El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, manifestó que la filtración de los datos extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista no es motivo para requerir la nulidad de pruebas. La defensa legal del dirigente de Amambay acusa al juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal por la difusión de los datos a medios de comunicación.

“Esta es una estrategia de la defensa, para que exista una nulidad hay ciertas formalidades, se tiene que afectar ciertos principios. De que se haya hecho una extracción y por ahí alguien haya hecho otra copia, siempre de que no existan modificaciones o alteraciones en esas pruebas no hay razones para anularlas”, sostuvo.

Las afirmaciones de Piñánez surgieron tras concretarse este último martes la entrega de la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles del fallecido parlamentario. Los datos fueron otorgados por Legal al Ministerio Público y a la defensa de la familia de Lalo Gomes ejercida por el abogado Óscar Tuma.

“Yo creo que sí o sí la defensa planteará la nulidad de pruebas en el caso de que haya una imputación, pero el hecho de que se haya filtrado no puede invalidar las pruebas, lo que podría invalidarlas es que realmente haya existido algún tipo de manipulación. La filtración es un acto cuestionable y si se encuentra a los responsables de las filtraciones deben tener algún tipo de sanciones, pero no para invalidar una prueba”, remarcó a la 1020 AM.

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Los mensajes filtrados motivaron a Legal a denunciar un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo a su banca.

A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura. Igualmente, en el caso se encuentran afectadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la jueza Sadi López por las presuntas conversaciones con el difunto legislador.

“Ahora debemos abocarnos a ver que tanta información se tiene al respecto, acá debemos hacer el análisis de que sí las informaciones se adecuan o no a una conducta penal, si existen más personas involucradas. También veremos si esto finalmente ameritará la conformación de más equipos de investigación o en su defecto la apertura de más causas penales. Vamos a discriminar lo que es relevante para la investigación, estás son cuestiones administrativas que pueden dar mayor eficacia a la investigación penal”, indicó.

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El agente del Ministerio Público, Pablo Zárate, desmintió este lunes que Lourdes Teresita Ramos haya realizado declaraciones sobre el supuesto fusilamiento del ganadero Félix Urbieta, secuestrado en el 2016 en la estancia San Francisco de Belén Cué, en el distrito de Horqueta (Concepción). “Se abstuvo de declarar”, indicó el fiscal sobre la integrante del Ejército del Mariscal López (EML), que fue capturada el sábado pasado por las fuerzas de seguridad.

“Ella en su audiencia indagatoria se abstuvo de declarar, procesalmente esa es la información que tenemos en la carpeta fiscal. No obstante, se le realizó una entrevista en el momento de su detención, fue abordada por las fuerzas operativas y el Ministerio Público, y, en ningún momento, dado la misma refirió que el señor Félix Urbieta haya sido fusilado”, sostuvo.

“Nosotros no contamos con ningún tipo de registro operacional de que esa circunstancia haya ocurrido de esa forma (supuesto fusilamiento). Tampoco la familia de Félix Urbieta tiene esa información de que esto haya pasado, ni en el pasado, ni ahora con la detención de Lourdes Teresita Ramos. Descartamos y desmentimos totalmente que esto sea cierto”, acotó Zárate.

La versión fue divulgada este lunes por la mañana por algunos medios de comunicación. “Ella se abstuvo procesalmente, ejerció su derecho a abstenerse. Muy pocos datos pudo aportar teniendo en cuenta que estuvo muy shockeada en el momento de su detención. Estos grupos criminales adiestran a sus miembros, en el sentido de que si son capturados, serán torturados, violentados y ejecutados (por las autoridades de seguridad)”, comentó.

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“Le dimos esa tranquilidad de que las fuerzas operativas no actúan de esa forma, sino dentro del marco estrictamente jurídico. Posterior a esto, ella pudo tranquilizarse un poco más. Manejamos ciertas informaciones que mantendremos en reserva”, puntualizó el agente del Ministerio Público. La captura de Lourdes Ramos fue concretada alrededor de las 19:00 del sábado pasado por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), en la compañía Salinas Cué (Concepción). La mujer se encontraba en la compañía de su madre Lourdes Ramírez, quien logró escapar.

Zárate manifestó que la mujer fue imputada por transgresión a la Ley de Armas junto a otros hechos punibles. Agregó que en las próximas horas será imputada por el secuestro del ganadero. “Esto ya se está elaborando, está a cargo del colega Joel Cazal”, indicó. Por cuestiones de seguridad, Ramos guardará reclusión en la Penitenciaría de Concepción. “Estamos viendo todas las medidas de seguridad”, mencionó el fiscal en una conferencia de prensa con los medios de comunicación.

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“No es rentable lo que dijo el presidente de Colombia. Si a Horacio Cartes no se le involucra no es negocio, esa es la realidad”, indicó el abogado Pedro Ovelar, este jueves, cuestionando el silencio por parte de los abogados de la familia de Marcelo Pecci, políticos opositores y medios de comunicación a fines entorno a la incriminación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset con el asesinato del agente fiscal antimafia.

