El fiscal Alcides Espínola pidió la prisión preventiva del intendente de la ciudad de Acahay, Aldo Lezcano, imputado este jueves por coacción sexual, violación y otros delitos. El jefe comunal fue denunciado por una exfuncionaria de la municipalidad.
De acuerdo a los datos, la Fiscalía tiene varios elementos como ser: filmaciones, audios, testimonios de testigos y de la propia víctima, que pueden sostener la imputación. La denuncia señala que la exfuncionaria habría sufrido un sistemático acoso sexual desde el año 2021, que se acentuaron con el correr de los años.
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El jefe comunal, que había ganado las elecciones mediante una alianza política, negó las acusaciones en su contra y afirmó que forma parte de una “persecución política”. Al respecto, Oscar Tuma, abogado defensor del intendente se pronunció ya en su momento y afirmó que las acusaciones son falsas, aclarando que la denunciante y el acusado mantuvieron una relación previa.
Según el abogado Tuma, la denuncia es totalmente falsa y que la mujer está acostumbrada a chantajear a las personas. Además, en su momento habló sobre unos audios que demuestran que ambos mantuvieron una relación y que los videos forman parte de un trato que tenían.
“Se trata de una denuncia totalmente falsa y extorsiva”, detalló Tuma en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” del canal GEN/Nación Media. Agregó que la mujer entró a trabajar en la comuna por medio de un concejal y que mantuvo una relación de corta duración con el intendente.
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En CDE, violador serial fue encontrado culpable y condenado a 20 años de prisión
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El juicio oral y público de hoy 19 de junio desarrollado en el Poder Judicial de Ciudad del Este, el hombre calificado como violador serial, Antolín Vega Florentín (40), fue condenado a 20 años de prisión. El Tribunal de Sentencia que emitió el fallo estuvo conformado por los magistrados Emilia Santos (presidenta), Milciades Ovelar y Paola Nagele Albrecht.
La fiscal que defendió la acusación fue Carolina Rosa Gadea. El hombre, además de violentar sexualmente a sus víctimas, también las robaba, por cuya razón, según fue debatido en el juicio. Antolín Vega Florentín fue encontrado culpable por coacción sexual, violación y robo agravado, en un proceso que incluyó la acumulación de tres causas penales.
Según los antecedentes, el primero de los hechos denunciados ocurrió el 10 de febrero de 2020, alrededor de las 19:30, en una vivienda abandonada, en el km 9 de Ciudad del Este. Vega Florentín, utilizando el nombre falso de “Lili López” en Facebook, convenció a la víctima de encontrarse en la terminal de ómnibus, prometiéndole un empleo.
Una vez en el lugar, la condujo en motocicleta supuestamente para hablar con la persona interesada en contratar sus servicios. Sin embargo, desvió su camino y la llevó hasta una casa deshabitada, donde la amenazó con un cuchillo, la ató con una cuerda y la sometió sexualmente, además de robarle su celular.
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Otro de los casos se registró el 19 de agosto de 2020, cerca de las 18:00, en un lugar oculto del km 9 Acaray. Vega Florentín, se hizo pasar por un mototaxista, abordó a la víctima en la parada de colectivos. En vez de llevar a su destino a la mujer, la condujo hasta un sitio oculto para robarle dinero y sus pertenencias. Además, amenazándola con un cuchillo la sometió sexualmente.
El tercer episodio se produjo el 10 de diciembre de 2020, a las 05:25, en el interior del Motel Excel, ubicado en el km 4,5 Acaray de Ciudad del Este. Usando nuevamente un nombre falso en redes sociales, Vega Florentín engañó a la víctima prometiéndole un trabajo en Brasil. Al encontrarse en el km 4,5, en vez de llevarla al lugar de trabajo, bajo engaño la llevó hasta el motel, donde la amenazó con un cuchillo para agredirla sexualmente y luego le robó, antes de huir del lugar.
Tras las sucesivas denuncias, los investigadores policiales indagaron los casos y pudieron identificar al violador serial, quien se mantuvo un tiempo prófugo de la Justicia hasta que fue capturado. Antolín Vega Florentín, en un primer juicio oral, fue condenado a 9 años de prisión, por otro caso de coacción sexual. Hoy se sumaron los 20 años y están pendientes otros procesos que próximamente deberán ser debatidos en juicios orales.
