El tribunal de apelación confirmó la condena de 3 años de cárcel de Justo Ferreira, accionista de la firma Imedic S.A., sentenciado por contrabando de 50 camas, hecho registrado durante la pandemia del covid-19. Foto: Archivo
Imedic: ratifican condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira
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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Capital integrado por Arnaldo Freitas, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín confirmó la sentencia del 5 de diciembre del 2023 donde fue condenado a 3 años de prisión Justo Ferreira, presidente de Imedic S.A. (Insumos Médicos), luego de ser encontrado culpable por el delito de contrabando por el ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.
Asimismo con los votos de los camaristas Sánchez y Fleitas ratificaron la absolución de Patricia Ferreira, hija de Justo; Carlos Gamarra, el despachante; y los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, que también estaban procesados en el hecho. Solo el camarista José Waldir Servín votó por anular la absolución de Patricia y demás procesados.
El Ministerio Público puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia sobre el fallo de segunda instancia que ratificó la absolución de Patricia Ferreira y demás procesados.
La acusación de la Fiscalía sostuvo que durante la pandemia de covid-19, Imedic debió entregar al Ministerio de Salud mascarillas con filtro, trajes para riesgos biológicos y camas manuales para pacientes, sin embargo, Justo Ferreira introdujo al país en forma irregular 50 camas hospitalarias.
Juicio a Patricia Ferreira
Del mismo modo, Patricia Ferreira, de la firma Imedic S.A, está siendo juzgada por presuntamente falsificar facturas de la firma Eurofarma que han posibilitado el ingreso de medicamento oncológico de dudosa procedencia a nuestro país. En el presente caso están siendo enjuiciados la funcionaria de Imedic S.A., Nidia Godoy, y el despachante Néstor Ramírez.
Condenan a dos personas a 10 años de cárcel por robar un camión Scania
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Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.
La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.
Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.
Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.
El juez Rodrigo Estigarribia ratificó la admisión de la imputación contra la jueza de paz Analía Cibils, en el caso conocido como la mafia de los pagarés. Foto: Jorge Jara
Mafia de los pagarés: ratifican admisión de imputación contra jueza de Paz Analía Cibils
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El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ratificó la admisión de la imputación por el delito de prevaricato contra la jueza de Paz Analía Cibils, quien está suspendida en sus funciones. La misma presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el magistrado sobre la admisión de la imputación. Ahora, el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación debido a que el recurso fue subsidiaria.
La fiscala Belinda Bobadilla sostuvo que el acta imputación cumple con los requisitos establecidos para la admisión. Fue al momento de contestar el recurso plantado por la defensa de la jueza imputada.
Son varios los imputados que ya presentaron incidentes al solo efecto de poder dilatar someterse a los mandatos de la Justicia debido a que se está suspendiendo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el juez Estigarribia rechazó la chicana presentada por la ujier notificadora, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija del expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano.
La imputada por el caso conocido como la mafia de los pagarés había planteado una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juez, quien admitió y procesó penalmente a la hoy exfuncionaria judicial. Ahora, el expediente judicial deberá subir al tribunal de apelación, donde se tendrá que estudiar si corresponde confirmar la resolución del juez.
Un tribunal de sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Cristián González condenó a 21 años de cárcel a una persona acusada de abusar sexualmente de tres niños. Foto: Gentileza
Un tribunal de sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Cristian González condenó a 21 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable del delito de abuso sexual en niños. Las víctimas son tres sobrinos del hoy sentenciado. El condenado ya fue sentenciado a 14 años de pena privativa de libertad por otro caso de abuso sexual en niños.
Tras la sentencia, la fiscala Claide Acosta señaló que “terminamos el juicio oral y público por el caso de abuso sexual en niños, donde el Ministerio Público solicitó la pena de 21 años de cárcel en un caso sumamente grave donde las víctimas fueron tres niños”, explicó.
“El tribunal colegiado encontró culpable al acusado y condenó a 21 años de cárcel, conforme a los testigos y las pruebas documentales ofrecidas durante el juicio oral”, manifestó.
Acotó igualmente que “las víctimas de este grave caso son tres niños entre 6 y 12 años, sobrinos del hoy condenado. Este hecho se registró en una convivencia de familia ampliada porque vivían todos en un inmueble y penosamente surge esta situación que fue denunciada en el año 2022″.
“Se realizó un amplio trabajo con profesionales psicólogos médicos forenses y se abarcó todos los campos y se pudo probar el hecho que es lo importante”, indicó la representante del Ministerio Público.
Igualmente Acosta sostuvo que “dado el temor debido a que las víctimas recibían amenazas los niños lograron contar el hecho en el ámbito escolar y luego se comunicó al Ministerio Público donde se inició la investigación que terminó con la alta condena para el acusado”.
Condenan a 19 años de cárcel a una mujer que asesinó su empleadora
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El tribunal de sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro condenó a 19 años de cárcel a Ydolvina González de Bogarín luego de ser encontrada culpable por el homicidio de Ada Estela Gaona Vda. de Aguilera. El terrible suceso ocurrió en abril del año 2022 en el barrio Tacumbú de la capital.
La hoy condenada fue empleada doméstica en la casa de la víctima durante los fines de semana. De acuerdo a los elementos presentados en juicio, la condenada asesinó a la mujer por asfixia mecánica tras maniatarla, además de propinarle golpes.
La víctima fue encontrada sin vida, fuertemente atada y amordazada. En una aparente maniobra para desviar la investigación, la acusada también se presentó atada, pero de forma burda y poco convincente, lo que desde un principio generó sospechas entre los investigadores.
El fiscal Hernán Mendoza logró demostrar la responsabilidad de la acusada con la presentación de varios testimonios, entre ellos el de la señora Emigdia Cárdenas de Bareiro, quien al llegar al lugar de los hechos encontró la escena del crimen y junto a una vecina, ayudó a desatar tanto a la víctima como a la acusada.
El caso generó conmoción en el barrio Tacumbú, por la relación de cercanía entre víctima y victimaria. El Ministerio Público y la querella adhesiva solicitaron la pena máxima prevista por la gravedad del crimen y la relación de confianza rota, pero finalmente el tribunal colegiado condenó a 19 años de cárcel.