El pleno de la Corte Suprema de Justicia designó este viernes a Javier Dejesús Esquivel González como nuevo Defensor General, con lo que será el titular del Ministerio de la Defensa Pública, con 7 votos a favor. Prestará juramento el lunes 27 de mayo a las 11:00 e iniciará su gestión sucediendo a Lorena Segovia, quien también conformó la terna, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.
Los ministros Alberto Martínez Simón, Gustavo Santander, César Garay, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez y Luis María Benítez Riera votaron por Esquivel. Mientras que los ministros Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia votaron por Lorena Segovia. El ministro Alberto Martínez Simón fue quien propuso al camarista Javier Esquivel para ocupar el cargo de Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, destacando la larga trayectoria del mismo en el ámbito del derecho.
Podes leer: A Ultranza Py: Fiscalía acusa y pide juicio oral para el senador Erico Galeano
“Un currículom que ha hecho llegar el Consejo de la Magistratura a nuestro gabinete señala una larguísima experiencia en el ámbito del ejercicio del derecho. (…) Tiene todo el bagaje curricular previo a los títulos (profesionales)”, destacó el magistrado. En el proceso de selección del Consejo de la Magistratura, el doctor Javier Esquivel logró el puntaje de 92,47, para la conformación de la terna que fue remitida a la Corte Suprema de Justicia.
Nacido en San Juan Bautista, el 12 de junio de 1967, se graduó en la Filial Misiones de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y prestó juramento como abogado el 18 de setiembre de 2002. Fue designado defensor en lo civil, penal, laboral y del menor en Encarnación, el 16 de setiembre 2004. Integró los tribunales de Apelaciones en Pedro y Paraguarí; también se desempeñó como miembro del Tribunal de Apelación Itinerante.
Dejanos tu comentario
Senado recusó a integrantes de sala constitucional por caso Kattya
La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.
En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.
El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan está recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.
Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial".
La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.
Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”.
Leé también: Marset reacciona al verse acorralado, afirma ministro de la Senad
“Causa presentada”
Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”. En el documento se sostiene que la medida fue realizada conforme con lo dispuesto en el artículo 24 y concordantes del Código Procesal Civil, el cual exige que se dé curso al trámite legal correspondiente y se resuelva según lo solicitado previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
“Esto es hasta una cuestión ética, teniendo en cuenta que él fue embajador durante el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes”, refirió Basilio Núñez.
El camarista aceptó atender el caso tras la inhibición de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo. A finales de mayo, la Corte comunicó al Senado la integración de la sala constitucional ampliada, cuyos integrantes también son los ministros Gustavo Santander, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y el camarista Miguel Ángel Rodas.
Antecedentes
Kattya González quedó fuera del Senado el 14 de febrero del 2024. Mientras que la acción de inconstitucionalidad fue promovida el 27 de febrero del mismo año.
Un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de la ahora excongresista de la Cámara Alta, registrándose siete abstenciones y 15 ausencias. El procedimiento se basó en un libelo acusatorio de 73 páginas, en que, entre otras argumentaciones, sindicaban a la ahora exparlamentaria de uso indebido de influencias.
Te puede interesar: Peña busca acuerdos con una de las mayores compañías tecnológicas del mundo
Dejanos tu comentario
Mafia de pagarés: Senado se compromete con la Corte a dar celeridad a proyectos
“Lo que realizamos hasta el momento, es todo lo que se puede hacer dentro de la competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, manifestó el ministro Eugenio Jiménez Rolón sobre las acciones encaradas por la máxima instancia judicial para combatir el esquema delictivo denominado la mafia de los pagarés.
La Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacional dos proyectos, uno establece un nuevo marco legal en favor de las víctimas y el otro propone la creación de juzgados de paz sin afectación presupuestaria.
“Los senadores nos dijeron expresamente que darán celeridad a los proyectos, que serán objeto de un tratamiento preferencial. Las iniciativas serán tratadas indefectiblemente en la siguiente sesión de la cámara”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La primera propuesta apunta a aliviar la congestión en los tribunales de la capital, mejorar la administración de justicia y redistribuir la carga sin generar un nuevo impacto presupuestario, según la exposición de motivos.
Leé también: Paraguay celebra 77 años de la independencia de Israel: “Estamos juntos”
Mientras que el segundo proyecto establece un régimen obligatorio de depósito judicial de pagarés y otros títulos de crédito en procesos civiles. Su finalidad se centra en garantizar la trazabilidad, evitar su circulación indebida y asegurar la cadena de custodia. También propone que, una vez cancelada la deuda, el documento original sea devuelto al deudor.
Por otra parte, Jiménez Rolón dijo que también informaron a la comisión especial que investiga la mafia de los pagarés, la cantidad de funcionarios judiciales salpicados en el esquema y que son parte de un proceso de investigación.
