El fiscal Alcides Espínola pidió la prisión preventiva del intendente de la ciudad de Acahay, Aldo Lezcano, imputado este jueves por coacción sexual, violación y otros delitos. El jefe comunal fue denunciado por una exfuncionaria de la municipalidad.
De acuerdo a los datos, la Fiscalía tiene varios elementos como ser: filmaciones, audios, testimonios de testigos y de la propia víctima, que pueden sostener la imputación. La denuncia señala que la exfuncionaria habría sufrido un sistemático acoso sexual desde el año 2021, que se acentuaron con el correr de los años.
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El jefe comunal, que había ganado las elecciones mediante una alianza política, negó las acusaciones en su contra y afirmó que forma parte de una “persecución política”. Al respecto, Oscar Tuma, abogado defensor del intendente se pronunció ya en su momento y afirmó que las acusaciones son falsas, aclarando que la denunciante y el acusado mantuvieron una relación previa.
Según el abogado Tuma, la denuncia es totalmente falsa y que la mujer está acostumbrada a chantajear a las personas. Además, en su momento habló sobre unos audios que demuestran que ambos mantuvieron una relación y que los videos forman parte de un trato que tenían.
“Se trata de una denuncia totalmente falsa y extorsiva”, detalló Tuma en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” del canal GEN/Nación Media. Agregó que la mujer entró a trabajar en la comuna por medio de un concejal y que mantuvo una relación de corta duración con el intendente.
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Investigan desaparición de 350.000 metros de cable de la Ande
El fiscal Silvio Corbeta se constituyó en la sede de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ubicada sobre la avenida Guido Boggiani, para iniciar las pericias del caso. El perjuicio a la institución sería de G. 7.500 millones, según datos iniciales de la investigación.
“Lo que denunció la Administración Nacional de Electricidad es un retiro de aproximadamente 350.000 metros de cables, que son de diferentes tipos de milímetros y especies, para diferentes usos”, señaló a la 1080 AM.
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El agente del Ministerio Público explicó que las autoridades de la Ande radicaron la denuncia a resultas de una auditoría interna donde se corroboró la irregularidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la institución.
“La auditoría señala que estas personas han solicitado de manera indiscriminada a través de los pasos internos que tiene la Ande para retirar estos cables. Y en el mismo sentido la auditoría responsabiliza también a parte de los funcionarios encargados de controlar si eso cumple con los requisitos establecidos en los manuales internos de la Ande, para posteriormente proceder a la entrega de los cables”, explicó.
El fiscal Corbeta confirmó que hay una sospecha de la participación del personal encargado del despacho de los cables. “Hubo una suerte de ligereza o una suerte de omisión en cuanto al control efectivo en la entrega de estos cables que fue solicitado por esta unidad que es de la sección de Limpio de la Ande, específicamente”, puntualizó.
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Investigación a los Pereira Rieve duerme hace 3 años en Fiscalía
En una actitud visiblemente cohibida, en la sesión de ayer el diputado “mago del sur”, Carlos Pereira Rieve ensayó un discurso alusivo a los destapes mediáticos en torno a su empresa hormigonera, responsable de la carga de losas en el edificio caído en Encarnación y la fortuna que amasó en tiempo récord. Se retrotrajo a los tiempos de su colegio, revivió sus inicios como activista juvenil, su vida sacrificada, sin herencias, recordó y pidió disculpas a su mamá, pero en su alocución no pronunció una sola frase que explique la receta mágica de su meteórico ascenso económico, ni la causa por enriquecimiento ilícito que le abrieron junto con sus hermanos y que se maneja con mucho hermetismo en el Ministerio Público.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Con mucha insistencia y en medio de un hermetismo que llama poderosamente la atención, nuestro equipo accedió a la confirmación de que la causa sobre enriquecimiento ilícito del Ministerio Público al clan Pereira Rieve de Itapúa continúa abierta, así como otros datos que guardan relación al caso.
La causa sobre enriquecimiento ilícito y otros que la Fiscalía abrió al exintendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve y a sus hermanos data del año 2022. Es decir, hace tres años que el Ministerio Público tiene en sus manos la investigación y hasta ahora no existen resultados visibles, menos aún socializados sobre los presuntos delitos que se sospechan los miembros del clan.
En el marco de la mencionada causa, el exfiscal Osmar Legal había solicitado a la Contraloría General de la República hace 2 años y medio el estudio de correspondencia del actual gobernador, su hermano el hoy diputado, exconcejal departamental Carlos Pereira Rieve y la hermana de ambos Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.
La investigación penal prácticamente se manejó en secreto, ni una sola información trascendió al respecto. En paralelo, intentaron desestimar la causa, pero desde el juzgado al cual acudieron rechazaron el pedido y tuvo que ser reabierta.
LA CAUSA
La investigación del presunto enriquecimiento ilícito al clan Pereira Rieve, posiblemente guarda relación con actividades ilícitas concernientes al lavado de dinero provenientes del narcotráfico. Recordemos un informe inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que sindicaba al entonces intendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve como líder de una organización criminal vinculada al narcotráfico que quedó en la nada, porque el agente antidrogas fue pescado en un presunto cobro de coima para limpiar el expediente de su investigado y es así que el sospechoso se convirtió en víctima y denunciante.
