Mediante la Declaración Nº1620, de conformidad al Art. Nº 99 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, declaró de interés nacional el Premio internacional “Logro 2025”, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La entrega se realizó en el mes de mayo pasado.

La declaración de la Cámara Baja resalta los avances del Gobierno del Paraguay en su política agraria nacional a fin de promover y agilizar la titulación masiva de tierras a nivel país, priorizando a las mujeres rurales jefas de hogar. Destacan además que el premio “Logro 2025” es un reconocimiento que la FAO otorgó a cuatro países (Paraguay fue el único de América Latina), que lograron destacarse en el fortalecimiento de los derechos de tenencia de tierras.

Cabe resaltar que gracias a este reconocimiento internacional de la FAO, Paraguay recibirá una Cooperación Técnica no reembolsable por valor de 300 mil dólares, con fondos provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), destinado a proyectos que protegen la biodiversidad, el clima y los ecosistemas globales.

Se trata de un mecanismo financiero independiente que une a 184 países con agencias de la ONU, sociedad civil y sector privado para otorgar las alusivas donaciones.

Desde el Indert señalaron que a Paraguay se le reconoció por su política inclusiva de titulación en favor de las mujeres rurales. Con el presidente Santiago Peña, se implementó el Programa de Titulación Masiva que incrementó en un 400 % por año.

Este aumento favoreció más a las mujeres que a los hombres, ya que se establecieron incentivos como el de la reducción de la tasa de interés al 0 % cuando el titular de la finca sea una mujer.

Esto permitió que el 57 % de los títulos que hoy se entregan vayan a mano de las mujeres campesinas, teniendo en cuenta que en épocas anteriores los resultados en materia de titulaciones eran muy bajos (900 títulos por año) y sólo el 28 % de los títulos entregados iban destinados en favor de las mujeres campesinas.

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La Corte Suprema de Justicia rechazó por mayoría de votos la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González, considerando improcedente su pretensión de reincorporarse a la Cámara Alta tras su destitución.

Con una mayoría de 6 votos contra 3, los ministros de la Corte sostienen la improcedencia de la acción planteada por la exsenadora de la oposición, quien pretendía volver a ocupar su banca tras su pérdida de investidura en el 2024, según publicó el periodista Jorge Torres, en sus redes sociales.

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González basó su demanda en el supuesto incumplimiento de la mayoría calificada y de las formalidades previstas en la Resolución 429 del año 2023, emitida por el Senado, alegando que dichas reglas debían regir al momento de su juzgamiento por parte de sus pares.

En tanto, el máximo tribunal de Justicia fundamentó su rechazo argumentando que la citada resolución no se encontraba vigente cuando se llevó a cabo el juzgamiento de González. En el voto mayoritario se resaltó que el artículo 11 de la propia normativa establecía que entraría en vigor al día siguiente de su aprobación, condición que invalidó el reclamo de la exlegisladora.

Dicha Resolución No. 429/2023 fue aprobada, como primer punto del “Orden del día”, en la misma sesión en la que se juzgó la pérdida de investidura de Kattya González: el 14 de febrero de 2024, hecho que fue puesto de resalto por la misma accionante, en su escrito de demanda.

Por ende, manifiestan los ministros de la Corte que la Resolución 429/2023 (que imponía la mayoría absoluta de dos tercios y regulaba el procedimiento de pérdida de investidura de un senador) empezaba a regir recién al día siguiente al de su aprobación, es decir, el día 15 de febrero de 2024 y, por ende, no se encontraba vigente el 14 de febrero, fecha de la sesión extraordinaria del Senado, en la que se juzgó a la exsenadora Kattya González y, como punto previo, en la misma sesión, se aprobó la resolución 429.

Vale recordar que la resolución No. 429/2023 exigía que la pérdida de investidura de un senador se diera con el voto con una mayoría calificada: mayoría absoluta de dos tercios (30 senadores sobre 45, que es el total de senadores que integran la Cámara). La exsenadora Kattya González se agravió que fue expulsada solo con el voto de 23 senadores.

En tanto, la exsenadora González, alegó en todo momento, que la resolución 429 ya se encontraba vigente al momento de su juzgamiento y que fue omitida por sus pares al condenarla a perder su investidura de legisladora.

Además, los magistrados justificaron técnicamente su postura basándose en los principios de la Constitución Nacional y en la precedencia jurídica, concluyendo de manera unánime que no se requería la mayoría de dos tercios invocada en la demanda.

También corresponde señalar que se dejó asentado en los votos en mayoría de los ministros de la Corte que la resolución 429 del Senado, contraviene disposiciones expresas de la Constitución, entre los que se señala, la exigencia de un voto con mayoría calificada (mayoría absoluta de dos tercios, contando el número total de integrantes del Senado, es decir, 30 senadores de 45), cuando que el art. 185 de la Constitución indica expresamente que, cuando la Constitución no requiera una mayoría especial para la cuestión a resolverse, se aplicará la mayoría simple (la mitad más uno de los miembros presentes).

