Fiscalía allanó la Caja Central del IPS ante sospecha de mala administración de fideicomisos
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El fiscal de la Unidad Penal Nº 5 de Delitos Económicos, Néstor Coronel, encabezó este jueves un allanamiento en la Gerencia Financiera de la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS), ante la denuncia de una supuesta mala administración de fideicomisos cuya cifra asciende a más de G. 2.800 millones.
Las oficinas intervenidas fueron la Dirección de Tesorería, la Dirección de Contabilidad y la bóveda del IPS, para solicitar documentación tras la denuncia presentada por el presidente del Consejo de Administración de la previsional.
Al respecto, Coronel indicó que luego de la presentación de la denuncia que se realizó esta semana, y tras una rápida evaluación de la misma resolvieron constituirse en la Caja Central para recabar mayor información y documentaciones que servirán para construir y sostener las denuncias sobre irregularidades, tanto en el ámbito del fideicomiso en sí, además de bonos, activos y pasivos de la institución.
“La denuncia que tenemos es sobre el periodo que comprende parte del 2020 hasta el 2023, en el que estuvo bajo la presidencia del Dr. Vicente Bataglia al frente de la institución. La denuncia tiene que ver con un negocio fiduciario que fue la colocación de dinero activo del Instituto de Previsión Social en ciertos bancos y que iban direccionados a ciertas obras y que posteriormente esto se desnaturaliza llevándose gastos a otros conceptos que de por sí ya se podría considerar irregular en el ámbito del contrato fiduciario”, comentó.
Aclaró que la investigación está muy incipiente y que se deberá determinar en concepto de qué obras se establecieron esos fideicomisos. Mencionó que la denuncia presentada por la actual administración habla de montos bastante considerables, que rondan los 1,5 billones de guaraníes, así como otro que ronda los 2.800 millones de guaraníes. Pero aclaró que no se puede determinar como daño patrimonial, porque luego de analizar los documentos podrían llegar a determinar un monto exacto, para que luego de eso se pueda individualizar a los responsables.
“La investigación es incipiente, a partir de lo que levantamos hoy, las conversaciones que estamos manteniendo; así como evaluar las actividades que realizaron los auditores externos, estaríamos en condiciones de brindar mayor información. No podíamos hablar aun de fraude, pero sí a partir de las evaluaciones que podamos hacer, podríamos hablar de una posible comisión lesión de confianza”, mencionó.
Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
La jueza Liz Sanabria de Gneiting dijo que preocupa el desconocimiento de las leyes. Foto: Rocío Gómez/Nación Media
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
Los miembros del bloque asesor afirman que la propuesta ejecutiva tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándolo a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Foto: Gentileza
Comisión de Diputados aconseja aprobar la elevación del cálculo de jubilación en IPS
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La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).
Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.
La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.
Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.
El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.
A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.
La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, aseguró que la propuesta del Poder Ejecutivo consistente en elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) no se trata de un planteamiento improvisado e impulsado a las apuradas.
“El proyecto reúne un paquete de medidas que fueron recomendadas por los efectivos estudios actuariales que se vienen realizando desde hace 20 años al IPS. Desde octubre de 2023 venimos reuniéndonos con el presidente Santiago Peña y todo su equipo técnico para informarles sobre la situación real en la que encontramos al IPS y cuáles eran las recomendaciones técnicas que hacemos desde nuestras distintas dependencias y perspectivas”, manifestó.
“Este es un trabajo conjunto realizado desde el sector técnico acompañado, comprendido por el sector político”, afirmó Cubas. Agregó que la iniciativa fue abordada desde la gerencia financiera, la gerencia de prestaciones económicas, la gerencia de salud, la dirección jurídica y la dirección de planificación.
La gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, Vanessa Cubas, manifestó que el proceso de elaboración de la iniciativa estuvo encabezado por el propio presidente Santiago Peña. Foto: Pánfilo Leguizamón
Elevar el cálculo jubilatorio en IPS no es un plan improvisado: “Es un trabajo técnico-político”
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La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, aseguróque la propuesta del Poder Ejecutivo consistente en elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) no se trata de un planteamiento improvisado e impulsado a las apuradas.
“El proyecto reúne un paquete de medidas que fueron recomendadas por los efectivos estudios actuariales que se vienen realizando desde hace 20 años al IPS. Desde octubre del 2023 venimos reuniéndonos con el presidente Santiago Peña y todo su equipo técnico para informarles sobre la situación real en la que encontramos al IPS y cuáles eran las recomendaciones técnicas que hacemos desde nuestras distintas dependencias y perspectivas”, manifestó.
“Este es un trabajo conjunto realizado desde el sector técnico acompañado, comprendido por el sector político”, afirmó Cubas. Agregó que la iniciativa fue abordada desde la gerencia financiera, la gerencia de prestaciones económicas, la gerencia de salud, la dirección jurídica y la dirección de planificación.
De esta forma señaló al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que el proceso de elaboración de la iniciativa remitida días atrás al Congreso Nacional estuvo encabezado por el jefe de Estado y el titular de la previsional, Jorge Brítez.
“Buscar juntos una mejor salida”
“Tengo más de 20 años en el IPS y debo decir que es la primera vez que en poco más de un año de gobierno un presidente de la República nos da tanto tiempo de su agenda. Nos reunimos por lo menos en 4 ocasiones para buscar juntos una mejor salida a los problemas que tenemos en la institución tanto en el fondo de jubilaciones como en la prestación de salud”, dijo.
Detalló además que el proyecto tras lograr su aprobación en el Consejo de Administración de la previsional fue remitido recién al Ejecutivo en junio pasado, en donde se realizaron varios ajustes por parte del equipo de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas.
La gerente de Prestaciones Económicas del IPS sostuvo que el proyecto fue debatido con los gremios de trabajadores, sindicatos, centrales obreras, jubilados y los representantes de los empleadores, citando a la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
“Desde que asumimos es de público conocimiento que hemos puesto a conocimiento de nuestros asegurados y de la ciudadanía en general cuál es la condición en la que encontramos al IPS y cuáles eran las recomendaciones técnicas que hacíamos. Los representantes de los jubilados manifiestan que esta es una modificación necesaria para que se fortalezca el IPS y recupere su equilibrio financiero”, expresó.