El intendente de Ciudad del Este al parecer normalizó en su administración un esquema de repartija maniobrada de contrataciones entre leales que, después de los dos primeros sonados casos Tía Chela y Tajy, ya no sorprende a la opinión pública. Hoy día, denuncias en su contra trascienden como puras estadísticas que se traducen en chiste la serie de irregularidades, pese a las sobradas documentaciones que respaldan los perjuicios denunciados.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Muy pronto, la pro­mesa de Miguel Prieto, aquel joven de Ciudad del Este que se perfilaba como el mesías que sacaría del pozo a la comuna esteña, sucumbió con el esquema de corrup­ción con festín de licitacio­nes, etc., que se consolidó en su administración.

Es el intendente más denun­ciado en la República del Paraguay, los cuestiona­mientos están plenamente documentados y están a la vista en los portales institu­cionales de los entes de con­trol, pese a ello sigue cam­pante en el cargo y hasta se perfila como el candidato más potable de una parte de la oposición. Actualmente acumula 41 denuncias en su contra en la Fiscalía, que por razones desconocidas quiso trasladar a Ciudad del Este. Nada le inmuta, continúa el mismo modus operandi en su gestión.

El esquema que Prieto implantó con su adminis­tración en Ciudad del Este es la discrecionalidad en la repartija de fondos de la municipalidad con las lici­taciones, principalmente por vía de la excepción o de urgencia. Sistemática­mente aparecen favoreci­dos con contratos gente de su entorno, amigos leales y familiares de sus subor­dinados. Contrataciones Públicas había dictaminado inconsistencias en varias de las adquisiciones de la ges­tión Prieto, como la compra en 2019 de la clínica móvil catalogada como mau.

Contrataciones Públicas había dictaminado que las inconsistencias administra­tivas en la adquisición de la clínica móvil lesionan la ley de compras públicas.

La Contraloría General de la República también cons­tató en su momento que el rodado adquirido por el intendente Prieto y que costó G. 299,5 millones no cuenta con las especifica­ciones técnicas estableci­das en el pliego de bases y condiciones.

Cabe subrayar que Prieto había adjudicado la com­pra a la firma R&R Impor­tExport SA, de Aldo Rodrigo Galeano Recalde, cuñado de Valeria Romero, quien ingresó como concejala de la municipalidad por el movimiento del intendente. Sin embargo, los dos casos más escandalosos de adju­dicaciones directas, por vía de la urgencia imposterga­ble, estallaron en la pande­mia, gracias a las insisten­tes denuncias ciudadanas e investigaciones de la prensa.

La compra de víveres a la pequeña despensita Tía Chela mediante una com­pra por vía de la excepción por G. 2.949 millones, pese a que no tenía disponible la cantidad de mercaderías ofertadas fue el inicio de una seguidilla de denuncias que llovieron contra Prieto. Investigaciones dejaron a la vista una competencia simulada entre oferentes que resultaron ser de una misma familia.

El esquema Tía Chela invo­lucra a Prieto junto con varios funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez a quien ubicó como asesora jurídica en su administra­ción. La Fiscalía sindica a Florentín Páez como parte del esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19 y que generó un perjuicio eco­nómico estimado en G. 2.130 millones.

Con el caso Tía Chela tam­bién salió a la luz la adjudica­ción por compra de 50.000 kilos de harina, además de una larga lista de víveres a Tajy Servicios Generales, que en la realidad se dedica a la perforación y manteni­miento de pozos artesia­nos. La firma pertenece a don Buena Ventura Morí­nigo, un humilde construc­tor de pozo artesiano, coin­cidentemente tío de Vanessa Florentín que en entre­vista nos había dicho que no tenía idea del negocio; sin embargo, facturaron G. 306.188.500 en su nombre.

Este modus operandi de Prieto se fue repitiendo a lo largo de su administración y los hechos denunciados son cada vez más escandalosos. Se enfocó a contrataciones de empresas de sus amigos, familiares de leales, apor­tantes de su campaña (ver infografía).

En la gestión Prieto recicla­ron un club nocturno y lo convirtieron en construc­tora de la noche a la mañana.

Es así que SCDE vinculada a Lumma Silva Battochi, funcionaria municipal, y su hermanastra Samara Agui­rre comenzó a acopiar con­tratos con la comuna esteña y en dos años se alzaron con más de G. 14.000 millones.

Prieto también favore­ció con millonarios con­tratos a MB Constructora de su amigo Elvio Mareco Barrientos, un fuerte ope­rador y aportante de su campaña para la inten­dencia.

Los citados más arriba, como el rosario de contra­taciones denunciadas como direccionadas hicieron lle­gar por parte de la Contra­loría Ciudadana de Ciudad del Este hasta el Ministerio Público carpetas enteras de documentos que presumen fraude, lesión de confianza, uso de documentos públi­cos de contenido falso, aso­ciación criminal, cohecho pasivo agravado, etc., por 41 casos sospechosos de corrupción que siguen sin esclarecerse.

Por décima vez se suspendió la audiencia preliminar de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y otros procesados por delitos relacionados con narcotráfico. Esta vez la audiencia se postergó porque la coacusada Gisela Noemí Ramírez recusó nuevamente al juez penal de garantía Miguel Palacios y por tal motivo se suspendió la diligencia judicial.

