El agente fiscal de Emboscada, Gedeón Escobar Torres, presentó imputación en contra de Jorge Daniel Silva Ortega, por asesinar a su hijastra de tan solo 1 año y 11 meses de edad. La representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías, la prisión preventiva del procesado, aprehendido luego del suceso.
Ahora el imputado deberá ser convocado por el juzgado Penal de Garantías de Cordillera para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el procesado será trasladado a una penitenciaria de nuestro país. Una vez que se lleve a cabo la citada diligencia judicial se definirá en que cárcel estará privado de libertad.
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De acuerdo a la investigación, el hecho se produjo el 14 de enero del 2024, a las 18:10, en una compañía de la localidad de Emboscada, donde se encontraba Silva Ortega, quien había quedado al cuidado de la pequeña víctima.
La niña habría sido agredida por el hombre con golpes de puño, a la altura del rostro y la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata. La víctima fue inspeccionada por el médico forense del Ministerio Público, cuyo informe señala como causa de muerte traumatismo de cráneo.
El hecho causó gran indignación en los pobladores de la ciudad de Emboscada, en donde exigieron justicia por el brutal crimen de la niña de 1 años y 11 meses de edad.
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Caso Gomes: se aguardan resultados de las pericias de la Fiscalía y de la contraparte
El fiscal Christian Ortiz detalló que sigue el proceso de investigación por el fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y que se aguardan los peritajes de los intervinientes como de la contraparte, la defensa de la familia de Gomes. Durante un allanamiento, en el marco de la causa Pavo Real II, ocurrido el pasado 19 de agosto en su domicilio, el legislador habría reaccionado a tiros contra los agentes policiales, que respondieron y se produjo el deceso.
“Los peritos por las partes ya fueron ofrecidos. Resulta ser que nuestro código establece ciertas pautas con respecto a los derechos que tienen las partes a intervenir y forma parte de esos derechos y están establecidos en el código de reformas el tema de ampliar e impugnar inclusive puntos de pericias, así como también el ofrecimiento de peritos”, explicó Ortiz, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agrego que “los peritos ya están designados, ya prestaron juramento ante el juzgado y los puntos que están establecidos”. A partir de ahora, se aguarda que se presenten las pericias de ambas partes para “comparar” los hechos que se dieron durante el allanamiento realizado en el domicilio del entonces diputado.
“Una y otra parte van a tener sus pericias, se van a analizar, confrontar seguramente también las conclusiones que se vayan a llegar, y sobre aquellos puntos que no vayan a quedar claros seguramente está dentro de la potestad del Ministerio Público y mismo también del juzgado de solicitarles una ampliación con respecto a esos puntos”, explicó.
El hecho punible por el cual fue abierta esta causa fue “un hecho punible contra la vida”, explicó el agente fiscal, por lo que lo realizaron las acciones en protocolo de lo que se trata como homicidio justamente “para colectar todos los elementos de convicción posibles, asegurarlos y a partir de allí cubrir todas las aristas que podrían darse durante la investigación”.
Aclaró que las investigaciones que lleva adelante el equipo fiscal se inició a partir de lo ocurrido en el allanamiento, no así el procedimiento en sí que se llevó adelante en la madrugada del 19 de agosto. “Hay que recordar que realizado el procedimiento ocurrió la muerte del que en vida fuera el diputado Eulalio Gomes, a partir de allí tomaron intervención colegas de la zona en un primer momento y luego fue conformado el equipo por parte de la fiscalía general”, apuntó.
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A 10 años de la ley de acceso a la información pública destacan avances
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la promulgación de la ley de acceso a la información pública, el Ministerio Público organizó un conversatorio interinstitucional, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El debate fue encabezado por el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández.
Esta oportunidad que sirvió para compartir las buenas prácticas, una observación interna de las áreas públicas que tienen a su cargo el procesamiento y cumplimiento de la ley, compartiendo las buenas prácticas a nivel local. Además, reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de accesibilidad. Igualmente, se visualizó los datos abiertos como mecanismo de transparencia y participación ciudadana.
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El debate contó con la colaboración y disertación de la politóloga Eugenia Braguinsky, experta en políticas de acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto. Además, la misma fue directora de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de la Argentina y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Justicia Abierta, quien disertó sobre los avances en políticas e indicadores de accesibilidad de la información.
