El adolescente británico que asesinó a tres niñas el 29 de julio en el norte de Inglaterra, ataque que causó violentas protestas contra la inmigración en Reino Unido, se declaró culpable en el inicio del juicio en Liverpool. Axel Rudakubana, de 18 años, reconoció los asesinatos de Bebe King, Elsie Dot Stancombe y Alice da Silva Aguiar, de 6, 7 y 9 años, respectivamente, que tuvieron lugar en una clase de baile con temática de Taylor Swift en Southport, en el noroeste de Inglaterra.

El apuñalamiento desencadenó disturbios en decenas de ciudades, avivados por agitadores de extrema derecha, entre rumores sobre el sospechoso, presentándolo erróneamente como solicitante de asilo y de confesión musulmana. El acusado, nacido en Gales y de origen ruandés, un país de confesión mayoritariamente cristiana, es juzgado por el asesinato de las tres niñas y herir a otras diez personas.

Aunque la pista terrorista no se mantuvo en la investigación, la policía informó que el joven también fue acusado de producir ricina, un veneno extremadamente tóxico, y de estar en posesión de un manual de entrenamiento de Al Qaeda.

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Rudakubana admitió un total de 16 cargos, incluidos los tres de asesinato, 10 de intento de homicidio, así como producir la ricina y poseer el manual de Al Qaeda. Vestido con un chándal gris, el adolescente se negó el lunes a ponerse de pie ante el tribunal y no declaró, excepto para decir la palabra “culpable” cuando se le presentaron los cargos.

El juez anunció que hará pública la sentencia el jueves. “La noticia de que el vil y enfermo asesino de Southport será condenado es bienvenida”, afirmó el primer ministro laborista, Keir Starmer, en un comunicado. “También es un momento de trauma para la nación, y hay graves preguntas por responder sobre cómo el Estado no cumplió con su deber final de proteger a estas niñas. Reino Unido exigirá respuestas con razón, y no dejaremos piedra sin remover en esa búsqueda”, añadió.

Los disturbios posteriores al asesinato de las tres niñas duraron varios días y los alborotadores atacaron hoteles que albergaban a solicitantes de asilo, mezquitas, y se produjeron enfrentamientos con la policía y con contramanifestantes.

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Starmer denunció los disturbios de “extrema derecha” y prometió máxima firmeza contra los alborotadores. A mediados de diciembre, más de 410 personas habían sido condenadas en todo el país por los disturbios, incluidas más de 360 a prisión. Dos hombres fueron condenados a nueve años de prisión, la pena más severa dictada en la represión de la violencia.

El príncipe Guillermo y su esposa Catalina visitaron Southport en octubre, rindiendo homenaje a las niñas y a las personas que colaboraron en el rescate de las víctimas. Ese acto fue el primer compromiso conjunto de la pareja desde que la princesa terminó la quimioterapia del cáncer que padece.

Fuente: AFP.

Un tribunal de Francia empezó a juzgar a una mujer de 54 años por matar de hambre a su hija de 13 años, que en el momento de su muerte en 2020 sólo pesaba 28 kilos. La mujer se enfrenta a la cadena perpetua por “actos de tortura” y “barbarie” en el juicio que se celebra en Montpellier, en el sur de Francia. El veredicto se espera para el viernes.

Los hechos remontan al 6 de agosto de 2020 cuando su hija Amandine falleció de un paro cardíaco en el domicilio familiar en Montblanc. Entonces medía 1,55 metros y pesaba 28 kilos. Según el informe de los forenses, el fallecimiento se debió a un estado “caquéctico”, de extrema desnutrición, asociado a una septicemia y a un posible síndrome de realimentación.

La adolescente también había perdido varios dientes y tenía parte del pelo arrancado. Su madre Sandrine Pissarra explicó un día después que Amandine sufría un trastorno alimentario, algo que nadie confirmó. La mujer, que tuvo ocho hijos de tres relaciones diferentes, aseguró que el día de su muerte su hija sólo aceptó tragar un terrón de azúcar, un poco de compota y una bebida rica en proteínas, antes de empezar a vomitar y luego dejar de respirar.

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A la mujer, en prisión preventiva desde mayo de 2021, también se la acusa de violencia voluntaria contra Amandine durante los seis años precedentes. Su pareja desde 2016, Jean-Michel Cros, de 49 años, se enfrenta por su parte a hasta 30 años de prisión por “privar a su hijastra de cuidados o alimentos” y no haber hecho nada para “salvarla de una muerte segura”.

Desde muy pequeña, Amandine era el blanco de su madre, que la privaba de alimentos, le infligía interminables “castigos de escritura” y la encerraba en un trastero, vigilada por cámaras. Según el informe psiquiátrico, Pissarra, cuyo entorno la describe como una personas colérica y violenta, pudo “trasponer el odio” hacia el padre de Amandine en el cuerpo de su hija.

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“Tenemos una pequeña momia de 13 años que vivió un infierno. Me gustaría saber por qué pusieron en práctica este escenario realmente diabólico”, declaró antes de la audiencia del lunes pasado Luc Abratckiewicz, abogado del padre de la víctima, Frédéric Flores. Los hechos más graves tuvieron lugar a partir de marzo de 2020 durante el primer confinamiento por covid en Francia, cuando la adolescente dejó de ir a la escuela.

Cuatro asociaciones de protección de la infancia se constituyeron parte civil. Pese a haber varios señalamientos, incluso ante un juez de menores, no se adoptó ninguna medida. “Este juicio permitirá conocer las acusaciones que se le imputan, que rozan lo insoportable”, pero también descubrir “actitudes que corresponden con el comportamiento que se espera de una madre”, dijo Jean-Marc Darrigade, abogado de la acusada.