Ahora el referido magistrado deberá elevar su informe al tribunal de apelación, que deberá estudiar los argumentos de la recusación de la acusada y resolver si confirma la competencia del juez Palacios. En caso de que ratifiquen la competencia del magistrado Palacios, el mismo deberá fijar nuevamente otra fecha para la realización de la audiencia preliminar.

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El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas más.

El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.

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La Contraloría Ciudadana presentó esta mañana su evaluación de las denuncias realizadas sobre supuestos hechos de corrupción en Municipalidad de Ciudad del Este, en la administración de Miguel Prieto, indicando que siguen descubriendo nuevos hechos de manejo fraudulento del dinero público.

La conferencia de prensa estuvo a cargo de la licenciada Magadalena Montiel, abogados Gricelda Fernández y Víctor Enriquez, Oscar Melgarejo y el arquitecto Hugo Vázquez.

Empresas de maletín donde los socios o dueños son funcionarios municipales o integrantes de un mismo equipo ligado a la institución municipal, compras de facturas o confección de documentos de contenido falso, son algunos de los hechos ilegales que, según la Contraloría Ciudadana, hallaron en las investigaciones realizadas.

Siguen otras irregularidades con actas de constitución de asambleas con los mismos integrantes o con fechas posteriores a los actos, los abultados costos en las licitaciones, mediante sobrefacturaciones, al igual que inventos de gastos que no se hicieron, según lo expuesto en la conferencia de prensa.

Uno de los casos citados en este punto fue la mensura judicial de la exfinca 66, que costó al erario municipal G. 2.670 millones, que incluyó gastos de topógrafos y asesoría jurídica, cuando la municipalidad cuenta en su plantel con 40 asesores jurídicos y tres topógrafos, según el abogado Víctor Enriquez, de la Contraloría Ciudadana.

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Informaron que tienen presentadas nueve denuncias hasta ahora (Miguel Prieto tiene 41 denuncias en su contra), pero que existen varios otros en las que vienen trabajando y sobre las que concluyeron que representan un gran perjuicio para los recursos públicos. Se trata del sistema de transporte público eléctrico.

Se instaló toda una estructura que se llama Dirección de Transporte Público, con 75 funcionarios, representando un gasto de más de G. 250 millones por mes (G.256.928.000), G. 25 millones por mes en concepto de uso de energía eléctrica, lo que representa un gasto total en un año de un monto superior a los G. 3.383 millones, según informaron los integrantes de la contraloría.

Indicaron que el ingreso por pasaje fue de G. 3.194.900.555 en un año, lo que deja un saldo rojo de casi G. 190 millones (G. 188.235.445), en un año (setiembre 2023 a setiembre de 2024).

“Nosotros le llamamos la gran mentira del transporte público, no solucionaron el servicio de transporte público y están creando un agujero gigantesco a la Municipalidad, porque se endeudaron por cinco años por G. 64.000 millones, que no tienen condiciones de pagar”, refirió a su turno, la licenciada Magdalena Montiel.

Otro dato que fue expuesto es lo relacionado con el uso de royalties. Indicaron que se está usando este fondo para tapar el agujero que deja el transporte eléctrico y también para la construcción de empedrados. “Coincidentemente en que empezaron a hacer aulas, también empezaron a hacer muchos empedrados”, sostuvo Montiel.

El abogado Enriquez dijo que en algunos casos la fiscalía está actuando con celeridad y en otros no, aclarando que ellos presentan la denuncia, la noticia criminis y queda a cargo del Ministerio Público avanzar. Agregó que si algunos expedientes están paralizados ya no es responsabilidad de los denunciantes.

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Desde el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) compartieron una serie de recomendaciones direccionadas a productores del sector agrícola, debido a la aparición de la plaga phakopsora pachyrhizi o roya asiática de la soja en los cultivos, activando el estado de alerta fitosanitaria.

La roya es una enfermedad que suele aparecer todos los años, desde su incursión en el país en el 2021, y que si no se toman todas las medidas oportunas, puede causar daños en los cultivos y por ende, impactar con la reducción de los rendimientos. Así lo explicó el director de Protección Vegetal del Senave, David Battle.

“En esta época, cuando se tienen altas temperaturas y lluvias en las zonas de los cultivos, es cuando nosotros emitimos la alerta a los productores, para que tomen las medidas de forma temprana, ya que la enfermedad se desarrolla en forma más intensa desde de enero y con mayor severidad a partir de febrero”, expresó a la 650 AM.

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Hay que mencionar que la roya de la soja es una de las enfermedades más severas que afectan al cultivo, por lo que como institución pertinente, el Senave aconseja el uso de cultivares de ciclo precoz y siembras en épocas recomendadas para cada región.

Así también se sugiere evitar periodos controlados de siembra, y en especial la implementación de la pausa fitosanitaria por un período de 90 días que según la Res. n.º 071/11, deberá ser posterior a una zafra y que abarcará a todas las zonas productivas desde el 1 de junio al 30 de agosto.

Asimismo, el monitoreo de las parcelas desde el inicio del desarrollo del cultivo, el uso de fungicidas preventivos o curativos en dosis recomendadas por el fabricante y uso de cultivares con genes de resistencia. Battle recomendó a la vez la eliminación de una planta hospedera- kudzu-, que está en las zonas boscosas, ya que si no se controla o se elimina, causa la infección primaria, dijo.

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