Desde la Corte Suprema detallaron que unos 5 jueces, 10 actuarios, 7 ujieres y 25 oficiales de justicia ya fueron sumariados hasta la fecha. Todos ellos actualmente se encuentran suspendidos en sus funciones ante sospechas de tener participación en esta rosca delictiva.
Te puede interesar: Diputado valoriza fundamento técnico de CGR para toma de decisiones
Dejanos tu comentario
Firmaron acuerdo para agilizar trámites registrales para Che Róga Porã
El Ministerio del Urbanismo, Vivienda y el Hábitat (MUVH), firmó un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el cual la cartera podrá acceder a los registros de la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente del Poder Judicial y agilizar los trámites registrales a fin de garantizar que cada familia acceda a su vivienda de forma segura y transparente.
De esta manera se obtendrá información clave sobre la titularidad y las condiciones de dominio de inmuebles destinados al Programa Che Róga Porã, según informaron. Ambas instituciones se comprometieron a coordinar esfuerzos para optimizar los tiempos de respuesta, intercambiar información de manera segura y conformar equipos técnicos que garanticen una ejecución eficiente.
Estimaron además que gracias a este documento, miles de familias podrán acceder con mayor rapidez y seguridad jurídica a sus viviendas, reduciendo significativamente los tiempos de espera en los procesos registrales y fortaleciendo la política habitacional del Gobierno.
La firma del convenio estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns, y del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja Fernández. El mismo tiene una vigencia inicial de tres años, reforzando así la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El MUVH estará encargado de canalizar los trámites institucionales y brindará soporte técnico e informático a la Dirección General de los Registros Públicos. Por su parte, la CSJ expedirá los certificados de dominio, anotaciones personales y los documentos necesarios en plazos reducidos, permitiendo avanzar con mayor agilidad en los procesos de adjudicación y escrituración de viviendas.
“Esta iniciativa refleja la firme voluntad del Gobierno de construir un país más justo, con instituciones sólidas y oportunidades reales de acceso a una vivienda adecuada para todos”, puntualizaron.
Leé más: Filadelfia, un pilar del turismo y la ganadería en el Chaco paraguayo
Dejanos tu comentario
Mafia de pagarés: MDP se compromete a agilizar la defensa legal a víctimas
Miembros de la comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, acudieron hasta el Ministerio de Defensa Pública, con el fin de exponer una serie de dificultades que atraviesan las víctimas para acceder al servicio de defensa legal.
Entre los principales obstáculos que fueron expuestos al defensor general, Javier de Jesús Esquivel González y al defensor adjunto civil, Edgar Ríos, se encuentra el hecho de que las víctimas del interior del país deban trasladarse hasta la ciudad de Asunción, incluso en los casos donde enfrentan embargos en varios juzgados, ubicados en diferentes ciudades y alejados entre sí.
Para acceder a la representación legal gratuita, las víctimas deben acudir presencialmente a cada una de las sedes de Defensoría, presentar dos testigos con sus respectivas cédulas autenticadas en cada juicio y, en muchos casos, se les exige certificados de vida y residencia, requisitos considerados innecesarios por los parlamentarios.
Otro punto mencionado fue que se exige a las víctimas del esquema fraudulento gestionar por sí mismas copias de los expedientes, lo cual representa una carga adicional.
Además, los miembros de la comisión especial del Senado informaron que se detectaron casos en que se les niega la asistencia bajo el argumento de que el servicio solo está destinado a personas de escasos recursos, desconociendo que muchas de las víctimas, a pesar de contar con un salario, tienen embargado más del 50 % de sus salarios.
Leé también: Frente Guasu inicia debate sobre candidatura para la intendencia capitalina
Los senadores informaron al Ministerio de Defensa Pública, que uno de estos casos fue relatado por una víctima atendida en la localidad de Yuty, departamento de Caazapá, donde se les habría informado que al ser asalariada no califican para recibir representación.
Durante el encuentro también se remarcó que existen defensores que solo reconocen el esquema de la mafia de los pagarés en los juzgados de Paz, pese a que existen denuncias documentadas en juzgados de Justicia Letrada y de Primera Instancia.
Los parlamentarios Rafael Filizzola, José Oviedo e Ignacio Iramaín expresaron su preocupación por el desconocimiento que aún persiste en algunas sedes de la Defensa Pública respecto al alcance de las funciones de la comisión especial, así como por críticas realizadas por funcionarios de esa institución por el involucramiento del Senado en este tema, incluso en presencia de víctimas acompañadas por funcionarios de la cámara.
Ante todas estas observaciones, la Defensoría Pública asumió el compromiso de establecer un instructivo para destrabar las barreras burocráticas y mejorar la atención a las víctimas en todas sus sedes, igualmente mantener el diálogo y el intercambio de información.