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Fiscalía pide juicio oral para Prieto en el caso de Tía Chela
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, remitieron una nota al juez penal de Garantías Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público. El Ministerio Público acusa al jefe comunal y a otros funcionarios por lesión de confianza por compras de víveres en pandemia.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez investigan a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”, el minimercado que apareció como súper proveedor de la municipalidad durante la pandemia y para el cual se habría direccionado la licitación, causando un perjuicio a la comuna de unos G. 1.700 millones.
Por este mismo caso, también están procesados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Fariña Almada, Sebastián Martínez, Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos, Emili Vanesa Florentin Páez, todos ellos acusados por la comisión de lesión de confianza y asociación criminal.
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Prieto fue imputado en julio del 2023 por una licitación que data de marzo del 2020, cuando la pandemia empezaba a azotar a nuestro país. En este marco, abrió un llamado para la adquisición de 25.000 kits de alimentos que costaron G. 2.900 millones. La Unidad de Investigación de Nación Media reveló que la firma adjudicada “Tía Chela” no contaba con la capacidad para proveer los alimentos.
Nación Media también pudo sacar a la luz otros elementos como que el comercio no era más que un pequeño minimercado familiar que no contaba con la experiencia requerida para ser adjudicado, es más, tampoco se pudo constatar el origen de los alimentos supuestamente entregados.
La ciudadanía organizada en Ciudad del Este también acusa a Prieto de cometer otros hechos punibles y alienta a la Fiscalía a investigar estos casos. A la fecha, existen 39 denuncias en contra del intendente esteño. “Tanto él como el resto de los imputados tienen inhibiciones sobre sus bienes particulares y es una incoherencia, porque sigue siendo administrador de la municipalidad, pese a todas las denuncias”, cuestionó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana del distrito.
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Fiscalía rendirá cuentas sobre casos de corrupción e investigación penal
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público encabezará la segunda audiencia de “Rendición de Cuentas en la Lucha contra la Corrupción” donde se abordarán casos emblemáticos y buenas prácticas en investigaciones penales. Esta presentación se da en el marco del programa de fortalecimiento de esta unidad.
“Son tres los casos emblemáticos que son abordados desde la perspectiva de buenas prácticas en la investigación penal. La segunda audiencia se realizará este martes 18 de junio en el Hotel del Paraguay, sobre la condena a Roberto Cárdenas y las escuelas de Lambaré, con los agentes fiscales intervinientes”, informaron desde la Fiscalía.
Asimismo, la institución apunta a explicar el impacto de los casos en las comunidades afectadas, especialmente en las poblaciones vulnerables y de esta forma fomentar la participación ciudadana, en el marco del diálogo abierto entre las autoridades y la sociedad.
El objetivo principal de este encuentro es informar a la ciudadanía sobre algunos resultados obtenidos por el Ministerio Público en la persecución de hechos de corrupción. Además, presentar de manera detallada los resultados de la investigación y las condenas obtenidas en casos emblemáticos de corrupción pública, según informó la institución.
Esta presentación de la Fiscalía es realizada con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) del gobierno de los Estados Unidos y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público.
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Vence plazo para que Fiscalía actúe en caso Miguel Prieto
Unidad de Investigación Nación Media (investigacion@nacionmedia.com)
Este miércoles vence el plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso de los kits alimenticios fantasmas entregados por la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Miguel Prieto.
En enero pasado, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente esteño, Miguel Prieto, y otros procesados por lesión de confianza.
El plano inicial para la presentación del requerimiento conclusivo estaba previsto para el 19 de enero de 2024, según una providencia firmada por el juez José Delmás, con respecto a Prieto y a los demás procesados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
Tras la resolución de la cámara, el agente fiscal debería finalizar su investigación el 19 de junio, es decir este miércoles.
Entre las diligencias pendientes a realizar y que motivaron la prórroga figuraban pedidos de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidades financieras, Contrataciones Públicas, exigencia de libros contables a las empresas vinculadas, pericia contable y declaraciones testificales.
A partir de los informes tributarios se pretendía obtener en forma cuantitativa y cualitativa los ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el periodo investigado a fin de determinar la adquisición de los productos de los kits alimenticios, los desembolsos para su posterior entrega a la Municipalidad de Ciudad del Este en tiempo y forma.
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La causa
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inmediata. Tía Chela SRL tampoco disponía de la capacidad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licitación de tal magnitud. Según las sospechas de la Fiscalía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje documental, con el propósito de defraudar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cuales la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000. Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.
La investigación ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que implican tanto la falta de inventario como la ausencia de capacidad logística y financiera por parte de la empresa adjudicada, lo que ha resultado en un grave daño económico para la municipalidad y ha cuestionado la integridad de los procesos administrativos bajo la gestión de Miguel Prieto.