El abogado Daniel Lobo, defensor del pastor José Insfrán Galeano, imputado por lavado de dinero, producto presuntamente del narcotráfico, recusó a la jueza Rosarito Montanía, por supuesta falta de imparcialidad, alegando que la magistrada siente un inefable odio hacia el representante del procesado.
Ahora será un tribunal de apelación el que una vez más deberá estudiar si corresponde confirmar o no a la magistrada Rosarito Montanía en el proceso penal.
Lobo Corbeta sostuvo que la jueza demostró su falta de imparcialidad, mencionando que perdió el apego a la ley, con el solo efecto de perjudicar a su representado.
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Días atrás, el pastor Insfrán fue trasladado bajo fuerte dispositivo de seguridad a la cárcel de Emboscada, donde actualmente está cumpliendo la resolución judicial.
Según la investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py, que implica en una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia, y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué desde mayo del año pasado.
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Caso Zapag: jueza ordenó el sobreseimiento definitivo de Marcello Fretes
La jueza penal de garantía Cynthia Lovera hizo lugar al sobreseimiento definitivo del joven Marcello Giovanni Fretes Laterra, quien en su momento fue procesado por lesión grave por la golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag. Con la presente resolución judicial, Fretes queda desvinculado de forma definitiva del proceso penal.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el juzgado penal de garantía a cargo de la referida magistrada. Es importante mencionar la Fiscalía General del Estado fue la que ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo de Fretes.
Asimismo meses atrás, la jueza Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Héctor Grau, acusado por lesión grave, cuya víctima fue el joven Benjamín Zapag. Se deberá sortear el tribunal de sentencia que a su vez fijará la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Zapag fue detenido a la salida del sanitario de una discoteca asuncena, en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. Mientras que el acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión a Zapag.
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.
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Justicia rechaza amparo y prohíbe a Universidad privada ofrecer carrera de Medicina en CDE
La jueza Carmen Barrios rechazó el amparo promovido por la Universidad Autónoma San Sebastián filial Ciudad del Este contra el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). La referida casa de estudios presentó el amparo para poder ofrecer la carrera de Medicina, pero con la resolución de la magistrada no se podrá promocionar la carrera.
Barrios sostuvo que “si se hace lugar al amparo se estaría violando la propia ley que rige al ente rector, lo que se considera inadmisible desde todo punto de vista”. Agrega “la vía del amparo no es la idónea para obtener la habilitación de una carrera, máxime cuando existe un procedimiento en trámite y los requisitos están siendo aún evaluados por la entidad competente”, alega la jueza al rechazar la pretensión de la casa de estudios.
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Asimismo la Cámara de Apelación integrada por los jueces Julio Ávalos, Emilio Gómez y Graciela Ortiz revocó semanas atrás el fallo de la jueza de Itakyry Eresmilda Román Paiva, quien concedió una medida cautelar que exigía al Cones abrir la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma San Sebastián, en su filial de Ciudad del Este, pese a que la misma no estaba habilitada legalmente.
Según la resolución de segunda instancia, la medida dictada no reúne el requisito de urgencia, además, no es proporcional ni adecuada para los fines perseguidos. Indican que este tipo de medida son excepcionales y para los casos en los cuales se constate el peligro en la demora, que no se constata en el caso. De acuerdo a una inspección realizada el año pasado en dicha sede, existen irregularidades de infraestructura para la apertura de Ciencias Médicas.
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Encarnación: exigen imputación de pastor brasileño que habría abusado de su sobrina
Hace más de dos meses la familia de una joven que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su tío, un hombre que se desempeña como pastor en la ciudad de Encarnación, exige a las autoridades que el presunto autor sea imputado y cuente con al menos prisión preventiva, ya que temen que se dé a la fuga y no pueda ser procesado por el incidente.
Rubén Paredes, abogado de la familia, en conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, explicó que el pedido de la familia se da atendiendo a que el pastor es de nacionalidad brasileña y temen que escape del proceso, eso sin contar que el sujeto se encuentra en contacto con muchas personas diariamente, ya que se desempeña como pastor en una iglesia de la zona.
El representante de la familia detalló que los mismos inclusive ya presentaron un anticipo jurisdiccional para que se tenga en cuenta como prueba la declaración de la adolescente de 15 años en la cámara Gessel, donde detalló cómo se habría dado el abuso y bajo qué circunstancias.
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“El año pasado a fines del mes de setiembre la adolescente había venido a Encarnación en compañía de su madre y su hermano de visita y se quedaron en la casa de su tío, ellos solían venir aquí y se quedaban en esa casa, en esta ocasión el hombre estaba solo porque su esposa estaba de viaje, de acuerdo al relato de la niña, el acto se habría dado en la habitación del sujeto cuando ella y su hermano estaban durmiendo”, comentó el abogado.
El caso está siendo investigado por la fiscal Raquel Bordón. La familia afectada espera poder acelerar el proceso y evitar que lo sucedido quede impune. La adolescente actualmente se encuentra recibiendo apoyo psicológico y contención, pero es un proceso largo por el cual deberá atravesar.