El pastor José Insfrán está preso en la cárcel de Emboscada y seguirá en dicha penitenciaría por resolución de la jueza Rosarito Montanía. Foto: Archivo
A Ultranza Py: pastor José Insfrán seguirá preso en la cárcel de Emboscada
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La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva del pastor José Insfrán, hermano de Tío Rico, procesado por lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza Py. La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo ante la referida magistrada.
Ahora la defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar y estudiar si corresponde ratificar la prisión preventiva del pastor.
Actualmente, Insfrán está privado de su libertad en la penitenciaría de Emboscada desde febrero de este año, donde por disposición de la jueza Rosarito Montanía el mismo fue trasladado a dicho lugar. En varias ocasiones su defensa pretendió nuevamente ser trasladado hasta la base de operaciones de la Senad pero dicho pedido fue negado.
Según la presente investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py.
Se trata de una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué.
La jueza penal de Lambaré dispuso que el hermano de una fiscala, imputado por abuso sexual, sea recluido en la cárcel militar de Viñas Cué atendiendo a que supuestamente recibió amenaza. Foto: Archivo.
Hermano de fiscala imputado por abuso sexual trasladado a la cárcel militar de Viñas Cué
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La jueza penal de garantía de Lambaré, Isabel Bracho, vía revisión de medidas, ordenó que el imputado por abuso sexual en niños y hermano de una fiscala guarde reclusión en la cárcel militar de Viñas Cué. Inicialmente, el procesado debía estar privado de su libertad en la comisaría de Villa Elisa y luego debía ser derivado al penal de Tacumbú.
La defensa del imputado alego que recibió amenaza debido a que la hermana del procesado es agente fiscal de una unidad especial, por lo que corre peligro la vida del imputado. Ante este hecho, la jueza Bracho cambio el lugar de reclusión y ordenó que sea derivado al penal militar de Viñas Cué. Del mismo modo, la referida magistrada podría haber ordenado que se resguarde la integridad del imputado en el lugar donde tenga que estar privado de libertad como se hace en otros casos similares.
La magistrada sostuvo en su resolución que “del análisis de los antecedentes, pruebas documentales y normativas aplicables, este juzgado considera acreditado el riesgo inminente que enfrenta el imputado en caso de guardar reclusión en alguna penitenciaria nacional. Por lo que para esta judicatura corresponde hacer lugar a lo peticionado por la defensa, en consecuencia, deberá disponer su inmediato traslado al penal militar de Viñas Cue”.
Días atrás, el Ministerio Público presentó el acta de imputación contra un hombre por el hecho punible de abuso sexual en niños, cuya víctima tiene tan solo 6 años de edad. La fiscalía pidió 6 meses de tiempo para poder presentar su requerimiento conclusivo donde se deberá presentar la acusación y el pedido de que el caso se eleve a un juicio oral u otra salida procesal.
Filtración de Seprelad: jueza habilitada para estudiar chicanas de exfuncionarios abdistas
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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.
Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.
Los siete imputados se encuentran acusados por lossupuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.
Parque Guasu Metropolitano: jueza elevó a juicio oral proceso penal de acusado por coacción sexual
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La jueza penal de Garantía, Diana Rossana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Aldo Styven Pereira, quien habría sometido sexualmente a una joven que estaba realizando actividad deportiva en el Parque Guasu Metropolitano, en el mes de agosto de 2024. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La Fiscalía se ratificó en su acusación, detallando la extrema violencia aplicada por el acusado contra la víctima, a quien habría sorprendido cuando realizaba ejercicios en dicho espacio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
De acuerdo a la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza habría agarrado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer el abuso e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal.
También la jueza Carvallo decretó el arresto domiciliario del acusado debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima. La Fiscalía y la querella no se opusieron a la prisión domiciliaria. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público donde se tendrá que debatir la responsabilidad del procesado en el presente caso.
Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
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El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.