La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, condenado a 8 años de cárcel, por lesión de confianza en la causa penal por la reparación y remodelación de instituciones educativas, donde debido a obras deficientes, el techo de una de las aulas se derrumbó sobre los alumnos del Colegio Nacional de la ciudad.
Con la resolución judicial, el exjefe comunal debe ser enviado a la cárcel para cumplir su condena por lesión de confianza por la construcción irregular de 15 instituciones educativas, en las que se causó un perjuicio patrimonial a la comuna de G. 859.559.122.
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La resolución judicial lleva la firma de los ministros Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diésel. Los mismos llegaron a la conclusión que corresponde rechazar la acción presentada por Cárdenas.
El caso data de diciembre del 2016, tras la imputación por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, investigación que se inició ante la sospecha de sobrefacturación en la construcción de las 15 instituciones educativas y una supervisión en Lambaré. Aparentemente, el intendente había sobrefacturado el costo de las construcciones en la mencionada institución.
Esta investigación también se inició luego del derrumbe de varias aulas del Colegio Nacional Lambaré, hecho ocurrido en el 2015 y que dejó al menos 23 alumnos heridos.
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Corte presentó denuncia en Fiscalía tras amenaza de ataque en Palacio de Justicia
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectar un correo electrónico masivo de carácter intimidatorio remitido a su Secretaría General. El mensaje advertía sobre supuestos atentados contra el personal y la infraestructura del Palacio de Justicia en Asunción, expandiendo las alertas hacia otros estamentos del Estado.
Como respuesta inmediata, la jefatura de seguridad del Poder Judicial ordenó un estricto control de acceso y revisiones minuciosas en todas las sedes con el fin de garantizar la vida de magistrados, abogados litigantes y usuarios civiles.
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Suspensión en la comunidad universitaria
El mismo correo anónimo afectó de manera paralela a las casillas institucionales del rectorado y múltiples facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En el texto, presuntos grupos extremistas de internet amenazaban con perpetrar un tiroteo y detonar artefactos explosivos en una facultad sorpresa. Ante la gravedad de la advertencia, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (CEDUNA) instó a la evacuación preventiva del campus. Posteriormente, las autoridades universitarias suspendieron formalmente todas las actividades presenciales para salvaguardar a la comunidad educativa.
Investigación policial
Especialistas del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, intervinieron para realizar la trazabilidad del correo. Las primeras pericias arrojaron que el emisor utilizó plataformas de anonimato internacional y rebote de nodos para ocultar su dirección IP.
Asimismo, la Policía emitió una alerta debido a que el mensaje incluía un enlace malicioso diseñado para vulnerar los dispositivos de quienes intentaran abrirlo. Agentes de los departamentos de Inteligencia y Antiterrorismo, junto con canes especialistas, inspeccionaron minuciosamente los predios y descartaron la presencia física de explosivos en el campus, calificando la situación en desarrollo bajo un perfil de alta volatilidad digital.
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Maduro y su esposa se declaran no culpables de cargos de tortura en corte de EE. UU.
El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon el jueves no culpables de tortura ante un tribunal de Nueva York.
La pareja, detenida en Estados Unidos desde enero, ya fue inculpada por la justicia estadounidense de narcotráfico y posesión de armas de fuego.
Su caso penal se amplió la semana pasada con acusación de haber conspirado para cometer actos de tortura contra opositores políticos, incluidos ciudadanos estadounidenses.
En la inculpación presentada el 8 de octubre, los fiscales estadounidenses detallan presuntos casos de ahogamiento simulado, violaciones y golpizas.
Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos, calificó el miércoles los nuevos cargos de “acusaciones falsas”.
El exmandatario y su esposa fueron capturados en su residencia durante una espectacular operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.
Desde la caída de Maduro, su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna Venezuela como mandataria encargada bajo intensa presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
El secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, dijo la semana pasada que los nuevos cargos contra Maduro y Flores demuestran la determinación del gobierno de Trump “de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”.
“Reprimir y castigar”
Durante su mandato de 2013 a 2026, organismos de defensa de los derechos humanos acusaron en reiteradas oportunidades a Maduro de recurrir a la represión política para aferrarse al poder.
