En el transcurso de la mañana de este jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado, Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
Lea también: Corte auditará expediente sobre remate de estancia ligada a “Cabeza Branca”
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios, para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. Simulaban el proceso de licitación y las adjudicaciones se realizaban a empresas de terceras personas; no obstante, el dinero de la secretaría era depositado en la cuenta de la empresa Tapyracuai de Koube, y este para justificar el endoso del cheque emitía las facturas de crédito por servicios prestados a las firmas ganadoras de licitaciones.
De acuerdo a la acusación, entre enero del año 2018 a diciembre del año 2021 Roa, mientras se desempeñaba en el cargo de ministro de Emergencia, recibió beneficios económicos indebidos de parte de Koube, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita.
A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
Te puede interesar: Justicia para Isamar: asesinos recibieron penas de 22 y 25 años de cárcel