Un Tribunal de Sentencia condenó a 12 acusados en el proceso conocido como Marihuana vip. El jurado aplicó sentencias que van de 2 a 10 de pena privativa de libertad, que serán cumplidAs en prisión domiciliaria, al menos hasta que la sentencia quede firme. El tribunal estuvo conformado por los jueces Dina Marchuck, Gloria Hermosa y Víctor Alfieri.
Los condenados son: Rodrigo Marecos, Henry Homzi, Jorge Samudio y Matías Paciello, quienes recibieron 7 años de pena privativa de libertad, mientras que Nicolás Marecos Y Arturo Vega fueron condenados a 5 años prisión. En tanto, Moisés Basualdo a dos 2 años prisión; Monserrath Barros, Diego Elizeche, Francisco Gutiérrez, Eugenio Méndez y Gabriel Martín recibieron una condena de 10 años, 6 meses.
La Fiscalía solicitó penas de entre dos años y medio hasta 12 años, pero finalmente el Juzgado optó por tiempos diferenciados que van de 5 a 10 años. La jueza Gloria Hermosa, en comunicación con la 1020 AM, dijo que son 4 grupos distintos, con diferentes conductas. “Las condenas son distintas por las conductas que se probaron en el juicio oral y público y las solicitadas por el Ministerio Público por las distintas conductas”, comentó.
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Los implicados se dedicaban a comercializar el producto ilegal utilizando la promoción “de boca en boca”, explicó fiscala Ingrid Cubilla. Agregó que luego lo hacían por delivery, resaltando que la clientela de los condenados eran personas con buenos ingresos.
“Significa que, los clientes, las personas que adquirían la droga, también tenían situaciones socioeconómicas más elevadas de lo que usualmente estamos acostumbrados a ver, con relación al consumo de marihuana”, expresó. En la producción de la marihuana, los condenados utilizaban luces ultravioletas en los invernaderos, además de unos sistemas de riego especial, así como otros recursos poco usuales para la siembra y cosecha del cannabis.
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A 20 años del secuestro y muerte de Cecilia Cubas: “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella?”
Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)
Hoy se conmemora dos décadas del secuestro de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky. Cecilia era una persona alegre y con muchas ganas de vivir, cuya vida fue truncada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Con solo 31 años, Cecilia fue tomada de rehén por el grupo criminal que tres meses después decidió acabar con su vida. Su familia aún se pregunta por qué la mataron y acompaña en el dolor a cada uno de los secuestrados en Paraguay.
El 21 de setiembre del 2004 Cecilia estaba por llegar a su casa cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la secuestró. “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella? ¿por qué le hicieron esto? ¿por qué le mataron? Son preguntas que nunca van a tener respuesta porque no hay forma de justificar lo que le hicieron”, expresó su hermana, Silvia Cubas, en entrevista con La Nación/Nación media.
Resaltó que recuerda todo como si fuese ayer y que los cuatro meses que Cecilia estuvo secuestrada fueron de esperanza, de que pudiera volver con vida de aquella terrible pesadilla.
“Nadie está preparado para atravesar una situación como la que nos tocó vivir a nosotros y les toca vivir a otras familias acá, en Paraguay, pero llega un momento en el que te das cuenta de que lo que te mantiene en pie durante un secuestro es la esperanza de que tu familiar, en este caso mi hermana, sea liberado y pueda volver sano y salvo”, subrayó Silvia.
Terminó la esperanza
La familia Cubas Gusinky quedó destrozada tras la terrible noticia de que su querida hija Cecilia fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Ñemby, pero entregarse al dolor no era una opción por lo que se propusieron a buscar justicia. Durante estos 20 años hubo logros importantes, fueron condenadas varias personas, pero aún hay prófugos.