La acusación formal de tortura presentada en Estados Unidos señala que el objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.
El escrito alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.
Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.
El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.
Maduro y Flores están encarcelados en una prisión federal de Brooklyn bajo un régimen estricto, sin acceso a periódicos ni a internet, pero con la posibilidad de hablar por teléfono con sus familias y sus abogados.
El inicio del juicio por los cargos de narcotráfico está previsto para el 1 de junio de 2027. Hasta ahora ambos se han declarado no culpables.
- Fuente: AFP
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Suspenden audiencia preliminar de exintendente de Asunción por presentar reposo médico
Se suspendió la audiencia preliminar del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), acusado por lesión de confianza y asociación criminal debido a supuestas irregularidades en la compra de detergentes y otros insumos durante la pandemia. El procesado logró aplazar la diligencia, prevista para hoy, tras presentar un reposo médico.
A través de su abogado, Rodríguez solicitó la suspensión de la audiencia e informó que se encuentra bajo prescripción médica. Ante esta situación, el Juzgado de Garantías postergó el acto en el que debía resolverse si el exintendente afrontará o no un juicio oral y público. El juez Rodrigo Estigarribia deberá fijar una nueva fecha para la diligencia, en la que se analizará si corresponde admitir la acusación presentada por el Ministerio Público en septiembre de 2025.
Según la acusación fiscal, durante la gestión de Rodríguez se habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.808.956.000 mediante la adquisición irregular de diversos insumos que, en muchos casos, ni siquiera ingresaron a la Municipalidad de Asunción. La Fiscalía sostiene que entre los años 2020 y 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19, se realizaron procesos de contratación que favorecieron sistemáticamente a un grupo de empresas, vulnerando los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.
El Ministerio Público también afirma que los procesados habrían utilizado figuras legales —como nombramientos, contratos y emisión de cheques— para montar una estructura destinada a defraudar a la comuna capitalina en perjuicio de la ciudadanía. Además, la acusación señala que varias licitaciones fueron direccionadas a determinadas firmas, contraviniendo las disposiciones de la ley de contrataciones públicas.
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Feminicidio de Deisy: Corte convoca a jueza de Paz por presuntas negligencias
El pleno de la Corte Suprema de Justicia convocó para la próxima semana a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Mariana Fariña, para que comparezca ante los altos magistrados en el marco de la investigación sobre las actuaciones judiciales previas al feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez, ocurrido días atrás en Lambaré. La convocatoria se produce tras detectarse presuntas demoras y falta de diligenciamiento de las medidas de protección que la joven había solicitado antes de ser asesinada.
Igualmente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, presentó los primeros resultados de la auditoría de reacción inmediata sobre el caso de Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio el 8 de octubre en Lambaré. Según el informe, pasaron ocho días hábiles entre la recepción de la denuncia por incumplimiento de la orden de alejamiento y la audiencia de ratificación. Ante esta situación, la Corte resolvió convocar a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Fariña, para que comparezca y brinde detalles sobre su actuación.
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La magistrada comunicó a la Fiscalía el supuesto desacato de Aldo Alexis Duarte Moreira, expareja de la víctima, el 7 de octubre, un día antes del crimen. Sin embargo, Jiménez Rolón advirtió que no existen constancias de que se haya diligenciado el oficio mediante el cual el juzgado debía comunicar formalmente al Ministerio Público el incumplimiento de la medida de protección.
El ministro explicó que Deisy presentó la denuncia el 18 de septiembre y que la jueza de turno, Natalia Molas, dictó ese mismo día la medida de protección y la orden de alejamiento contra Duarte Moreira. Por cuestiones de territorialidad, el expediente pasó al Juzgado de Paz de Lambaré, que recibió la documentación el 21 de septiembre. Posteriormente, durante la audiencia, Deisy ratificó su denuncia e informó que su expareja había incumplido la orden judicial. El 7 de octubre, Fariña notificó el hecho a la Fiscalía para que investigara el presunto desacato, pero no se encontró constancia de que el oficio haya sido efectivamente diligenciado.
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