El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, informó este miércoles que se encuentran disponibles los informes derivados de las intervenciones que se llevaron a cabo en los municipios de Asunción y Ciudad del Este, respectivamente.

Ambos informes se encuentran disponibles en el sitio web del Ministerio del Interior, al que puede acceder cualquier ciudadano interesado en conocer en detalles el trabajo que realizó el interventor de Asunción, el economista Carlos Pereira y cuyo informe fue entregado el pasado viernes 22 de agosto.

Igualmente está disponible para la ciudadanía el informe final elaborado por el interventor Ramón Ramírez, luego de su trabajo realizado en la Municipalidad de Ciudad del Este, y que fue entregado al Ejecutivo el pasado 14 de agosto y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados.

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El Ministerio del Interior aclara que ambos documentos están publicados de manera íntegra y oficial, en el marco del compromiso del Gobierno del presidente Santiago Peña, con la transparencia y la rendición de cuentas, e invita a la ciudadanía a acceder la información.

Vale recordar que la intervención de ambos municipios, se realizó por autorización de la Cámara de Diputados a pedido de la Contraloría General de la República, luego de encontrarse algunas irregularidades en la gestión administrativa de ambos municipios.

Este trabajo de intervención derivó en la destitución del intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, en tanto propició la renuncia del jefe comunal de Asunción Oscar Rodríguez.

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Integrantes de la agremiación Asoley 35/90 que lucha por los derechos de los moradores de la Finca 66 y 13.741 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; presentaron en la fecha una nueva denuncia ante el Ministerio Público, contra la municipalidad esteña en la persona del exintendente Miguel Prieto, destituido por corrupción la semana pasada, por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la presidenta de esta asociación la señora Sara Peña y el síndico Rubén Peña explicaron que el motivo de esta nueva denuncia contra el exjefe municipal se debe a que presuntamente, bajo su administración se cambió las medidas establecidas en la mensura judicial, en perjuicio de los moradores de las citadas fincas.

Señalaron que tras lograr la reivindicación de las 755 hectáreas que conforman las dos fincas señaladas, se realizó la escritura a favor de la municipalidad de Ciudad del Este, ya en la época del intendente Agileo Miño Giret, desde entonces no se reconocía las tierras municipales en los siguientes gobiernos.

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“Cuando el exintendente Miguel Prieto solicita que se haga la mensura judicial teniendo todas las vías legales, modificaron todos los puntos que están marcados en el título madre y en el título de la municipalidad, haciendo otras medidas que no concuerdan con la mensura realizada para la titulación de estas dos fincas”, comentó el síndico Rubén Peña.

Explicó entonces, que bajo la administración del exintendente Prieto, presuntamente se han modificado todas las medidas de la propiedad; reduciendo el tamaño de lo que realmente corresponde. Indicó que estas fincas colindan con el Río Acarahy, y si bien el río tiene un resguardo de 150 metros de espacio público, a partir de esa distancia comienza la ubicación de los mojones que corresponde a las fincas citadas.

Mencionó que a lo largo de la periferia de estas dos fincas se han restado 200 metros a lo largo de 4 kilómetros aproximadamente; lo que representaría un total de 100 hectáreas más o menos de lo que les estaría faltando de la mensura real que corresponde a las 755 ha.

Indicó que nunca tuvieron una explicación por parte de la Municipalidad, ni de la Junta Municipal sobre el motivo de esta modificación de las medidas, por lo que desde hace tiempo venían exigiendo alguna explicación.

“Nosotros realmente llevamos más de 30 años peleando por estas tierras, que están todas ocupadas, serían como 3.000 familias aproximadamente, contando con 20 familias por hectáreas. Hasta ahora, lo único que tenemos es la ley que nos ampara la 35/90, que expropia a favor de la municipalidad de Ciudad del Este estas 755 hectáreas y que la municipalidad debe entregar a título oneroso”, comentó.

Rubén Peña mencionó además que el daño patrimonial sería de UDS 100 millones, calculando 1 millón de dólares por hectárea en un cálculo estimado en la tasación más baja del valor de la tierra.

En tanto, la presidenta de Asoley 35/90 Sara Peña remarcó que la lucha no es de ahora solamente, ya que lleva más de 30 años peleando por la tenencia del título. “Acá no se trata de que son una o dos familias afectadas, hay miles de familias que tiene casa propia, que están siendo afectadas por esta modificación. La cuestión es simple que se haga cumplir la ley, la cual nadie está queriendo respetar”, acotó.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) lanzó oficial­mente ayer el cronograma electoral para las eleccio­nes municipales de Ciudad del Este.

El llamado a nuevos comi­cios surge tras concretarse la destitución del opositor Miguel Prieto, mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, el pasado 19 de agosto, tras constatarse gra­ves hechos de corrupción.

Mediante la Resolución n.º 81/2025, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el domingo 5 de octubre de 2025 y las eleccio­nes municipales el domingo 9 de noviembre. Mientras que el juramento y la toma de posición al cargo se desarro­llará el 18 de noviembre del presente año. Actualmente, la intendencia es interinada por la concejal María Portillo, aliada política de Prieto. La dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y hermana del exdiputado Car­los Portillo, asumió el pasado lunes el cargo mediante una sesión extraordinaria. Prieto buscó colocar en su reem­plazo a la concejala Valeria Romero, su actual pareja, sin embargo, perdió la puja con­tra Portillo, quien recibió un fuerte respaldo de dirigentes del PLRA de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades detectadas durante la admi­nistración de Prieto mediante una intervención encabezada por el economista Ramón Ramírez, figuró, por ejem­plo, una presunta malversa­ción por G. 29.000 millones.

