Durante la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacó la participación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que incluyó la exposición de su directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay.
“En Conmebol transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, afirmó la directora de Ética.
La declaración fue realizada en Washington, en el marco de esta reunión de Gelavex, organismo de la OEA y principal foro continental de debate sobre las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos en América.
Combate
La participación de la Conmebol en este importante foro responde a la política de combate contra la corrupción y el lavado de dinero que la institución sudamericana lleva adelante en forma consecuente desde el 2016. En ese marco, hace apenas unas semanas se había presentado un urgimiento ante la Fiscalía paraguaya para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el expresidente de la confederación sudamericana, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA.
En efecto, el Ministerio Público no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la Conmebol, en fecha 4 de febrero del 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue presentada ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.
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Israel promete seguir luchando “hasta la victoria” en Líbano
Israel prometió el jueves que seguirá combatiendo a Hezbolá “hasta la victoria” en Líbano e ignoró un llamamiento de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países árabes para un alto el fuego de 21 días. Por cuarto día consecutivo, el ejército israelí bombardeó bastiones de Hezbolá, en tanto que la formación islamista apoyada por Irán volvió a disparar proyectiles contra complejos militares israelíes.
Israel informó que había matado al jefe de la unidad de drones de Hezbolá, Mohamed Srur, en “bombardeos de precisión” en el suburbio sur de Beirut. Una fuente de la milicia proiraní había indicado previamente que ese comandante fue el objetivo de un ataque, que según el Ministerio libanés de Salud dejó dos muertos y 15 heridos.
El ejército israelí reportó que su aviación atacó el jueves 75 objetivos de Hezbolá en el sur y el este de Líbano y afirmó por la noche que estaba llevando a cabo nuevos bombardeos contra la formación islamista. Según el Ministerio de Salud libanés, 20 personas, casi todas de nacionalidad siria, murieron en la localidad de Yunin, en el este del país.
El ejército israelí dio parte además del lanzamiento de decenas de “proyectiles” desde Líbano. Hezbolá dijo que disparó un centenar de cohetes contra las ciudades de Safed y Haifa, en el norte de Israel.
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“Dar una oportunidad a la diplomacia”
Los bombardeos han matado desde el lunes a más de 600 personas, incluyendo numerosos civiles, y forzado a 90.000 a abandonar sus hogares en Líbano, según la ONU. Entre ellas, más de 31.000 entraron en Siria, indicaron las autoridades libanesas.
Hasan Slim, un libanés de 24 años, partió con su madre en busca de refugio en Siria, un país destrozado por años de guerra civil. “Evitábamos Siria por la guerra, pero ahora la guerra está en nuestra puerta”, explicó.
Desde que empezó la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento palestino Hamás, el 7 de octubre de 2023, al menos 1.540 personas murieron en Líbano debido a los bombardeos israelíes en el marco de los enfrentamientos transfronterizos con Hezbolá, aliado de Hamás.
Los duelos de artillería se intensificaron tras las mortíferas detonaciones de dispositivos de comunicación de miembros de Hezbolá, atribuidas a Israel, el 17 y el 18 de septiembre, y del bombardeo israelí que el 20 de septiembre decapitó a la unidad de élite Radwan del grupo proiraní en un suburbio de Beirut.
Ante la escalada, que amenaza con arrastrar a toda la región a la guerra, Estados Unidos, Francia y otros aliados, incluidos países árabes, lanzaron un llamamiento conjunto para un alto el fuego de 21 días, a fin de “dar una oportunidad a la diplomacia”.
Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que sus tropas seguirán combatiendo a Hezbolá “con toda la fuerza necesaria”. La oficina del mandatario indicó que Netanyahu “ni siquiera respondió” al pedido de cese al fuego, aunque la Casa Blanca afirmó posteriormente que ese llamado fue “coordinado con la parte israelí”.
Dos ministros israelíes de extrema derecha, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, rechazaron la idea de un alto el fuego en Líbano, este último amenazando con boicotear la labor del gobierno en caso de que se produjese.
Israel anunció a mediados de septiembre que el “centro de gravedad” de la guerra contra Hamás se estaba desplazando hacia la frontera con Líbano. Su meta, según afirmó, es asegurar el regreso a sus hogares de decenas de miles de habitantes del norte, desplazados por las hostilidades con Hezbolá.
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Una guerra total “devastadora”
El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, advirtió que “una guerra total sería devastadora para Israel y Líbano” y aseguró que un alto el fuego en Líbano podría contribuir a alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza.
Hezbolá prometió seguir combatiendo a Israel “hasta el fin de la agresión en Gaza”. El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Herzi Halevi, pidió el miércoles a sus soldados que se prepararan para una “posible” ofensiva terrestre en Líbano.
El Ministerio israelí de Defensa anunció el jueves que obtuvo un nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos, por 8.700 millones de dólares, “en apoyo al esfuerzo militar” del país. A pesar del recrudecimiento de los enfrentamientos con Hezbolá, Israel prosigue su ofensiva en Gaza.
