El juez Humberto Otazú fijó para los primeros días de marzo la audiencia de imposición de medidas cautelares para Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, imputada por lesión de confianza junto a otras 19 personas más. Foto: Archivo
En marzo impondrán medidas a intendenta de Quyquyhó, imputada por lesión de confianza
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El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para los días 4, 5, 6 y 7 de marzo la audiencia de imposición de medidas a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y a otras 19 personas imputadas por los delitos de administración en provecho propio y asociación criminal por un supuesto perjuicio de G. 338.595.000 entre los años 2011 y 2017.
El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión por lo que el referido magistrado tendrá que estudiar si corresponde hacer lugar al pedido o en su defecto se ordena la prisión de los imputados.
Semanas atrás el citado magistrado decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes y trabar embargo preventivo de las cuentas habilitadas de Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, y otros 21 imputados por administración en provecho propio y asociación criminal en el marco del proceso por negociados en la Municipalidad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
Imputación
Según los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó.
En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000. Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.
La sala penal de la Corte confirmó la competencia de los camaristas del Chaco que deben estudiar la recusación contra el juez de garantía, Elbis Bernal. Foto: Gentileza
Corte rechazó chicana de juez acusado por acoso sexual
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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una chicana más presentada por el juez de sentencia del Chaco, Amado Yuruhan, quien había recusado a los integrantes del tribunal de apelación del Chaco.
Con la citada resolución judicial se ratifica la competencia de los camaristas quienes deben estudiar los recursos pendientes hasta la fecha que impiden llevar a cabo la audiencia preliminar para el citado magistrado acusado por acoso sexual.
Igualmente los integrantes de la máxima instancia judicial mencionaron a los jueces que tienen la facultad de aplicar sanciones, en caso de que el procesado siga dilatando la causa.
Los ministros Carolina Llanes, César Diesel y Gustavo Santander confirmaron la competencia de los jueces Rosana Ortiz, Ricardo Gosling y César Denis Macoritto, integrantes del tribunal de apelación de Boquerón.
Los ministros Santander, Diesel y Llanes coincidieron en que los argumentos presentados carecen de sustento jurídico y probatorio. Explicaron que la sanción cuestionada fue ordenada por un juez de primera instancia y no por los magistrados recusados.
Acusación
El fiscal Andrés Arriola presentó acusación por acoso sexual contra el magistrado Yuruhan y solicitó que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público. La denuncia fue presentada por una mujer que se desempeñaba como limpiadora en el juzgado de la citada localidad chaqueña.
Los antecedentes del caso señalan que el 17 de octubre de 2022 una mujer denunció que Yuruhan la invitó a salir, invitación que fue rechazada y luego, cuando ella estaba haciendo el trabajo de limpieza del despacho del magistrado, este la llamó en el baño y cuando la denunciante ingresó, el hombre presuntamente la abrazó y la besó a la fuerza.
Operativo Berilo: el 8 de mayo se definirá si Cucho Cabaña y otros van a juicio oral
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Para las 8:00 del próximo jueves 8 de mayo se fijó la realización de la audiencia preliminar de Reinaldo Javier “Cucho Cabaña y una veintena de acusados por hechos relacionado al narcotráfico y lavado de dinero en el marco del operativo Berilo. La diligencia judicial se llevará a cabo ante el juez Penal de Garantía, Miguel Palacios, quien deberá decidir si eleva a juicio oral el proceso penal.
La audiencia preliminar para los procesados por el caso conocido como Berilo ya se viene suspendiendo en más de diez oportunidades, por lo que ya se espera que se realice la diligencia judicial.
Actualmente Cucho Cabaña está con arresto domiciliario debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima por el delito que enfrenta. Igualmente, otros procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión.
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
El senador Rafael Filizzola está acusado por lesión de confianza por haber ocasionado un perjuicio de G. 1.200 millones a la Policía Nacional. Foto: Archivo
El senador Rafael Filizzola sigue eludiendo audiencia preliminar por lesión de confianza
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Se suspendió una vez más la audiencia preliminar del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza en el caso de licitación de comisarías en el que se estima que existió un perjuicio de G. 1.200 millones a la referida institución. La diligencia se tenía que realizar ante el juez Yoan Paúl López, quien tiene que definir si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal.
La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa del parlamentario pidió la suspensión atendiendo a que el abogado Guillermo Duarte -defensor de Filizzola- tenía fijado otro juicio oral y público con anterioridad .
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
Ante el juez penal de Garantía Víctor Hugo Ronzewski, se llevará a cabo la audiencia preliminar de dos acusados por el homicidio de un conductor de plataforma. Foto: Néstor Soto.
Juez definirá si acusados por homicidio de conductor de plataforma van a juicio oral
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Este martes, a las 7:30, se deberá realizar la audiencia preliminar de dos acusados por el homicidio del conductor de plataforma, Derlis Aranda, ocurrido el pasado 4 de febrero de 2024, en Villa Hayes, donde la víctima recibió dos heridas de arma blanca en el estómago y un disparo en la cabeza ya estando en el suelo tras caer desplomado.
La audiencia se llevará a cabo ante el juez penal de Garantías de Villa Hayes, Víctor Hugo Ronzewski, quien deberá resolver si eleva el caso a juicio oral y público. Los acusados en el presente caso son Justo Germán Benítez Méndez y Maximiliano González Fernández, ambos con antecedes.
Por su parte la familia del conductor de plataforma va a ir hasta el juzgado de Villa Hayes a pedir que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público y a su vez a exigir Justicia por el grave suceso registrado en febrero del 2024.
En caso de que el presente caso se eleve a un juicio oral y público se tendrá que sortear quiénes serán los jueces de sentencia que deberán luego fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral y pública.