El juez de ejecución Carlos Mendoza informó al Ministerio Público sobre la denuncia presentada por el condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico, Cristian Turrini, quien denunció que su vida corre peligro en su lugar de reclusión en la cárcel de Concepción.
De acuerdo a la defensa del condenado, el homicida Bruno Marabel, sentenciado a 30 años de cárcel más 10 de seguridad, habría recibido un ofrecimiento para acabar con la vida de Cristian Turrini Ayala.
La abogada Nidia Pintos Benítez, defensora de Turrini presentó un incidente de tutela jurisdiccional para solicitar su traslado de la Penitenciaría de Concepción a la Cárcel Militar de Viñas Cué, debido a las constantes amenazas de muerte que recibe su defendido.
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“Cristian César Turrini se encuentra bajo depresión y con ideas suicidas por la constante amenaza de muerte”, refiere el profesional médico Forense Hugo Medina Huerta en su informe elevado al juzgado.
Según se denunció que pasado el 11 de marzo del 2024, Bruno Marabel, otro de los internos, envían mensajes de Whatsapp donde advierten que recibió una propuesta para acabar con la vida de mi defendido y mencionó en dicho chat que se le propuso acabar con la vida de César Turrini gente que tiene contacto en todas las penitenciarías del país ya que responden a una facción.
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Fiscal investiga supuesta coacción sexual a dos adolescentes en fiesta de 15 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Osvaldo Zaracho tiene a su cargo la investigación de una denuncia reportada por la Comisaría 23 del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este sobre un supuesto hecho punible contra la autonomía sexual de dos adolescentes de 14 y 16 años. El caso se habría registrado durante una fiesta de 15 años y el supuesto autor sería el dueño de casa, un hombre de 45 a 50 años.
El representante del Ministerio Público informó que tanto las madres de las supuestas víctimas, denunciantes del hecho, así como las adolescentes fueron convocadas ayer ante la unidad fiscal para las declaraciones respectivas. No obstante, mencionó a La Nación/Nación Media que todavía no emitió ninguna orden de captura del denunciado porque se está viendo los datos precisos de su identidad.
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El hecho habría ocurrido el sábado 5 de abril a las 23:30 en una vivienda del barrio La Blanca de Ciudad del Este, donde se realizaba una fiesta de 15 años. A la citada hora, las adolescentes que se encontraban como invitadas, fueron al sanitario ubicado en el interior de la casa, donde el supuesto autor las manoseó y las besó a la fuerza, según la denuncia.
Las menores de edad pudieron zafarse con la ayuda de unos amigos que también se encontraban en el cumpleaños; luego el hombre las habría echado de su casa. Las supuestas víctimas son vecinas del mismo barrio donde habría ocurrido el cumpleaños que terminó mal, según el reporte.
“Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles”, dice parte del Código de la Niñez y Adolescencia. Por ello, La Nación/Nación Media no difunde la identidad de las personas que hacen a la información de referencia.
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Denuncian que una mujer murió por negligencia en el Hospital de Barrio Obrero
Una mujer falleció tras ser internada durante 17 días en el Hospital de Barrio Obrero en Asunción y sus familiares denuncian una supuesta negligencia médica y claman justicia. Según los denunciantes, la paciente habría sido dada de alta sin estar en condiciones de retornar a su hogar.
La hija de la víctima dijo que pasaron una odisea ya que al empeorar el cuadro de la enferma tuvieron que volver a pedir asistencia en el mismo hospital, pero la señora ya no fue ingresada en sala de internación y aparentemente permaneció en una camilla en los pasillos del citado centro asistencial.
“La verdad que hubo una total negligencia médica por parte del equipo médico. Especialmente yo denuncio públicamente al jefe de guardia. Mi madre estaba ingresada ya 17 días en el Hospital Barrio Obrero y un día nos dice: ‘Van a salir de alta porque ella está muy bien, los glóbulos blancos ya bajaron’”, relató la hija de la fallecida a C9N.
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Infección intrahospitalaria
Dijo que se negó a retirar a su mamá porque su semblante demostraba que estaba mal. “Él (jefe de guardia) me dijo que mi madre está con los glóbulos blancos en 7.000 y luego cuando fuimos con su médico a otro hospital me dice que tenía 17.000 y que de ninguna manera ellos podían dejarle a mi madre”, relató.
Contó que su mamá falleció el 4 de abril, presuntamente a consecuencia de una infección hospitalaria. “A ella le dan de alta el día miércoles, pero ella no estaba en condiciones de salir. Y yo me planté, me dijo que no, pero me dijeron que bajó el glóbulo blanco. Entonces, yo firmé”, indicó. La denunciante clamó a la ministra de Salud María Teresa Barán que “se ponga al tanto de sus profesionales”.
“Ellos tienen que recibir una instrucción de cómo tienen que manejarse con las familias humildes, porque no todos podemos ir a un sanatorio”, lamentó. Desde la redacción de La Nación-Nación Media intentamos obtener la versión de las autoridades del Hospital Barrio Obrero y de la propia ministra Barán, pero no hubo retorno a las llamadas.
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Alertan sobre intentos de estafa telefónica con el nombre de la DNIT
Desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) alertaron a la ciudadanía que desconocidos estarían utilizando el nombre de la entidad para solicitar dinero a cambio de diferentes trámites, que tienen que ver con comercios y sus regulaciones.
A través de sus redes sociales oficiales, la DNIT aclaró que ningún funcionario de la institución puede solicitar dinero a cambio de donaciones o de cualquier tipo de servicios. La administración tributaria subrayó además el hecho de que entre sus canales oficiales no se incluyen gestiones financieras con particulares.
Las autoridades correspondientes aseguraron que llevan un tiempo recibiendo denuncias por parte de ciudadanos a quienes se les solicita dinero a cambio de gestorías para diversos trámites para la puesta al día de sus tributos o, en algunos casos, inclusive poder recepcionar donaciones por parte de la entidad.
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Hasta el momento cuentan con la información de que las personas que utilizarían el nombre de la institución se comunican con sus potenciales víctimas a través de diferentes métodos como, por ejemplo, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes. Así también remarcaron que todos los casos ya fueron denunciados a las autoridades correspondientes para el inicio de una investigación formal.
Respecto a los trámites y gestiones que se deben realizar para que alguna persona o entidad de beneficencia pueda recibir la donación de los productos de contrabando incautados durante los diversos controles, estos se realizan únicamente a través de la Secretaría de Coordinación Central, a la cual los interesados pueden contactarse a través del número 413-4185.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para intendente de Encarnación por presuntos delitos ambientales
Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.
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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.
Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.
Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.
Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.
Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).