La jueza penal de Garantía Cynthia Lovera decretó la prisión preventiva del policía Oliver Lezcano Galeano, acusado por el homicidio del militar Líder Ríos. El agente policial logró escapar del penal de Tacumbú el año pasado y fue recapturado este viernes conduciendo un rodado denunciado como robado.
Lovera dejó en claro en su resolución que el uniformado será destinado a una cárcel de máxima seguridad, teniendo en cuenta los antecedentes de fuga del procesado.
El hombre se encontraba circulando a bordo de un vehículo que fue denunciado como robado en la mañana de este viernes, pero que contaba con sistema de GPS, por lo que era monitoreado y pudo darse rápidamente con su ubicación.
“La empresa de rastreo nos pasó las coordenadas de dónde se encontraría el automóvil robado, entonces procedimos a desplegar a los equipos de la zona que lograron detener el rodado. Fue allí que se percataron de que la persona que estaba a bordo era el exoficial fugado de la cárcel”, indicó el comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince.
El agente policial se fugó de la penitenciaría nacional de Tacumbú el 28 de septiembre, donde cumplía prisión preventiva desde el 26 de enero de 2023. Su fuga fue motivo de polémica debido a que el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini, había asegurado a pesar de no contar con pruebas que el mismo fue asesinado y desmembrado dentro de la cárcel, versión que posteriormente fue desmentida con un video de parte del procesado agente policial.
Lezcano fue acusado por la muerte del militar Líder Javier Ríos Cañete, quien trabajaba en una plataforma. El caso se publicó y luego de una investigación policial - fiscal se pudo llegar hasta el presunto responsable del suceso que enlutó a una familia.
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Baruja aclara que no se tocarán fondos de otros proyectos financiados como Che Tapyi
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, aclaró que no se tocarán los fondos de otros programas de acceso a la vivienda, como Che Tapýi, para solventar el programa Che Róga Porã.
La aclaración del ministro se da en torno al decreto del Poder Ejecutivo, que autoriza una ampliación en los fondos para el proyecto de Che Róga Porã, y encarga al Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia de Desarrollos (AFD) para de gestionar con la República de Taiwán una línea de financiamiento a favor del proyecto del programa Che Róga Porã.
“Hay que tener en cuenta que ya hay un fondeo inicial de un poco más de 50 millones de dólares entre lo que tiene la AFD y también el Banco Nacional de Fomento y esta nueva línea de financiamiento se sumaría a aumentar el capital para nuestro programa”, explicó en entrevista con el programa “Show de noticias”, emitido por canal GEN.
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Agregó que, este decreto, no implica que el MUHV utilice otros programas, en este caso, el destinado a las familias indígenas. “Es importante también aclarar que ni un solo guaraní fue, ni será tocado de lo que el programa Che Tapýi para ser destinado a otro tipo de programa”, apuntó.
Señaló que la intención del presidente de la República, Santiago Peña, es hacer más viviendas para, en este caso, sectores trabajadores que tienen como ingreso entre uno y cuatro salarios mínimos. El programa Che Róga Porã es para este segmento.
“Es un programa más que se suma a los otros programas que tenemos dentro de la institución y dentro de esos que ya lo tenemos, y que se está ejecutando, es Che Tapýi justamente, donde hoy tenemos muy buena cantidad, casi 800 viviendas que se están llevando adelante a través de este fondeo y eso va a seguir”, explicó.
Así también, mencionó que el decreto, el Ejecutivo encomienda al Ministerio de Economía y a la AFD, que son los que van a tramitar, manejarán los detalles y es el ámbito natural justamente de la gestión de los préstamos es el Ministerio de Economía.
“A nosotros no nos corresponde como Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat ese rol, por lo cual nosotros lo que hacemos es proyectar, hacer las proyecciones y el Ministerio de Economía es el que va a tramitar con estas gestiones”, sentenció.
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Feriado de Batalla de Boquerón se traslada al lunes 30 de setiembre
La vocera de Gobierno, Paula Carro, anunció en la tarde de este martes, que el presidente de la República Santiago Peña firmó un decreto por el cual traslada el feriado del 29 de setiembre, fecha que conmemora la Batalla de Boquerón, al lunes 30 de setiembre, con lo cual se establece un nuevo feriado largo para este año.
En conferencia de prensa, la vocera explicó que la decisión se tomó a propuesta de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), con el objetivo de impulsar el turismo nacional en primer lugar, y en consecuencia la economía de los pequeños comerciantes.
Carro destacó que la ministra de Turismo, Angie Duarte, está trabajando constantemente a fin de promover esta iniciativa para que el sector turístico siga creciendo y aportando al desarrollo sostenible en todo el país. “El impacto del turismo va más allá de lo económico, influenciando también en lo social y cultural en la población”, afirmó.