“Cuando esa esperanza se termina, lo único que uno piensa es ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestro caso, como familia, decidimos que no íbamos a entregarnos al dolor que nos produjo lo que le hicieron a Ceci. Sobre todo mi mamá, Mirta Gusinky, que dedicó su vida a pelear por una justicia verdadera para mi hermana”, relató.
Silvia profundizó que aprendió a convivir con lo que vivieron como familia, “uno no se olvida, no es que pasa, es una marca, una herida que uno lleva de por vida” y para la que nadie está preparado, “que le pongan precio a la vida de un familiar y que decidan matarlo porque no cumpliste con las expectativas o simplemente porque era el plan que tenían diseñado”, lamentó.
Primera víctima fatal del EPP
Cecilia Cubas es la primera víctima fatal de secuestro del EPP, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país.
“Fue la primera víctima mortal del EPP y es impresionante cómo el país sufrió con lo que le pasó. Creo que, a través de nuestras palabras, es como que toda la gente la pudo conocer y hasta quererle. Entonces, es como que esto fue un golpe realmente para todos los paraguayos, no solo para la familia y los amigos de Cecilia”, indicó Silvia a LN.
“Era una luz”
Recordó a su hermana mayor como una persona alegre, auténtica, cariñosa, generosa y muy inocente, que nunca veía malicia en las demás personas. Explicó que Cecilia pensaba que todas las personas eran como ella, buenas, jamás hubiera imaginado que unos criminales iban a acabar con su vida.
“Era una luz, brillaba siempre y no necesitaba decir ni hacer nada, transmitía muchísima alegría donde quiera que vaya. Era una persona súper sensible y las situaciones dolorosas le afectaban muchísimo. Era mi hermana mayor, pero a la vez era como la más chica de la casa, siempre la cuidamos y protegimos más, porque no veía malicia en nadie”, afirmó.
“La Justicia hizo su parte”
Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.
“En el caso de Cecilia todos los detenidos ya fueron juzgados y están cumpliendo su pena o siguen siendo juzgados. Podemos decir que la Justicia hizo su parte, pero nos queda mucho por delante y aún quedan muchos prófugos. Nuestra batalla está lejos de terminar, pero claramente tengo que decir que nos gustaría que el EPP desapareciese”, acotó Silvia.
En la familia no pierden la esperanza y creen que hay instituciones que se están formando correctamente y que están trabajando bien. “En algún momento va a dar resultado visible todo el trabajo que se está haciendo. Hay que tener en cuenta también que muchas veces para que se llegue a algo con un grupo como el EPP hay mucho trabajo por detrás y no es un simple golpe de suerte para que sucedan las cosas”, manifestó.
Justicia por los secuestrados
Silvia pidió justicia para las familias de los que están secuestrados, con quienes mantienen un contacto muy estrecho, porque es una situación que no se puede dejar pasar. “No tenemos que olvidar que hay todavía personas desaparecidas, cuyas familias aún siguen esperando noticias de ellos, esto no toca mucho. Tenemos que unirnos para luchar de manera correcta no solo por un futuro, sino por un presente mejor para cada uno de los compatriotas”, apuntó.
Instó a la población a luchar contra este grupo criminal, a no apañar estos crímenes. “Acá la lucha debería ser siempre de los buenos contra los malos. Todo lo que ellos predican de que han luchado por los más necesitados son mentiras, porque han secuestrado y asesinado a miembros de la sociedad paraguaya sin distinción de ningún tipo”, concluyó.
Datos clave
- El cuerpo sin vida de la joven fue hallado 5 meses después, en febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda ubicada en Ñemby.
- Su familia pagó 300.000 dólares por su liberación, a mediados de noviembre de 2004.
- Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas; luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.
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Estudiante brasileño vendía marihuana “vip” en Mariano
En la ciudad de Mariano Roque Alonso, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a la detención de Eric, alias Kudo, un joven brasileño, estudiante de medicina de una universidad privada ubicada en la zona, donde comercializaba marihuana tipo “vip”, con alta concentración de tetrahidrocannabinol (delta-9-tetrahidrocannabinol). El THC es el principal compuesto psicoactivo que se encuentra en las plantas de cannabis.