Fuente: AFP.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur inició este martes el juicio de destitución del presidente Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional por haber impuesto el mes pasado una ley marcial.

En la noche del 3 de diciembre, el dirigente conservador sumió al país en su peor crisis política en décadas al suspender el orden civil y enviar al ejército al parlamento para intentar evitar infructuosamente que los diputados revocaran la medida.

Yoon se encuentra atrincherado desde entonces en su residencia de Seúl, haciendo caso omiso de las citaciones de interrogatorio y usando su guardia presidencial para evitar el arresto por parte de los investigadores que lo acusan de insurrección.

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Suspendido de sus funciones tras la aprobación de una moción de destitución en la Asamblea Nacional, el cargo de Yoon está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que dispone de seis meses para ratificar o rechazar la decisión tomada por los diputados. La primera audiencia de las cinco previstas comenzó este martes alrededor de las 14:00 (05:00 GMT), pero terminó a los pocos minutos ante la ausencia de Yoon, informó un portavoz de la corte.

Las siguientes sesiones tendrán lugar los días 16, 21 y 23 de enero y el 4 de febrero. Los abogados de Yoon ya habían avisado de que el dirigente no iba a comparecer en esta primera audiencia por cuestiones de seguridad, pero que pretende asistir en fechas posteriores si estas inquietudes se resuelven.

“Han surgido temores por su seguridad y posibles incidentes. Por ello, el presidente no podrá acudir al juicio el 14 de enero”, afirmó su abogado Yoon Kab-keun a la AFP. Aunque no llegue a presentarse, el procedimiento puede avanzar en su ausencia.

El tribunal dispone de 180 días desde el 14 de diciembre, cuando recibió el caso, para decidir si el presidente vulneró la Constitución al imponer la ley marcial. “El caso se centra únicamente en la situación de la ley marcial, con lo que los hechos no son particularmente complejos”, dijo el jurista Kim Nam-ju a la AFP.

“Como la mayoría de personas implicadas ya han sido encausadas y los hechos se han establecido, no parece que vaya a tomar mucho tiempo”, agregó. Sin embargo, el equipo legal de Yoon reclama que el tribunal agote los 180 días de margen, especialmente para examinar “qué condujo a la declaración de la ley marcial”.

En su declaración televisada a principios de diciembre, el presidente justificó la medida por las amenazas de Corea del Norte y la presencia de elementos antiestatales en la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.

Al margen de su destitución, Yoon se enfrenta a una causa por insurrección, un delito que en Corea del Sur puede acarrear la cadena perpetua o la pena capital. El equipo conjunto de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) y de la policía encargado del caso prepara un segundo intento de arresto del presidente, sobre el que pende una orden de captura.

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A principios de mes, los investigadores abortaron un primer intento de arresto al toparse dentro de la residencia de Yoon con cientos de miembros armados de su guardia presidencial. Los medios especulan que pueden volver a intentarlo esta semana y la agencia de noticias local Yonhap informó de un encuentro este martes entre la OIC, la policía y los servicios de seguridad de la presidencia.

La oficina anticorrupción dijo que está preparando exhaustivamente este segundo intento y la prensa ha informado de que la policía está movilizando mil agentes para llevarlo a cabo. Mientras, en la residencia de Yoon en el centro de Seúl, sus servicios de seguridad reforzaron el recinto con alambradas de púas y han bloqueado algunas vías de acceso con autobuses.

Fuente: AFP

Una enfermera acusada de matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino en 2022 declaró ayer martes en la segunda audiencia del juicio en su contra que “no tienen pruebas” de su responsabilidad, reportaron medios locales.

Brenda Agüero, de 29 años, compareció por primera vez en el proceso que se inició el lunes en un tribunal de Córdoba (centro) y que tiene también a otros 10 imputados, entre exfuncionarios y profesionales de la salud.

“Las muertes de los bebés existieron. No lo voy a negar. No pueden bombardearme a mí cuando no tienen pruebas. La Justicia tiene que ser justa”, dijo la imputada en uno de los pasajes de la indagatoria en la que, por consejo de su abogado, no respondió preguntas sobre la investigación.

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En cambio, durante unos 45 minutos se limitó a hacer declaraciones sobre su vida personal y su vocación, y criticó en repetidas ocasiones a los medios de comunicación por la cobertura de su rol en el caso. “Los periodistas se encargaron de hacerle creer al público una imagen de asesino serial”, señaló.

La enfermera está acusada por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado” por inyectarle “una sustancia no compatible con la vida”, como potasio o insulina, a bebés recién nacidos del hospital Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba.

En el código penal argentino, el agravante de la “insidia” se aplica en casos en que el victimario recurre un engaño o artificio para cometer el daño. De ser encontrada culpable, Agüero podría ser sentenciada a la pena de prisión perpetua.

De acuerdo con la investigación, todos los casos ocurrieron entre marzo y junio de 2022. Los bebés fallecidos habían nacido sanos y sus madres gozaban de buena salud en el momento del parto.

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El proceso judicial abarca un total 13 casos, los cinco fallecidos y ocho recién nacidos que se salvaron por el rápido accionar del equipo médico del hospital.

En el juicio, que resolverá un jurado popular y demorará al menos seis meses, los demás acusados responderán por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes.

Entre ellos, se encuentran un exministro y un exsecretario de Salud de Córdoba, además de la exdirectora del hospital.

El caso, ocurrido en el servicio de neonatología del principal centro de salud materno infantil de la provincia, conmocionó a la opinión pública.

Fuente: AFP.