Agregó que durante ese fin de semana largo de setiembre también se estará celebrando el “Día Mundial del Turismo” que será el viernes 27 de setiembre, según lo dispuesto por la ONU Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas, reforzando la importancia del sector.
Remarcó que esta decisión de trasladar el feriado tiene una motivación económica, igualmente, ya que los feriados largos movilizan a la población y por ende a las economías locales de los diferentes departamentos del país.
“Esta medida se basa en el éxito reciente de la Semana Santa, que mostró una ocupación hotelera del 92 % al 100 % en los principales destinos del país. El turismo ha demostrado ser un precursor del desarrollo y progreso comunitario, beneficiando a toda la población”, concluyó.
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Sentencia de Trump se dará el 11 de julio, ¿irá a la cárcel?
El equipo del expresidente Donald Trump se prepara para presentar, en los próximos días, una nueva batería de mociones antes de que se dicte la sentencia que escuchará el exmandatario el próximo 11 de julio, en el comienzo de una ofensiva legal que podría culminar con una larga apelación, que podría acabar dilucidada más allá de las elecciones presidenciales de noviembre.
Donald Trump no tendrá problema en mantener su candidatura a la presidencia a pesar de haber sido declarado culpable este pasado jueves por 34 cargos relacionados con la falsificación de registros financieros para silenciar con dinero a la actriz de cine adulto Stephanie Clifford, también conocida como ‘Stormy Daniels’, sobre una relación sexual. Nada en la ley electoral estadounidense le obliga a retirarla y Trump, que se ha declarado en las últimas horas como “preso político”, víctima de una persecución, ni siquiera se lo ha planteado.
Sin embargo, tanto el magnate como su equipo tienen claro que la condena será empleada por sus rivales demócratas como una cuña para hacer mella en su campaña a la reelección, comenzando por el hecho de que Trump escuchará la sentencia del juez Juan Merchan el próximo 11 de julio, solo cuatro días antes del comienzo de la gran convención nacional republicana que se celebrará en Milwaukee, al término de la cual será declarado formalmente como el abanderado del partido en la carrera a la Casa Blanca.
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Por ello, el equipo de Trump busca primero mitigar el efecto inmediato de la condena del jueves con la presentación en los próximos días, de una propuesta de la condena que preferiría su cliente de entre las opciones que baraja el magistrado. La cárcel, sin quedar descartada -- cada uno de los delitos por los que ha sido condenado contempla una pena máxima de cuatro años entre rejas -- no parece probable dada la edad de ex presidente y su ausencia de antecedentes.
Parece más factible que Trump será sentenciado a libertad provisional o arresto domiciliario acompañados del pago de una multa. Sus abogados quieren aplazar la fecha de la sentencia con la probable presentación de una solictud de aplazamiento de la sentencia, porque en el momento en que el juez Merchan decida qué hacer con Trump, ocurra lo que ocurra el magnate ya podrá ser descrito formalmente como un “criminal convicto”.
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La jugada legal más probable a corto plazo es que el equipo legal apele inmediatamente la sentencia que decida el juez Merchan, y que por lo tanto no entraría en vigor hasta que terminara el proceso de apelación. Los abogados del expresidente esperan el proceso se dilate hasta más allá de las elecciones de noviembre. De momento, su intención es la de disputar la futura sentencia ante el Primer Departamento Judicial de la División de Apelaciones de Nueva York. Si esta corte confirma el dictamen de Merchan, sea cual sea, a Trump todavía le queda una última opción, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, la más alta instancia estatal a este respecto.
Cabe esperar que, durante estos procedimientos, los abogados de Trump empleen como instrumento de defensa que el proceso contra su cliente estuvo condicionado en todo momento por su imagen pública. “Todos y cada uno de los miembros del jurado conocían a Donald Trump, o como presidente, o como candidato o como presentador de ‘El Aprendiz’”, explicó a CNN su abogado, Todd Blanche, en referencia al conocido show presentado y producido por el magnate a principios de la década de los 2000. “Y nuestro sistema de justicia no está preparado para esta clase de casos, en los que todo el mundo que pisa el juzgado parece estar al tanto de cada minucia”, ha añadido.
Fuente: Europa Press.
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Perú: inclusión de identidades diversas en cobertura de salud mental generó protestas
Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo las identidades diversas de género. Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.
La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La protesta transcurrió pacífica y congregó a más de 200 activistas que corearon lemas pidiendo la derogatoria del controvertido decreto. “El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia” indicó a la AFP Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024 y presente en la manifestación.
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El decreto
Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.
Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.
Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año. “El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.
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¿Qué dice el gobierno?
En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo. Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.
Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental. “El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.
Piden la derogación
Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. “Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.
“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente. En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.
“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización. Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.
Un temor mayor
En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación. “Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.
Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.
Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión”. Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.
Fuente: AFP.