: mientras los nexos narco se archivaban, la maqui­naria de persecución política funcionaba a todo vapor.