Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.

La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.

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Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.

Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.

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• Guayaquil, Ecuador. AFP.

Disputas a muerte y frágiles alianzas. Una explosión de bandas de curiosos nombres componen el nuevo mapa del crimen en Ecuador, un país acorralado por las mafias y ante el desafío de elegir a un presidente capaz de doblegarlas. Los Freddy Krueger provocan pesadillas en las calles, los sofisticados Peaky Blinders se disputan el dominio del golfo de Guayaquil y El Cuartel de la Feas controla las prisiones. Estos se suman a los ya famosos Choneros, Lobos y Tiguerones.

La misma violencia cambia de nombre cada tanto debido a una atomización de los grupos armados y a un cóctel perfecto que allanó el terreno de la guerra: puertos estratégicos para la salida de droga, vecindad con Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína-, una economía dolarizada y entidades corruptas.

Y en el medio, la gente. Una comerciante extorsionada recuerda el día en que explotó una bomba en su restaurante en Guayaquil, capital económica y del crimen del país. “Decían que eran de la mafia, pedían 15.000 dólares para no matarnos”, cuenta a la AFP la mujer que mantiene su identidad bajo reserva.

Los tentáculos de las organizaciones no conocen fronteras. Se engendran en la costa del Pacífico con apoyo de carteles de México y Colombia, así como de la mafia albanesa. Luego cruzan la cordillera andina hasta ciudades como Quito, Ambato o la minera Ponce Enríquez (sur ecuatoriano), según expertos. La seguridad está en el centro de las campañas presidenciales de cara al balotaje del domingo que enfrenta al mandatario Daniel Noboa y la candidata izquierdista Luisa González.

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En enero y febrero Ecuador registró un muerto cada hora, según cifras del ministerio del Interior. Es el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. “La guerra es por territorio. Ya no hay cabezas conocidas como antes, cada quien quiere su independencia”, señala bajo reserva el cabecilla de una agrupación.

Esta fragmentación dificulta el control de las bandas por parte de las autoridades. “Vemos una asociación de pequeños grupos y menos rígidos. Esto ya pasó en la Colombia de los 1990 tras la muerte de Pablo Escobar”, sostiene la experta en seguridad Carla Álvarez.

Las jerarquías empezaron a romperse en 2018, cuando se dividió una de las mayores organizaciones. La muerte en 2020 del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ahondó las pugnas. En Quito, Marianela recibe amenazas e intentos de extorsión por WhatsApp. “Los bloqueo”, dice bajo reserva esta empleada de un restaurante.

La angustia se instaló en el convulso barrio Martha Bucaram de la capital, donde policías y militares suelen realizar operativos en busca de armas y droga. “Acá a la vuelta hubo como dos muertos” durante una balacera, recuerda. Apenas suenan los disparos, los negocios cierran.

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De los 1.300 barrios de Quito, unos 100 son considerados conflictivos. Para las mafias, la ciudad es “un mercado de consumo de drogas, como sucede en diferentes capitales latinoamericanas”, explica Carolina Andrade, secretaria de Seguridad municipal. Quito, enclavada en los Andes, también se percibe “como un espacio seguro para venir a esconderse”, pues no tiene el mismo control policial o militar de la costa.

Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que los grupos tienen ciertas especialidades. El Cuartel de las Feas, por ejemplo, opera en las prisiones con extorsiones y microtráfico. Esta banda desató enfrentamientos entre los reos por la alimentación. El preso que no pagaba la “vacuna” (extorsión), no comía, comenta. Y en el puerto de Guayaquil, los Peaky Blinders, Choneros y Tiguerones chocan por las rutas de la droga, a veces camuflada en contenedores de banano o camarón.

En Quito pequeñas pandillas buscan entrar a “organizaciones más grandes para tener mayor presencia, mayor legitimidad y mayor control” territorial, señala Andrade. En la cima de la pirámide criminal de la capital están los Lobos y Latin Kings. Las mafias “han ido ganando espacio, es complejo combatirlas”, admite el comandante policial de Guayaquil, Pablo Dávila.

“Los ruidos de las balas no nos dejan dormir”, dice una líder de un empobrecido barrio guayaquileño, donde solo en una tarde mataron a 22 personas. El presidente Daniel Noboa aplicó una política de mano dura contra las bandas que logró bajar el índice de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.

Pese a la caída, el centro de estudios Insight Crime sostiene que esta última tasa es la más alta de América Latina y “enmascaró” un año de violencia persistente. “La intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”, señaló.

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron desmantelar el mayor invernadero de marihuana modificada del país que operaba en el departamento de Concepción. La intervención se concretó en la Colonia Maraney, distrito de Sargento José Félix López (Concepción).

