La Policía Nacional detuvo este sábado al propietario del perro que atacó brutalmente a un niño de 10 años en plena vía pública, en el límite entre Luque y Areguá, y se expone a una imputación por omisión de auxilio porque se habría escondido cuando le pidieron ayuda para detener a su perro. El menor permanece internado en estado reservado.

Según el fiscal Jorge Escobar, se ordenó la detención de esta persona porque se denunció que supuestamente no auxilió a la víctima, además, sus familiares indicaron que no se trata de la primera vez que este animal ataca a una persona. El menor, que resultó muy mal herido, fue trasladado hasta el Hospital de Luque por su tía y otros vecinos.

“Es un caso grave que involucra a un niño de 10 años y el propietario ya se encuentra con detención preventiva en la comisaría jurisdiccional. Tenemos las sospechas de que el mismo no auxilió al niño. Hablamos con las pediatras que lo atendieron, ya ingresó a quirófano, tiene varias heridas en todo el cuerpo y la más grave en zona de la yugular”, expresó Escobar, en entrevista con C9N.

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El fiscal afirmó que, según el testimonio de las doctoras que atendieron al menor y el relato de la tía que tiene la custodia, hace suponer que esta persona no habría tenido el manejo adecuado con su mascota. “Tenemos información que el animal estaba suelto en la calle y sin ninguna medida de protección como bozal”, refirió.

Agregó que se convocó a Bienestar Animal y que se constituyeron hasta la vivienda para rescatar al perro, que actualmente se encuentra bajo custodia para evitar que ataque a más personas. Vecinos denunciaron que habrían más perros en el patio de la vivienda de esta persona detenida.

La tía del niño confirmó que el pequeño continúa internado con pronóstico reservado tras ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia debido a las profundas heridas sufridas en la cabeza, el cuello y las extremidades. Además, de que habría convulsionado luego de ser ingresado de urgencias al Hospital General de Luque.

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Este jueves, la familia de Gordon recordó que siguen buscando a su amado perro que fue llevado por un hombre de la vereda de su vivienda, mientras esperaba a sus dueños, en la ciudad de Luque. El animal de la raza pastor alemán tiene 10 años y requiere de un tratamiento especial por una grave enfermedad que lo aqueja.

Según Larissa Bogado, dueña de perro, Gordon se encuentra con paradero desconocido desde el pasado 19 de setiembre, luego de que fuera llevado de frente a su casa ubicada en inmediaciones de la plaza Trébol, en el barrio Isla Bogado. Todo quedó grabado de imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

“Este automóvil de color plateado lo estuvo siguiendo por media cuadra a mi perro y este hombre que es desconocido lo llamaba constantemente. Luego paró su rodado y el conductor descendió, le abrió la puerta trasera, creemos que Gordon pensó que lo iba a llevar a bañar, porque ese método usa la veterinaria”, expresó la mujer, en NPY.

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Afirmó que pese a ser un perro muy grande, siempre es bueno con la gente y especialmente con los niños. “Él es muy manso con todas las personas. El que lo llevó es totalmente extraño, apelamos a la solidaridad de las personas para que puedan identificar a este automóvil y nos brinden detalles o ubicación”, refirió.

Aseguró que su perro tienen 10 años y que hace más de un año lastimosamente fue diagnosticado con leptospirosis, una terrible infección que afecta el hígado y los riñones, por lo que requiere que su tratamiento sea aplicado lo más rápido posible para su salud no se deteriore.

Las personas que tengan alguna información de Gordon puede llamar al 0981 608 125 o al 0961 944 667. “Es parte de nuestra familia, está enfermo y necesita urgente de su tratamiento y tememos por su vida”, puntualizó.

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El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.

Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.

Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.

La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.

“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.

En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.

“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.

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Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.

Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.

Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.

En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.

El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.

Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.