La Justicia uruguaya negó a la de Paraguay hacer lugar a la extradición de exbanquero Juan Peirano Basso, quien enfrenta un proceso penal en nuestro país por la quiebra del Banco Alemán Paraguayo (Grupo Velox). El uruguayo fue detenido en enero en su país porque tenía una orden de captura internacional solicitada por la justicia de Paraguay por la quiebra del Banco Alemán donde se habrían desviado más de USD 37 millones.
La justicia de nuestro país pidió la extradición de Peirano por los hechos que sucedieron entre marzo de 2001 y junio de 2002, por lo que la justicia de Uruguay consideró que los hechos atribuidos a Peirano en nuestro país ya prescribieron. Los delitos que enfrenta Peirano en Paraguay lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. Sin embargo, no hubo ninguna solicitud de suspensión de los plazos de prescripción.
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En nuestro país Peirano Basso fue investigado y acusado por una denuncia que realizaron los ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán por los hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. Por este mismo caso, ya se había extraditado a José Peirano Basso, el hermano de Juan.
Igualmente otro argumento de la justicia de Uruguay fue que Peirano Basso todavía tiene abierta la causa en Uruguay y el tratado de extradición de Estados Unidos prohíbe que la persona sea enviada a un tercer país sin haber culminado el proceso, salvo que esté expresamente habilitado.
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Tras largas chicanas, Justicia retoma proceso contra Prieto
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación
que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.
“MONTÓN DE INCIDENCIAS”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
TRES CANDIDATOS
La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.
Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.
La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.
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Justicia de Colombia ordena libertad al expresidente Álvaro Uribe mientras apela condena
La justicia de Colombia ordenó este martes la libertad del expresidente Álvaro Uribe, mientras apela en segunda instancia una condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, según una decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
El exmandatario popular (2002-2010) fue detenido en su casa cercana a la ciudad de Medellín (noroeste), tras ser hallado culpable de soborno y fraude procesal.
El Tribunal Superior de Bogotá, segunda instancia en el proceso, ordenó su libertad “inmediata” mientras resuelve la apelación de Uribe a la condena dictada el 1 de agosto.
- Fuente: AFP
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Marco Rubio exige justicia por el asesinato de Miguel Uribe en Colombia
El senador estadounidense y jefe de la diplomacia de su país, Marco Rubio, exigió este lunes que se haga justicia por la muerte del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, quien falleció después de permanecer dos meses en cuidados intensivos y someterse a varias cirugías.
Uribe, de 38 años, fue víctima de un atentado armado el pasado 4 de junio en Bogotá, cuando un grupo de sicarios abrió fuego contra el vehículo en el que se desplazaba. El político, también senador y reconocido por su postura crítica frente a grupos armados ilegales, recibió múltiples impactos de bala que le provocaron graves heridas abdominales y torácicas.
Desde entonces, permaneció internado en un hospital capitalino, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas en un intento por estabilizarlo. Sin embargo, su estado de salud continuó deteriorándose hasta que se confirmó su deceso el domingo 10 de agosto.
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“Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables”, expresó Rubio a través de la red social X, antes Twitter. El mensaje se suma a las manifestaciones de rechazo de líderes políticos nacionales e internacionales, quienes demandan el esclarecimiento del crimen.
Las autoridades colombianas han señalado como posibles responsables a una disidencia de las antiguas FARC liderada por Iván Márquez. El caso permanece bajo investigación, mientras sectores de la sociedad civil exigen resultados rápidos y condenas ejemplares para los autores materiales e intelectuales.
El asesinato de Uribe ha generado conmoción en Colombia, donde la violencia política vuelve a golpear en medio del proceso electoral. Organismos de derechos humanos han advertido que los candidatos de diferentes tendencias enfrentan un riesgo creciente, especialmente en regiones donde operan grupos armados.
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Datos clave
- Miguel Uribe murió el 10 de agosto tras sobrevivir dos meses a un atentado armado ocurrido en Bogotá.
- Fue sometido a varias cirugías, pero nunca logró salir de cuidados intensivos.
- Marco Rubio exigió justicia y expresó solidaridad con la familia y el pueblo colombiano.