La información se dio a conocer en el canal GEN/Nación Media. El operativo fue encabezado por el fiscal Marco Amarilla quien dijo que se constituyó en el lugar tras informes recibidos en la Senad. “Nos constituimos en el lugar donde se estaba comercializando sustancias herbáceas, marihuana tipo “vip” a una clientela mayoritariamente conformada por estudiantes de medicina de Roque Alonso”, dijo.
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En el momento de la intervención el joven tenía en su habitación bolsitas fraccionadas de marihuana, listas para su comercialización. El fiscal mencionó que cada gramo de la sustancia herbácea tenía un precio de 30 mil guaraníes, cuando que en el mercado ilegal un gramo de una “marihuana normal”, se cotiza a 5 mil guaraníes. “Hicimos esta intervención para evitar que esto continúe. Es una zona muy poblada y hay que luchar contra este flagelo”, afirmó.
El funcionario de la Senad, Francisco Ayala explicó por su parte que los productos tenían una marca personal del joven estudiante y lo vendía aparentemente en un círculo estrecho vinculado al segmento estudiantil de medicina.
Informó que en el lugar se encontró igualmente cartuchos no percutidos de escopeta calibre 12, por lo que continúan las averiguaciones para hallar el arma de grueso calibre.
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Nuevo penal de Minga empezó hoy a poblarse con 40 reos y en 15 días aumentaría
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Luego de varios años de atraso de la obra y un periodo de conclusión, ajuste e incorporación de más construcciones, la estructura edilicia del nuevo Centro Penitenciario de Rehabilitación y Reinserción Social de Minga Guazú empezó a tener desde hoy, pasado el mediodía, a sus primeras personas privadas de libertad, todas con condenas, como parte de la inédita separación entre prevenidos y condenados en un recinto penal del país.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, acompañó desde ayer la selección de los que iban a ser trasladados y hoy informó que de 536 personas condenadas que se encontraban en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, fueron llevadas a Minga Guazú 40 personas, todas para las celdas convencionales. Ninguno fue llevado todavía para el pabellón de máxima seguridad.
Cuando se habilitó el nuevo recinto penal hace quince días, el Ministerio de Justicia había informado que irían 55 condenados, de los cuales, 15 iban a ser para el sector de máxima seguridad, pero hoy, al iniciarse el traslado el ministro Nicora informó que son 40.
El titular de la cartera de justicia indicó también que evaluaron 130 perfiles entre los condenados y tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para la selección: haber cumplido más del 50 % de la sentencia, buen comportamiento dentro del presidio, perfil de salud (no tener patologías contagiosas como tuberculosis), crimen cometido y otros aspectos, según expresó Rodrigo Nicora.
“Trabajamos con los perfiles, como yo les llamo, los más buenitos. Encontramos muy buena predisposición, no hubo incidentes”, refirió Nicora, consultado si hubo alguna resistencia para el cambio.
A las 12:30 salieron los tres ómnibus que trasladaron a las personas privadas de libertad hasta el Centro Penitenciario de Minga Guazú, en un trayecto de 20 kilómetros desde el Centro de Ciudad del Este hasta el acceso al nuevo recinto penal, ubicado a 2 mil metros de la Ruta PY02.
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El operativo se realizó con un amplio dispositivo de seguridad, vía terrestre y aérea, ya que el control fue también con helicópteros de la Policía Nacional. No obstante, los reos más peligrosos pertenecientes a facciones criminales no han sido llevados todavía.
En una semana y media se trasladaría otro grupo
El siguiente traslado de personas condenadas se haría en una semana y media aproximadamente, según el ministro de Justicia, y ese grupo ya tendría otro perfil. Dijo que estará trabajando en eso y mientras irán recopilando las informaciones de funcionamiento del recinto nuevo de Minga Guazú y ajustar lo que haga falta corregir.