Durante el operativo, fueron erradicadas diez hectáreas de cultivos ilegales con variedades altamente potentes (Marroquí, Skunk y Exótica), modificadas para alcanzar niveles de THC de hasta el 70 %, destinadas a abastecer el mercado ilícito internacional, principalmente Brasil.

El procedimiento antidrogas se llevó a cabo a través del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado y con el apoyo del fiscal Arnaldo Argüello de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

“La ´Operación Maraney’ logró la interdicción y destrucción total del mayor invernadero clandestino de marihuana genéticamente modificada identificado hasta la fecha en territorio paraguayo”, destacó la Senad.

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El informe detalla que fueron erradicadas en total cinco parcelas de marihuana, además de la destrucción de 16 campamentos y cuatro viveros. Entre la infraestructura desmantelada se mencionan hornos de secado, tanque de agua, generador industrial, pozo artesiano y perforadoras.

Así también, se incautaron los medios logísticos de la estructura criminal tales como motocicletas, estufas, congeladores y equipo de radio.

Según informes de inteligencia, el centro de producción contaba con asesoramiento técnico extranjero, principalmente de origen colombiano, con una capacidad estimada de 1.5 toneladas por hectárea, y un valor proyectado de hasta 2.000 dólares por kilo en el mercado brasileño.

“La desarticulación de esta estructura representa un golpe certero al crimen organizado en la región norte del país, interrumpiendo una cadena de producción de alto valor y sofisticación, y reafirmando el compromiso del Estado paraguayo en la lucha frontal contra el narcotráfico transnacional”, señalan las autoridades de la Senad.

Se estima que la intervención evitó la producción de unas 15 toneladas de droga “premium”, que representa un perjuicio económico al narcotráfico de unos 30 millones de dólares.

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• San Isidro, Argentina. AFP.

Un médico afirmó ayer jueves en el juicio a siete profesionales de la salud por la muerte del astro del fútbol que Diego Maradona le dijo semanas antes de morir: “No estoy bien”. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema pulmonar provocado por una insuficiencia cardíaca, durante una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía.

Médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado. Flavio Tunessi, traumatólogo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el club que Maradona dirigió desde 2019, testificó en el juicio en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires.

Relató que el 30 de octubre, durante un homenaje por los 60 años del ídolo en el estadio de Gimnasia, lo vio caminar solo hacia el córner, donde estaba la ambulancia. “Me acerco y le digo ‘Diego, ¿necesitas algo?’, y me dice ‘no, me voy, no estoy bien’ y se fue”, dijo Tunessi. El médico contó que ese día vio a Maradona “adelgazado y caído” y que otras personas que interactuaron con el Diez le manifestaron que “no lo veían bien”, entre ellos el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

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Al día siguiente, Leopoldo Luque, médico personal de Maradona e imputado en la causa, coordinó con Tunessi llevarlo a la Clínica Ipensa de la ciudad de La Plata (50 km al sur de Buenos Aires), donde el traumatólogo también trabaja, para internarlo y hacerle estudios. Allí detectaron que el exfutbolista tenía un “hematoma subdural” en la cabeza, aunque los neurólogos de la clínica, que también declararon este jueves, consideraron que “no era una urgencia quirúrgica”.

El jefe de neurología de Ipensa, Guillermo Burry, consideró que “el cuadro clínico del paciente no era debido al hematoma subdural” y que por sus comorbilidades “no era el momento oportuno” para operarlo. Sin embargo, Luque, también neurocirujano, consideró que sí había que intervenirlo y decidió trasladar a Maradona a la Clínica Olivos, donde fue operado el 3 de noviembre.

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En la audiencia, que concluyó cerca de la 15:30 locales (18:30 GMT), declaró también el cardiólogo de Ipensa Oscar Franco, que realizó estudios del corazón a Maradona en septiembre de 2020. Franco dijo que le efectuó “un ecocardiograma, un doppler carotídeo y un electrocardiograma”, y que “no arrojaron signos de patologías”. El cardiólogo le sugirió a Luque hacerle otros exámenes como una “perfusión miocárdica”, que definió como un estudio “más sensible para detectar una patología coronaria”.

Sin embargo, Luque declinó hacerlo “porque el paciente no toleraba estar mucho tiempo en una institución con médicos”, aunque Franco aclaró ante los jueces que el estudio solo hubiera tomado entre una y tres horas. Este juicio se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. La próxima audiencia será el martes, y la fiscalía aún no adelantó quiénes declararán. Los acusados enfrentan penas entre 8 y 25 años de prisión.