El juez Osmar Legal fijó para el 15 de julio a las 8:00 la audiencia preliminar para el senador colorado Érico Galeano acusado por lavado de dinero y asociación criminal. En la referida diligencia judicial se definirá si el parlamentario enfrentará un juicio oral y público así como lo solicitó el Ministerio Público.
Días atrás la defensa del senador Érico Galeano recusó al juez Legal por no conceder una prórroga de 15 días planteada por los defensores de Galeano, con lo que logró finalmente evitar que la audiencia preliminar se lleve a cabo en la fecha indicada.
Días atrás, el tribunal de Apelación confirmó al juez Osmar Legal para que siga siendo el magistrado del proceso penal que enfrenta el parlamentario Erico Galeano acusado por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el caso A Ultranza.
Los fiscales Deny Pak y Silvio Corbeta presentaron acusación contra el senador Galeano y han pedido que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público. Los representantes del Ministerio Público sostienen que la vinculación de Galeano con Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” no es casualidad como se pretendió instalar.
Del mismo modo, afirman que el legislador recibió dinero y brindó logística para la planificación y el tráfico de cocaína, al poner a disposición de la banda criminal su aeronave. “Del cúmulo de documentos obrantes en el cuaderno de investigación fiscal se pudo determinar la participación del señor Galeano Segovia y su vinculación con el esquema criminal liderado por Miguel Angel Insfrán Galeano y Sebastián Marset Cabrera y demás identificados en el operativo “A Ultranza PY”.
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Autopsia del integrante del EPP, alias “Loro”, se realizará este martes
El juez Osmar Legal autorizó la realización de la autopsia de Rubén Darío López, alias “Loro”. La diligencia se llevará a cabo este martes a las 09:00 en la Morgue judicial.
El procedimiento formará parte del anticipo jurisdiccional de prueba, lo que implica que deberá estar el juez Legal, así como los agentes fiscales y un defensor público.
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El integrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fue abatido el domingo en la reserva de Mbaracayú en un enfrentamiento con fuerzas militares. El fallecido fue identificado como Rubén Darío López, alias “Loro”. El hombre había sido detenido en 2012, en la zona de Arroyito, por agentes de la unidad antisecuestro y remitido a la penitenciaría de Concepción, de donde se fugó el 3 de noviembre del 2013.
La confrontación entre los miembros del EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se registró cerca de las 11:30 del domingo último en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. De acuerdo al informe policial, el conflicto tuvo lugar en un sitio conocido como Guyra Kejha, entre las colonias Triunfo y Brítez Cué, en la jurisdicción del distrito de Yby Pytã.
El EPP se desmonta con el fallecimiento de “Loro”
Autoridades de las fuerzas de seguridad brindaron una conferencia de prensa en la que confirmaron la identidad del miembro del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El fallecimiento de Rubén Darío López, en medio de un operativo, arrojó evidencias y elementos que muestran el debilitamiento de dicha facción.
“Lo que nosotros encontramos ahora y con todas las evidencias y con todo lo que se va a analizar a partir de ahora, es que el EPP tuvo un paro importante en su proyección estratégica de crecimiento y para el posicionamiento del para qué ellos se formaron. El trabajo de este equipo que es coordinado, hace posible estos resultados y hace que el EPP nunca haya crecido”, aseveró Nimio Cardozo jefe del departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional.
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Comisión Antilavado entregó su informe final a la Presidencia del Senado
La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.
“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.
Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.
Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.
Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.
Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.
Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.
Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.
También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Republicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.
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Pavo Real 1: abogado y otros dos acusados enfrentaran juicio oral y público
El juez Osmar Legal elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el abogado Daniel Montenegro, así como Ángela Kunrath y César Nicolás Fernández González, acusados por supuestamente actuar como testaferros y colaboradores de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, ocultando bienes mediante empresas de fachada y operaciones simuladas de compraventa de inmuebles.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora el caso se deberá acumular al proceso que enfrentan otros acusados por el operativo conocido como Pavo Real 1.
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En el presente caso los acusados que estarán sentados en el banquillo de los acusados son:
Adrián Rolando Brizuela Olmedo
Gabriela Esther González Jacquet
Carlos Andrés Oleñik Memmel
Pedro Pablo Seall Melgarejo
Lilia Haydée Ayala de Silva
Jorge Fernando Mora Galeano
Renan Gilberto Mora Benítez
Ronaldo Adalberto Serrati Duarte
Evaldo Andrade Dos Santos
Víctor Hugo Paniagua Fretes
María Cristina González Ibarra
Nancy del Carmen Alfonso Prieto
Raquel Amaro Fernández
Marcos Raúl Aveiro Mendoza
Zunilda Ferreira Escobar
Sonia Lorena Arce Cáceres
Alberto Manuel Barboza Beraud
Ricardo Sanabria Ferreira
Olga Elena Reichardt de Souza
Alexandre Reichardt de Souza
Amílcar Battaglin de Souza,
Rosely Messias Da Silva Pavão
Antecedentes
En el proceso penal, varias personas fueron acusadas de formar parte del esquema de lavado de dinero del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad en Brasil.
Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres pidieron juicio oral para las 23 personas que formaron parte de un esquema criminal para lavar dinero narco en Paraguay y ocultar bienes a través de testaferros. El Ministerio Público solicitó el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente USD 150 millones y USD 2 millones, depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.
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Caso Felicita: decretan prisión preventiva de supuesto autor del homicidio
El juez penal de Garantía, Hilario Bustos, decretó la prisión preventiva de Fredy Florenciano Brítez, quien estuvo prófugo durante 21 años y quien fue detenido en Caaguazú, por abuso y posterior homicidio de la niña Felicita Estigarribia, conocida como la “niña de las mandarinas, ocurrido en Yaguarón en mayo de 2004.
La audiencia de imposición de medidas cautelares se desarrolló en el juzgado de Paraguarí, cabecera departamental, y circunscripción judicial donde sucedió el hecho. El detenido cumplirá la prisión preventiva en la cárcel de Misiones.
El magistrado explicó que con el levantamiento del estado de rebeldía, los plazos de la etapa investigativa se reanudan. Asimismo, se ha señalado el plazo de 6 meses al Ministerio Público para la presentación del requerimiento conclusivo y la calificación provisoria es la de homicidio doloso.
Agentes del Grupo Lince detuvieron en Caaguazú a Fredy Antonio Florenciano Brítez, presunto autor del asesinato de Felicita Estigarribia. El hombre, quien hoy está a cargo de las autoridades, estuvo prófugo de la Justicia durante 21 años.
Florenciano Brítez contaba con 12 órdenes de captura y su detención se logró durante un control de rutina. El detenido era identificado con el alias “Fredy loco”, actualmente tiene 41 años y estuvo con paradero desconocido desde el horrendo crimen de la niña de tan solo 11 años. El día del asesinato, Felicita Estigarribia salió a vender mandarinas como todos los días, para ayudar a su familia, pero jamás volvió a su domicilio.
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