Siete módulos convencionales y 1 de máxima seguridad
La capacidad del nuevo penal es de 1.237 personas privadas de libertad (PPL). El diseño arquitectónico del establecimiento responde a una infraestructura modular. Cuenta con 8 módulos independientes, de los cuales 7 responden al régimen cerrado ordinario, con módulos convencionales y 1 al régimen cerrado especial o de máxima seguridad. Cada módulo convencional tiene una capacidad para 165 personas privadas de libertad y el de máxima seguridad es para 82 personas.
Una de las innovaciones de este nuevo modelo es que el módulo 8 (máxima seguridad) tendrá restringida la circulación, posee celdas individuales, los privados de libertad tendrán dos horas al aire libre y solo podrán recibir los servicios básicos en sus celdas. Las visitas privadas estarán restringidas y solo podrá darse excepciones de visitas comunes, bajo recomendación del Organismo Técnico Criminológico (OTC) y de los defensores serán con previo agendamiento.
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A dos años del asesinato de Pecci, justicia colombiana condenó a 8 implicados
Este viernes 10 de mayo se cumplen dos años del asesinato del fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, cuando éste disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien poco antes había anunciado a través de las redes sociales que estaban esperando un bebé.
La feliz pareja estaba disfrutando del cálido día que iniciaba la mañana del 10 de mayo del 2022, en las playas de Islas Barú, Cartagena de Indias, Colombia, sin imaginarse que desde hacía varios días estaban siendo vigilados y seguidos por un grupo de personas de nacionalidad colombiana y venezolana que estaban planeando dar fin a su vida.
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Poco después de las 10 de la mañana, dos hombres llegaron a bordo de una moto acuática, fueron directo hasta Pecci y lo ultimaron con tres tiros, uno de ellos dio directo en la cabeza, que prácticamente falleció en el instante. Su esposa, aseguró a la prensa, instantes después, que un guardia del lugar quiso defender a su cónyuge, pero los tiradores también le dispararon. Por fortuna, este salió ileso.
Investigación
Inmediatamente, la noticia sorprendió al mundo entero, movilizando no solo a las autoridades de Colombia y Paraguay, sino también rápidamente se sumó los Estados Unidos, que desplegó un mega operativo internacional. Horas más tarde, se había logrado la plena identificación primero, de los presuntos asesinos del fiscal Pecci, y a través de estos se llegaron a los demás cómplices.
Tras una intensa búsqueda por los diferentes rincones de Colombia, así como por las áreas fronterizas de este país cafetero, a comienzos de junio de ese mismo año se confirmó que los supuestos responsables de fraguar y posteriormente matar a Pecci eran de origen colombiano y venezolano.
Es así que los agentes fiscales de Colombia llegaron a reconocer que el esquema estaba conformado por cinco miembros quienes eran los ejecutores del plan, que hoy en día ya fueron capturados todos y ya cuentan incluso con condenas luego de que fueron capturados en Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, en un basto operativo policial. De acuerdo con las autoridades, los responsables respondían bajo las identidades de Wender Still Scoth Carrillo (el venezolano implicado), Eiverson Zabaleta Arrieta, María Isabel Londoño, Cristian Camilo Monsalve y Francisco Luis Correa Galeano.
Este último, Correa Galeano sería el nexo con los responsables financistas, que según la fiscalía colombiana serían los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, asi como la pareja sentimental de este último Margareth Chacón Zúñiga.
Los hermanos Perez Hoyos aceptaron haber conformado el entramado ilegal para matar al fiscal, y por ende los sentenciaron a 25 años y 6 meses de prisión. Mientras que la mujer que fue hallada culpable y condenada a 39 años y 10 meses, luego que la justicia colombiana determinara que la Chacón Zúñiga tuvo un papel fundamental en el atentado y la considera uno de los cerebros del hecho que conmocionó al mundo.