El desfalco guarda relación con dinero que debía des­tinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista.

Prieto contaba con una par­tida presupuestaria equi­valente a G. 83.000 millo­nes, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irre­gular de este recurso fue reportada por la Contralo­ría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que susten­taron el requerimiento de indagación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canaliza­dos mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inver­siones realmente se realizaron como figuran en las facturas pre­sentadas, o siquiera si se hicieron.

Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Minis­terio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a tesorería.

Las amenazas comunicadas por Pereira al ministro ya se tratan de nuevas que surgieron en la jornada de ayer.

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que el interventor de la Munici­palidad de Asunción, Carlos Pereira, recibió amenazas y aseguró que ya se toma­ron las medidas de seguri­dad. Pereira culminó con el proceso de intervención el pasado viernes y ya entregó el informe final al Ministe­rio del Interior.

“Yo hablé informalmente con él, le dije que guarde todas las amenazas, para que si en algún momento dado se siente con ganas y fuerzas, yo lo iba a apoyar, también lo vamos a proteger, ninguna amenaza se subes­tima”, contó el ministro en conversación con un medio local.

Riera confirmó además que en el proceso del trabajo de intervención ya existieron algunas amenazas, pero que en ese momento, tanto la intendencia como el inter­ventor contaban con un fuerte dispositivo de seguri­dad. Las amenazas comuni­cadas por Pereira al minis­tro ya se tratan de nuevas que surgieron ayer.

“Durante el proceso, él recibió algunas (amena­zas), pero estaba protegido porque teníamos policías en la intendencia, se iba y venía con protección en su casa y su familia también. Hoy estuve intercambiando mensajes con él y ya le había dicho esto”, señaló Riera.

Tras la renuncia de Rodríguez, “en este momento el trámite documental está en el Poder Ejecutivo”, explicó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, indicó que el informe final de la intervención a la Municipa­lidad de Asunción aún no fue remitido a la Cámara de Dipu­tados. Las documentaciones ya fueron entregadas por el interventor Carlos Pereira al Ministerio del Interior, mien­tras tanto, con la renuncia del exintendente Óscar Rodrí­guez el informe ya no pasa por la Comisión Especial de Intervención.

“No hemos recibido el informe de Asunción. Aquí nosotros hicimos un compro­miso como Cámara de tratar ambos casos, ambas inter­venciones con un ropaje insti­tucional, respetando la Cons­titución y a las leyes vigentes. En ese entendimiento, hici­mos los procedimientos esta­blecidos en estas normativas, y en su momento el movi­miento, al cual pertenezco, el movimiento Honor Colo­rado, votó a favor de ambas intervenciones”, sostuvo Latorre en conversación con los medios.

Indicó que al producirse o iniciarse el proceso de inter­vención, los intendentes tie­nen la opción de renunciar al cargo. “El intendente de Ciudad del Este no fue por la renuncia, en el caso del intendente de Asunción, sí lo hizo. Era la misma alterna­tiva que tenía el intendente de Ciudad del Este, pero son decisiones personales”, manifestó.

Tras la renuncia de Rodrí­guez, “en este momento el trámite documental está en el Poder Ejecutivo, esa es una situación que debe ser dirimida por el Poder Ejecu­tivo (la entrega del informe a Diputados)”, de acuerdo a las expresiones del titular de la Cámara Baja.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La agente fiscal de turno, Julia González Medina, presentó imputación contra Alejandro Kaefer Sima, de 32 años, por la supuesta comisión del hecho punible de hurto agravado. El procesado habría sustraído un tractocamión del predio de la terminal de cargas Algesa (Almacenes Generales S.A.), ubicada en el kilómetro 12 Acaray, de Ciudad del Este. El destino era Brasil, pero fue detenido en la zona primaria del Puente de la Amistad.

Ocurrió el 23 de agosto de 2025, alrededor de las 00:30, cuando Kaefer ingresó al estacionamiento del complejo aduanero privado y se apoderó del camión, de la marca Scania, modelo T114-380-4x2, año 2004, color blanco, con remolque marca Randon, modelo SR, matrícula FAG 622, propiedad de la transportadora Ybytyruzu.

Para concretar el hurto, el imputado atropelló los portones de acceso y se dio a la fuga con el rodado. El jefe de seguridad del Algesa, Eladio Vidal Galván Fretes, alertó a las autoridades policiales y a la vez radicó la denuncia ante la Subcomisaría 14 de la fracción Norma Luisa, de Minga Guazú.

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Posteriormente, alrededor de las 04:00, durante un control de seguridad en la cabecera del Puente de la Amistad, efectivos militares identificaron el camión y al hacer la verificación encontraron que el conductor era Alejandro Kaefer Sima, quien fue aprehendido. El vehículo quedó bajo custodia de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

La imputación está sustentada en la nota policial sobre el acta de procedimiento de la Subcomisaría 14, el acta de intervención de la Armada Nacional y la Prefectura Naval del Este, fotografías y la declaración testifical del denunciante Eladio Vidal Galván Fretes. La fiscal Julia González solicitó la prisión preventiva del imputado.

Asimismo, debido a la complejidad de la investigación, la agente del Ministerio Público requirió un plazo de cuatro meses para continuar con las diligencias y, posteriormente, presentar el requerimiento conclusivo contra Kaefer Sima, conforme al artículo 324 del Código Procesal Penal, según el escrito fiscal.

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