El proceso se redujo a la condena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigaciones que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal, pese a la existencia de la carpeta que incluso fue incautada en un allanamiento en el marco de las investigaciones al exfuncionario preso por caso coima.
En medio de las sospechas de los ilícitos mencionados, sin embargo, el clan Pereira Rieve amasó fortuna, constituyó empresas, erigió enormes fábricas, que han pasado desapercibidos para los organismos de control y pese a las extraordinarias formas en que han saltado de la pobreza a la prosperidad.
Recordemos que en el caso del diputado “mago del sur”, de armar una empresa en la que su aporte fue la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algunos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones, en dos años pasó a Mega Concret SA de G. 6.000 millones, que de entrada se integró G. 4.150 millones.
O el caso de su hermano el gobernador que, de un terreno tasado en G. 12 millones en sus tiempos de concejal municipal de Cambyretá, le bastó dos elecciones como intendente para aterrizar a la jefatura departamental con un activo de G. 7.300 millones.
Sin embargo, nada explicó el diputado “mago del sur” sobre las bases o el origen del dinero para el gigantesco salto económico suyo y de su familia en tiempo récord. Usó minutos de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados para referirse indirectamente a los destapes en la prensa, recordó su época de colegio, sus inicios como activista juvenil, su vida de trabajo, llena de sacrificio para luego concluir con la teoría de siempre, de atribuir los trascendidos a ataques políticos para “manchar” su imagen.
Aprovechó para pedir disculpas a su mamá y saludar a su departamento, pero no se acordó de las víctimas fatales a causa del desplome del edificio en la que su empresa cargó las losas y proveyó hormigón por G. 2.000 millones, mucho menos de la causa en la Fiscalía que había desconocido ya en una consulta anterior realizada desde nuestra redacción.
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Se inició juicio oral contra Carlos Granada, acusado por coacción sexual y otros delitos
Se inició el juicio oral y público para el exgerente periodístico de canal 9, Carlos Granada, acusado por coacción, violación, coacción sexual y acoso sexual, cuya pena llega a 15 años de cárcel.
En la fecha se procedió a la lectura del acta de elevación a juicio oral del presente caso.
La audiencia oral prosigue mañana martes a las 7:30 de la mañana con los alegatos iniciales del presente juicio oral. Luego ya se ingresará a la declaración de testigos en que se van producir las pruebas documentales.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a Granada, está integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza, quienes deberán estudiar todo lo que se va generando durante el desarrollo del juicio oral y luego dictar sentencia de primera instancia.
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El Ministerio Público está representado por la fiscala Luz Guerrero, quien deberá presentar todos los elementos probatorios durante el debate de la audiencia oral.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la Fiscalía a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las había acosado sexualmente.
Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron a actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.
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China y Japón se acusan de violar espacio aéreo cerca de islas disputadas
- Fuente: AFP
Tokio y Pekín emitieron sendas protestas diplomáticas, acusándose mutuamente de una “intrusión” en su espacio aéreo sobre unas islas en disputa del Mar de China Oriental el sábado.
Las islas en el mar de China Oriental -llamadas Diaoyu en China y Senkaku en Japón- son reivindicadas por Pekín pero administradas por Tokio, y son frecuente foco de tensiones bilaterales.
Este domingo, China anunció que había presentado una queja formal ante la embajada japonesa por la violación de su espacio aéreo por parte de un avión civil. Un “avión civil entró en el espacio aéreo alrededor de las islas Diaoyu” en forma ilegal, indicó un comunicado de la diplomacia china.
“Las islas Diaoyu y sus islas asociadas son un territorio perteneciente a China, e instamos a Japón a cesar inmediatamente todas las actividades ilegales”, insistió el sábado Liu Dejun, portavoz de los guardacostas chinos.
Un “helicóptero basado en un barco” se encargó de “advertir” y “expulsar” a la aeronave japonesa, agregó.
El sábado por la noche, Tokio protestó contra Pekín luego de que un helicóptero chino “violó” el espacio aéreo de Japón y cuatro navíos ingresaron a sus aguas territoriales cerca de unas islas disputadas.
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Japón comunicó una “fuerte protesta” al embajador chino ante Japón “por la intrusión de cuatro barcos de la guardia costera china en aguas territoriales japonesas alrededor de las islas Senkaku”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés.
También protestó por “la violación del espacio aéreo de Japón por un helicóptero lanzado desde uno de los barcos de la guardia costera china, y urgió fuertemente (a Pekín) asegurar que no se repitan actos similares”.
El Ministerio de Defensa japonés dijo que el helicóptero permaneció el sábado unos 15 minutos en el espacio aéreo nipón, cerca de las islas Senkaku. Agregó que “las Fuerzas de Autodefensa respondieron enviando aviones de combate”.
El mismo día, la guardia costera china anunció que había “expulsado” un avión japonés del espacio aéreo alrededor de las islas disputadas.
China frecuentemente anuncia la expulsión de barcos y aviones japoneses de las islas, pero las autoridades de Tokio han dicho a AFP que muchas veces no ha habido ninguna expulsión.
Navíos patrulleros de China y Japón en el mar de China Oriental frecuentemente tienen peligrosos enfrentamientos alrededor de las islas disputadas.