Señalaron igualmente los votos dados en mayoría que no hubo trasgresión al derecho a la defensa de la Sra. Kattya González pues se le dio oportunidad de pronunciarse, que la actora estuvo presente en la discusión del debate, como así mismo fue escuchada, sin embargo la demandante no ejerció su defensa, no ofreció prueba ni solicitó prórrogas por decisión propia, prefiriendo desarrollar un discurso de tinte político que no se refería a su defensa sino que se referían a una crítica a sectores políticos y a personas en particular.

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La fiscal Sandra Ledesma detalló este mediodía durante una conferencia de prensa, que se registraron nueve detenidos por presuntamente haber cometido fraude electoral en el transcurso de las internas partidarias. La agente de Delitos Electorales de Asunción, coordinadora del equipo de agentes fiscales designados para la cobertura de estas elecciones, alistó las denuncias e incidentes intervenidos.

“Son 9 aproximadamente las personas detenidas, entre ellas figuran el precandidato a concejal de la ciudad de Fernando de la Mora, Alfonso Orella González (por supuesta compra de cédulas)“, comentó la agente electoral.

La fiscal puntualizó que los otros casos se registraron en las localidades de Katueté y Villa Hayes. Agregó que la mayoría guarda relación con la compra de cédulas y que los detenidos se exponen a 5 años de cárcel o multas, de comprobarse la violación de las leyes electorales.

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A la vez, Ledesma sostuvo que se registraron tres casos de personas que se presentaron hasta sus respectivos locales electorales para ejercer su derecho al sufragio, pero cuando llegaron a sus mesas se les informó que figuraban que ya habían votado. “Es por eso que se insta justamente a las personas que vayan a ejercer su derecho al voto”, puntualizó.

La fiscal manifestó que en estas internas partidarias se identificó una nueva modalidad para la comisión del fraude electoral, que consistió en el uso de una silla de ruedas para hacer pasar a los votantes quienes vendieron sus votos, como personas con discapacidad y trasladarlos hasta el cuarto oscuro valiéndose de la existencia del voto asistido.

“El caso se registró en la ciudad de Luque, la silla de ruedas estaba instalada frente al local de votación. La denuncia es que los votantes llegaban hasta el local caminando y luego eran asistidos en la silla de rueda. La verdad esto es nuevo para nosotros y se están ingeniando, perfeccionando“, refirió.

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La fiscal Mercedes Vera confirmó que recién a casi un mes del accidente de tránsito que involucró al diputado Mauricio Espínola, y que arrojó como víctima fatal al conductor de una motocicleta, el Ministerio Público realiza las diligencias para solicitar los videos de circuitos de locales públicos y privados de los alrededores donde se produjo el siniestro.

La pregunta surge: Si hizo el cambio de carátula despues de la muerte, que ocurrió el 27 de mayo, ¿por qué recién ahora pide las imágenes de circuito cerrado?

En conversación con radio Universo 970 AM/Nación Media, confirmó que comenzaron a realizar las diligencias pertinentes, luedo de que se cambiara la caratula fiscal, convocando además al personal interviniente, a la viuda de la víctima, una hermana, entre otras diligencias.

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Aclaró que la comunicación inicial realiza la Comisaría 7° jurisdiccional, que en su momento hizo mención a un hecho punible de lesión culposa y daño material en accidente de tránsito.

Mencionó que tras el accidente que se produjo el 16 de mayo, ese día se comunicó el hecho de la lesión, además que la víctima fue derivada hasta el Centro de Emergencia para un diagnóstico y tratamiento. Indicó que posterior a eso, ya no hubo ninguna comunicación de que la víctima quedara internada ni sobre la gravedad de las heridas o su estado de salud.

“Recién en fecha 27 de mayo es cuando se comunica el deceso de esta persona; de ahí en más es que estábamos tratando nosotros de justamente tener en cuenta que en el lugar del accidente había cámaras. Recién hoy me están pasando, de que hay varios lugares, tanto públicos como privados, que cuentan con cámaras de videos y eso es lo que estamos solicitando nosotros”, confirmó.

Mencionó además, que debido a que la comuniciación inicial de la Comisaría jurisdiccional fue solamente como un hecho de lesión y daños es que la Fiscalía caratuló la carpeta como “hecho innominado de daños”. Pero posteriormente, con el deceso de la víctima, ocurrido en fecha 17 de mayo, es que se hace el cambio de carátula de la carpeta fiscal.

Confirmó además que en el informe policial, ni siquiera cuenta con un reporte ampliatorio en el que se detalle que en el lugar haya habido testigos, ni siquiera las cámaras.

“Nosotros no tenemos una comunicación de que la víctima haya quedado en estado de observación, ni que haya ingresado a terapia. Once días después, a nosotros también nos llamó la atención de que haya fallecido, porque el hecho se comunicó, le reiteró, como un hecho de lesión y daño. A partir de esa comunicación es que el Ministerio Público activa todos los protocolos y solicita todos los informes que le he mencionado”, remarcó.

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