“Acá solo importa manipular políticamente el caso, esto es miserable. Los que intervienen como abogados jamás salieron a reclamar o decir una sola línea sobre lo que dijo Gustavo Petro, no le dan bolilla. El presidente del país donde ocurrió el hecho está poniendo nombre, apellido, circunstancias, motivaciones para el crimen y nadie salió a decir nada”, lamentó Ovelar en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Ovelar acotó: “Les importa un pepino Pecci, siempre se basaron en el testimonio de Luis Correa Galeano (autor material del asesinato quien involucró al exjefe de Estado Horacio Cartes en el crimen), en ningún momento ellos hicieron un relato lógico o circunstanciado sobre algún hecho concreto que pueda hilar una idea de que fue Cartes, acá solo hubo interés político. Se llenan la boca pidiendo justicia para Marcelo, pero cuando no les conviene hacen la vista gorda, esto es lo detestable en este caso y lo miserable de sus conductas”.

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En medio de un consejo de ministros transmitido en vivo el martes por la noche, Petro fue tajante en acusar nuevamente a Marset de ser el autor moral del crimen de Pecci a la par de repudiar la actuación fiscal del colombiano Mario Burgos, responsabilizándolo públicamente de ser el responsable de que el narcotraficante uruguayo y prófugo no sea investigado y sometido a la justicia.

“¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso? Que es el narcotraficante Marset”, preguntó el mandatario. Burgos fue apartado del caso en septiembre de 2024 por orden de la Fiscalía general, que señaló que sería transferido a otra área, sin ahondar en detalles.

Durante una breve mención al caso el martes, el presidente añadió que Marset “es socio del narcotraficante (Julio) Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, que está matando a los esmeralderos” y “quiere matar al presidente”. Petro ya había acusado en 2022 a Marset de participar en el asesinato de Pecci en sus redes sociales.

“Gustavo Petro como presidente de Colombia debe tener información de buena fuente. Su testimonio es relevante por el peso de la persona que lo dice, no por el cargo en sí, sino por la capacidad que tiene para conocer hechos. Sus afirmaciones es una línea de investigación que debe ser tomada de manera seria y fuerte por el Ministerio Público de Paraguay y Colombia para que sus dichos sean construidos con elementos probatorios y con indicios a partir de cuestiones concretas”, dijo.

El abogado continuo argumentando que “la otra línea es investigar las actuaciones del fiscal Mario Burgos y a los responsables de su designación para que este enfrente de la causa, ya que, como dijo el presidente de Colombia, realizó una exclusión de los supuestos autores y la inclusión de una persona que nada tenía que ver. La apertura de una investigación contra Burgos nos involucra a nosotros como representante de Horacio Cartes, pasar de una defensa a una acción efectiva como víctimas de una persecución sin sentido”.

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El Viceministerio de Políticas Criminales confirmó hoy martes que tanto Ramón González Daher, como su hijo Fernando González Karjallo, serán trasladados hasta la penitenciaría Industrial Esperanza y en esta cumplirán con sus sentencias. El traslado se debe a que se encontraron elementos prohibitivos en la penitenciaría de Coronel Oviedo, donde estaban recluidos.

Según el viceministro Víctor Benítez, la medida fue tomada porque dentro del penal de Oviedo se encontraron elementos que están prohibidos para González Daher y su hijo, por lo que tomaron la decisión de que cumplan sentencia en la penitenciaría industrial Esperanza, ubicada detrás del penal de Tacumbú.

“El traslado se realizó hoy martes, luego de un procedimiento en el penal de Coronel Oviedo. Estas personas seguirán guardando reclusión en la unidad Esperanza, que es un lugar para albergar a las personas privadas de libertad condenadas”, aseguró Benítez, en entrevista con la 1020 AM.

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Aseguró que ambos cumplen los requisitos para ser ingresados a la unidad y confirmó que no se trata de un privilegio, sino que es para un mejor control de estos reclusos. “Los traemos para ejercer un control más estricto de estas personas y el régimen de reclusión que deben guardar. Además, evitar que tengan privilegios en otros centros”, refirió.

Agregó que estarán guardando reclusión como cualquier otra persona, Ramón y su hijo deberán compartir celdas con otras personas privadas de libertad. “Este centro de reclusión es totalmente independiente de Tacumbú, pero se encuentra ubicada seguidamente o detrás de esta penitenciaría, tiene otro director”, puntualizó.

En diciembre de 2021 Ramón González Daher fue condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Así también, su hijo Fernando González Karjallo fue condenado a 5 años de prisión por lavado de activos. Hasta ayer lunes, 27 de enero, ambos guardaban reclusión en la penitenciaría de Coronel Oviedo.

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