El juez penal de Garantías José Delmás resolvió decretar la prisión preventiva de la actuaria judicial Juliana Romero, imputada por la desaparición de un expediente del condenado Ramón González Daher. Al tener conocimiento de la resolución del citado magistrado, la imputada tuvo que ser remitida de urgencia a Enfermería del Palacio de Justicia a raíz de una descompensación.
El juez Delmas dispuso que el departamento femenino de la Policía Nacional arbitre los medios necesarios para preservar la salud de la imputada. Igualmente, se hace constar que en caso de urgencia deberá ser trasladada a un centro asistencial.
La actuaria judicial tendrá que estar recluida en el Departamento Judicial de la Policía Nacional por el plazo de 15 días y no habiendo resolución en contrario, pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría de Mujeres Cárcel del Buen Pastor.
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El Ministerio Público imputó por supuesto sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La funcionaria judicial había presentado una denuncia en la que aseguraba que unos desconocidos ingresaron al sistema con su usuario y contraseña para reemplazar el expediente N.° 1075/2021 “Ramón González Daher s/ testimonio falso” por el expediente N° 2310/2017 “Arnaldo José Duré s/ estafa”. Luego se pudo comprobar que ella misma ingresó y habría realizado el cambio correspondiente por lo que fue imputada.
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Perú: inclusión de identidades diversas en cobertura de salud mental generó protestas
Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo las identidades diversas de género. Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.
La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La protesta transcurrió pacífica y congregó a más de 200 activistas que corearon lemas pidiendo la derogatoria del controvertido decreto. “El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia” indicó a la AFP Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024 y presente en la manifestación.
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El decreto
Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.
Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.
Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año. “El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.
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¿Qué dice el gobierno?
En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo. Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.
Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental. “El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.
Piden la derogación
Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. “Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.
“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente. En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.
“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización. Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.
Un temor mayor
En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación. “Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.
Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.
Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión”. Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.
Fuente: AFP.
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Ejecutivo reglamenta ley de utilización de pavimento rígido en obras viales
El Poder Ejecutivo emitió el decreto N.° 1683 mediante el cual se reglamenta la ley N.° 5841/2017 que “establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos viales”, con esta reglamentación será posible la utilización de cemento de industria nacional en las obras viales, lo cual impulsará la generación de empleo y durabilidad de los proyectos, según explicaron.
“El decreto reglamentario de pavimento rígido es un decreto que se tenía que reglamentar hace más de siete años y hoy finalmente se está dando inicio a una transformación en infraestructura, pavimento rígido con cemento nacional”, expresó Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, Santiago Peña, quien aseguró que esto representa un paso trascendental para nuestro país, puesto que se hace realidad una reglamentación largamente esperada. De acuerdo a lo que explicó el presidente, esta normativa habilita a que el cemento pueda ser utilizado en obras viales, lo cual dará impulso de la mano de obra, además de una mayor durabilidad a la red vial.
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“¡Apostamos al desarrollo con infraestructura de calidad! Con el decreto reglamentario de la ley de pavimento rígido en proyectos de obras viales, promovemos la utilización de cemento de industria nacional, generando empleo e impulsando obras de mayor durabilidad, para beneficio de todos los paraguayos”, expresó el jefe de Estado.
El decreto establece plazos para la aplicación gradual de la ley, y de acuerdo a esto, se establece que el MOPC deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del 15 % del total de las obras viales programadas para el 2024, el 20 % del total de las obras viales programadas para el 2025, el 25 % del total de las obras viales del 2026, el 30 % del total del 2027 y subsiguientes.
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
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Buscan modificar Código Penal para combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.