La jueza penal de Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Héctor Grau, acusado por lesión grave, cuya víctima fue el joven Benjamín Zapag. La magistrada le dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo para el segundo procesado Marcello Fretes. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Con relación al segundo procesado Fretes, ahora será el fiscal general del Estado quien tendrá que definir si se ratifica en la posición inicial del pedido de sobreseimiento definitivo o rectifica y pide igualmente que el caso se eleve a juicio oral.
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De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Zapag fue detenido a la salida del sanitario de una discoteca asuncena, en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. Mientras que el acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.
En caso de que la defensa Grau no apele la resolución de la jueza Lovera, se tendrá que sortear el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso.
El Ministerio Público, durante la audiencia preliminar, se había ratificado en la acusación contra Grau, mientras que para Fretes pidió el sobreseimiento definitivo. La querella representada por Ricardo Preda no estuvo de acuerdo con dicho pedido.
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Caso Sol Chávez: fijan para el 30 de abril inicio de juicio oral contra odontóloga y bioquímica
El próximo 30 de abril a las 12:00 horas se fijó el inicio del juicio oral y público para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez quien murió por intoxicación por flúor. El presidente del tribunal de sentencia Juan Francisco Ortiz citó a las partes para el 30 de abril para poder iniciar el juzgamiento contra las dos acusadas en el grave caso.
Los padres de la joven Sol Chávez, se han encadenado frente al Palacio de Justicia exigiendo justicia por la muerte de su hija y la aplicación de penas más justas para las acusadas que ocasionaron el lamentable hecho.
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Condena anulada
En diciembre del año pasado, el tribunal de Apelación, integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, anuló la leve condena de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, acusadas por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez Franco, de 22 años, quien murió por intoxicación de flúor, el 9 de abril de 2021.
Los jueces señalaron que la sentencia cuestionada “denota claras contradicciones y falta de fundamentación por parte del tribunal de Sentencia en relación con el artículo 65 del Código Penal en cuanto a los fundamentos esgrimidos para llegar a la decisión adoptada, habiendo incurrido la sentencia en vicios consistentes en una fundamentación insuficiente y contradictoria”.
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A Ultranza Py: jueza elevó a juicio oral proceso de acusado de formar parte del esquema de Tío Rico
La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Rodrigo Emilio Montalva Agüero, detenido en febrero del año 2024 en el marco de la causa A Ultranza Py y quien es considerado parte del esquema criminal presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que Montalva actuaba como operador logístico y financiero del presunto líder narco Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y que utilizaba su empresa Guaraní Business Import & Export S.A. como fachada para enviar cargamentos de cocaína ocultos en mercaderías lícitas hacia Europa y África.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal logró exportar más de 17.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mediante operaciones encubiertas a través de compañías aparentemente legales, entre ellas Guaraní Business, Maxigrains, Artis S.A. y Neumáticos Guairá, todas vinculadas a los imputados.
Montalva fue detenido el 3 de febrero del 2024, en un intento de fuga hacia Brasil por el Puente de la Amistad. En ese momento presentó un documento de identidad falso a nombre de su hermano y portaba una importante suma de dinero en efectivo. Ya en el año 2022 había sido declarado en rebeldía y contaba con orden de captura internacional.
El Ministerio Público lo acusa de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero y solicita además el comiso de bienes utilizados o adquiridos con dinero ilícito: desde una aeronave Cessna, vehículos de alta gama, montacargas y basculas utilizadas en los procesos de carga, hasta la propia empresa Guaraní Business, actualmente administrada por la SENABICO.
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Justicia argentina confirma que expresidente Fernández irá a juicio por violencia de género
- Fuente: AFP
La justicia argentina confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, para que enfrente un juicio oral por los delitos de “lesiones graves” y “amenazas coactivas” en contexto de violencia de género contra quien era su pareja cuando ejercía la presidencia (2019-2023).
El exmandatario, de 66 años, había apelado el procesamiento del juzgado federal de primera instancia en febrero pasado, pero la Cámara Federal de Apelaciones no hizo lugar a los planteos de su defensa.
En el fallo de 82 páginas, al que accedió la AFP, Martín Irurzun, uno de los dos jueces que votó a favor de confirmar el procesamiento, dio por acreditadas “las diferentes formas de violencia de género que de manera continuada, entre 2016 y 2024, el imputado ejerció sobre la víctima”.
El magistrado señaló además que la violencia ocasionó “graves daños” en la salud de la exprimera dama, la periodista Fabiola Yáñez, “que fueron suficientemente probados”.
Irurzun también escribió que la “marcada desigualdad de poder” que Fernández mantenía sobre Yáñez y el “aislamiento” al que por estos hechos se vio sometida en la residencia presidencial “fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”.
En tanto, el juez que votó en disidencia de sus dos colegas, Roberto Boico, propuso eximir a Fernández por detectar fallas y “sesgo” en la investigación.
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La causa inició el 6 de agosto pasado, cuando la ex primera dama denunció por violencia física y psicológica a Fernández, con quien tiene un hijo de 3 años.
Entre las pruebas recabadas en la causa se encuentran las halladas en el teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, con fotografías que le había enviado Yáñez en las que aparecía con hematomas en su rostro y cuerpo.
El expresidente negó a través de un escrito en febrero haber ejercido “violencia física psicológica o económica” contra su expareja, y durante el proceso cuestionó la falta de testigos presenciales de lo que se le imputa, que los chats no fueron extraídos del dispositivo original y que los hematomas se correspondían con un tratamiento estético.
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Acusan y piden juicio oral por el delito de coacción para Luis Montanaro
El fiscal Federico Delfino, presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción cuya víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por el cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.
El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos de pruebas que se han recolectado durante la etapa investigativa. Ahora el juzgado penal de garantía deberá fijar una fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público.
De acuerdo a la investigación, el día 3 de noviembre del 2024, el investigado se habría apersonado hasta Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.
Seguidamente, luego de retirarse, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así, que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro Bedoya (Avenida España y Dr. Escobar – Edificio Gral. Genes 623 de la capital).
En dicho lugar, Montanaro Bedoya, habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas (las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, a la denunciante de la causa que investiga la primera y a sí mismo), más la suma de G. 700.000 (setecientos mil guaraníes) y unas direcciones en la ciudad de Asunción.
Montanaro Bedoya, además, habría dado indicaciones a Alderete de que se dirija hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de 3 ramos florales que él mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos sean entregados en los domicilios provistos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy acusado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y realizó el mandato dado por Montanaro Bedoya.