La Defensa Civil del territorio palestino afirmó que 15 personas murieron en el bombardeo de una escuela que acogía a personas desplazadas en el campo de Jabaliya, en el norte. Ese conflicto estalló con el ataque de Hamás el 7 de octubre, que dejó 1.205 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes que incluye a los rehenes que murieron o fueron asesinados en cautiverio en Gaza.
De las 251 personas secuestradas, 97 siguen en Gaza, 33 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército. En represalia, Israel lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza que ha dejado hasta el momento 41.534 muertos, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.
Fuente: AFP.
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Exaliados de Prieto tumban falacia de perseguido político: “Es un ladrón”
“Miguel Prieto es un ladrón, desvió fondos para su provecho”, afirmó el abogado Víctor Enríquez, quien echó por tierra la imagen de perseguido político que busca instalar el intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, ante la ciudadanía en el marco de su campaña prematura para la presidencia de la República.
Enríquez quien se encuentra a cargo de la asesoría jurídica de la Contraloría Ciudadana sostuvo que las acusaciones por corrupción contra el dirigente opositor parten principalmente de sus exaliados políticos quienes contribuyeron para la destitución de la exjefa comunal Sandra McLeod y su posterior victoria en los comicios municipales del año 2019.
“Todos los integrantes de la Contraloría Ciudadana constituyen un equipo que trabajó en el proceso de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este. Trabajamos por la candidatura de Miguel, varios de ellos fuimos sus apoderados, eramos de su entorno”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo comentó que la Contraloría Ciudadana quedó desintegrada cuando se produjo la separación de la dirigente del Partido Colorado Sandra McLeod de la intendencia esteña. Agregó que nuevamente el equipo entró en funcionamiento cuando algunos de sus exmiembros comenzaron a recibir informes “sobre cosas extrañas” dentro de la municipalidad ya en plena administración de Prieto.
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Señaló que las irregularidades iniciaron en el año 2019, pero fueron profundizándose durante la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Agregó incluso que fueron los propios operadores de Prieto quienes felicitaron a la Contraloría Ciudadana documentaciones con el fin de someter a Prieto a investigaciones.
“La gente de su entorno indicaban que este tipo al final de cuentas es peor que los otros. Yo le desafíe públicamente y en varios lugares que me querelle porque le trato de ladrón”, comentó. Agregó que las denuncias realizadas también se encuentran fundadas mediante informaciones obtenidas por la norma de acceso a la información pública.
Las afirmaciones de Enríquez surgen tras concretarse este último miércoles una serie de allanamientos fiscales en el marco de la denuncia número 39 contra Prieto. El caso guarda relación con supuestos negociados en aportes de dinero a subcomisiones de apoyo para entrega de alimentos para ollas populares, denuncia que fue impulsada por la Contraloría Ciudadana. Los cargos incluyen lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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“Un cuarto de colorado es aquel que robó desde el poder”, señala diputado sobre Abdo
El diputado por Central, Rodrigo Gamarra, cuestionó los dichos del expresidente Mario Abdo, quien en un discurso político menospreció el coloradismo del actual mandatario Santiago Peña. Para el legislador, las acciones del jefe de Estado reflejan a la visión partidaria, mientras que el anterior gobierno, acumulan hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
“Un cuarto de colorado es aquel que desde el poder le robó a su gente con contratos amañados en plena pandemia, comprando agua tónica en vez de medicamentos, dejando a su pueblo indefenso. Un cuarto de colorado es el que permitió que la corrupción floreciera en cada rincón del Estado, un símbolo de la burla a la ciudadanía”, aseveró el diputado Gamarra.
En contacto con La Nación/Nación Media, el parlamentario indicó que si hay que poner una vara para medir el nivel de coloradismo de sus afiliados, un elemento importante es comparar las acciones y no limitarse a los discursos o “etiquetas vacías”. Según indicó el auténtico colorado lo demuestra en su nivel de compromiso a la ciudadanía.
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“El gobierno más corrupto de la historia del Paraguay que desayunaba, almorzaba y cenaba con Desirée (Masi) y los enemigos del Partido, con ministros narcotraficantes y cómplices de bandas delictivas en instituciones que debían combatirlas. Todo eso encabezado por Mario Abdo Benítez, quien es el que encarna lo que significa ser menos de medio colorado”, sostuvo.
En apenas un año de gestión, el gobierno de Santiago Peña ha logrado hitos históricos que no fueron alcanzados por la administración de Abdo, la cual califica como “corrupta y nefasta”, puesto que sus escasas políticas de Estado e ineficiente respuesta de su gobierno en tiempos de pandemia, no dieron a la ciudadanía la respuesta que necesitaban.
“Ser un colorado de verdad significa atender las necesidades del pueblo con responsabilidad y resultados. Y Santiago Peña con el programa Hambre Cero, el aumento de las recaudaciones y la renegociación del tratado de Itaipú entre otros, ha demostrado que su compromiso con el Paraguay va mucho más allá de las palabras, pero es difícil que ese concepto comprendan los que nos robaron mientras estábamos encerrados”, concluyó Gamarra.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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