Otros expositores fueron el magister en derechos fundamentales, Abg. María José Bazán, quien compartió las experiencias en materia de rendición de cuentas, que fueron abordadas con la sociedad civil mediante el programa de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, a través del Centro de Estudios Judiciales CEJ y de la USAID. También, la mirada de la ciudadanía, desde las audiencias de rendición de cuentas en sus diversas modalidades.
Igualmente, disertó la directora Angélica Caniza, directora de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Magistratura, sobre los mecanismos de Transparencia en el proceso de Selección. La lic. Mercedes Colman disertó en representación del Ministerio de la Mujer sobre el Observatorio de la Mujer y los datos que se comparten desde esa área.
La Abg. Elida Acosta Dávalos, de la dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, se refirió a los procesos de amparo judicial sobre casos de acceso a la información y al repositorio de casos judiciales.
Este evento se realizó en el marco de la política de administración y eje estratégico de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde la Fiscalía General agradecieron el interés y la presencia de los participantes, a fin de redituar en un mejor servicio a la ciudadanía.
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Fiscalía registra este año más de 2.000 causas por imágenes ilícitas de menores
En coincidencia con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora el 23 de setiembre, el Ministerio Público socializó este lunes datos alarmantes sobre dos hechos punibles que involucran a menores: pornografía y proxenetismo. Corresponden a causas tramitadas entre los años 2023 y 2024 que muestran que el delito representa uno de los problemas sociales más graves en Paraguay.
La Fiscalía señala que el año pasado ingresaron 108 causas por el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, mientras que las cifras contabilizadas hasta julio de 2024 indican que se reportaron 2.176 causas. “Parte de estos números corresponde a reportes que llegan a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec), desde Estados Unidos”, aclara el informe.
En tanto, en los dos últimos años se denunciaron 206 casos de proxenetismo ante el Ministerio Público. El año pasado ingresaron 137 causas y, hasta julio de 2024, se reportaron 69 causas con esa tipificación, según informaron la Dirección de Denuncias Penales, Informática y la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. “En lo que respecta a la trata de personas, no se registraron de niños víctimas de explotación sexual en los últimos dos años”, indicó el Ministerio Público.
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Asunción lidera las estadísticas
En cuanto al hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, el 75 % de las causas se concentran en Asunción y Central, siendo la capital la que encabeza las estadísticas. Los meses de mayor registro son abril, mayo y julio. En cuanto al proxenetismo, los meses con mayor número de registros de causas son: junio, julio, agosto, octubre y noviembre.
Entre los departamentos con mayor incidencia se encuentran Central en primer lugar, seguido de Asunción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú e Itapúa, según informó el Observatorio de la Fiscalía. Las autoridades instan a la prevención de los hechos punibles a través de campañas de concienciación sobre los riesgos de aceptar trabajos lejos de sus redes de apoyo. Así también recomiendan mantener la comunicación con la familia o personas de referencia que puedan brindar auxilio en caso de necesidad.
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Chaco: fiscal imputó a cuatro personas por tala ilegal de bosques en propiedad del Indi
El fiscal del Chaco, Andrés Arriola, imputó a cuatro personas por el hecho punible contra la ley 716/96 delitos Ambientales tala de bosques luego de llevarse a cabo un procedimiento en cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo, propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicado en el lugar conocido como Mbutureta del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Los imputados son Bartolome Cáceres Rodas, Leonor Casco Martínez, Pablo Cristóbal Delgado Diana y Gilberto Villalba Insfrán. Asimismo, el representante del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano argentino Guillermo Gustavo de Urrutia. Una vez que el extranjero sea detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El abogado Juan Ubaldo Godoy Bogado representante del Indi presentó la denuncia en sede del Ministerio Público de Filadelfia, Chaco, por la tala ilegal de árboles de cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo de 26 mil hectáreas de tierra situado en la zona de Mbutureta de Mariscal Estigarribia.
El Ministerio Público, en fecha 18 de septiembre, se constituyó en el inmueble donde se pudo constatar la tala ilegal de árboles debido a que se contabilizó más de 50 rollos de diferentes especies, entre ellos quebracho. También se observó en el lugar 400 postes y otros. Igualmente, se ordenó la incautación de un tractor y otros elementos que estaban en la propiedad del Indi.
El fiscal Arriola pidió al juzgado penal de Garantía de Mariscal Estigarribia, a cargo de Ricardo Gosling, la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Ahora, el referido magistrado deberá admitir el presente proceso penal y realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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