El abogado Farid Gustavo González solo será investigado por el delito de extorsión, según ratificó la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes declararon inadmisible el recurso de casación presentado por el fiscal Federico Delfino. El representante del Ministerio Público recurrió a la resolución del tribunal de apelación que ratificó que el citado profesional del derecho no puede ser juzgado por tráfico de influencia por no ser funcionario público.
El Ministerio Público imputó por extorsión y tráfico de influencia a González, pero la jueza de garantías Diana Carvallo excluyó el delito de tráfico de influencia porque el abogado González no es funcionario público por lo tanto no puede ser procesado por tal delito.
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La Fiscalía imputó a González luego de realizar un procedimiento de entrega vigilada en San Lorenzo, donde el profesional del derecho quedó detenido tras recibir el dinero que exigió para que su esposa pueda beneficiar a una persona en un proceso de violencia familiar.
La víctima del hecho, Pamela Núñez, denunció que había pedido que se haga un cruce de llamadas en la causa que tiene contra su agresor, Carlos Vigo, ya que este incumplía con sus medidas y que incluso el fiscal solicitó la revocatoria y prisión preventiva, lo que fue rechazado por la jueza Salomón.
Tras el rechazo, la víctima refirió que el marido de Salomón le pidió una suma elevada de dinero, para que salga la resolución a su favor, bajo amenaza de que la contraparte le estaba ofreciendo mucho dinero.
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Consejo de la Magistratura conformó terna para el cargo de defensor general
El Consejo de la Magistratura conformó la terna para designar al titular del Ministerio de la Defensa Pública. Los nominados son: María Lorena Segovia, actual titular de la defensa pública; el camarista de Paraguarí Javier Esquivel, y Nancy Amarilla, hermana del senador Dionisio Amarilla.
Ahora la terna deberá ser remitida a la Corte Suprema de Justicia que tendrá que convocar a una sesión plenaria a fin de estudiar la terna y designar a uno de los ternados para la titularidad del Ministerio de la Defensa Pública.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura Gustavo Miranda, Eugenio Jiménez, Alicia Pucheta, Edgar López, Edgar Olmedo, Gerardo Bobadilla, Enrique Bernis, Gustavo Miranda, y César Rufineli participaron de la sesión donde se elaboró la terna para el cargo de defensor general.
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Los consejeros valoraron igualmente el proceso de elaboración de la terna destacando también las virtudes de cada uno de los postulantes y por sobre todo el alto puntaje que tuvieron cada uno de los que se postularon para el mencionado cargo.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gustavo Miranda señaló que en la sesión extraordinaria se decidió elaborar la terna para el cargo de defensor general del Ministerio de la Defensa Pública cuyos integrantes son Lorena Segovia actual titular del cargo, Javier Esquivel y Nancy Amarilla” señalo el titular de la citada institución.
Miranda puntualizo “la terna será remitida a la Corte Suprema de Justicia para que se pueda elegir al Defensor General”.
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Se inauguró oficina de apoyo y enlace del MDP en la Plaza de la Justicia
Con presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera se llevó a cabo el acto de inauguración de la oficina de información, apoyo y enlace del Ministerio de la Defensoría Pública (MDP), en el marco del Convenio Interinstitucional de concesión del uso de espacio físico en la Plaza de la Justicia de la ciudad de Asunción.
El objetivo es la inclusión y accesibilidad de las personas más vulnerables de la sociedad al sistema de justicia. Participaron del evento, la representante del Ministerio de la Defensa Pública, Lorena Segovia; el viceministro de Justicia, Rafael Caballero, entre otras autoridades.
La oficina situada en el recinto de la propiedad del Poder Judicial para usufructo del MDP, es una oficina de enlace y también de apoyo, que forma parte el convenio marco firmado con anterioridad entre la CSJ y la Defensoría Pública, que tiene como fin principal facilitar el acceso a la Justicia para aquellas personas que no puedan pagar un abogado, y permitir así mayor accesibilidad para direccionar y resolver las necesidades en materia judicial.
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En ese sentido, Benítez Riera, titular de la CSJ puntualizó que “la Corte Suprema de Justicia abre las puertas de la Plaza de la Justicia para que la ciudadanía sea beneficiada. Es un fortalecimiento del servicio de Justicia para todas aquellas personas que buscan acceder al mismo, principalmente personas en situaciones de vulnerabilidad, a las cuales se les da la posibilidad de un acceso directo, donde ya no tendrán la necesidad de recurrir a un punto lejano donde se encuentra asentado el Ministerio de la Defensa Pública”.
Por su parte, la abogada Lorena Segovia explicó que “este establecimiento pretende ser un lugar que posibilite que esas personas que llegan hasta el Palacio de Justicia y no cuenten con un abogado de su confianza, sepan que pueden recurrir a este lugar donde se generará el enlace con los defensores y defensoras”. Asimismo, señaló que la oficina también servirá de apoyo a los integrantes de la Defensa Pública que asisten a la sede judicial.
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Corte sumarió a un abogado por presentar chicanas en juicio civil
La Corte Suprema de Justicia inició un sumario contra el abogado Osmar Fernández por presentar varias chicanas, entre ellas numerosas recusaciones dilatorias en el expediente caratulado “Montego Traiding S.A. contra Conajzar sobre cumplimiento de contrato y otros”.
La secretaría de la Sala Civil de la Corte remitió los antecedentes del presente caso al Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial para dar cumplimiento a la determinación adoptada por los ministros de la Corte de la sala civil que resolvieron remitir los antecedentes del abogado Osmar Fernández, quien en representación de la firma Montego Trading presentó varias recusaciones contra la camarista Graciela Ortiz, y además realizó otras presentaciones al solo efecto de dilatar y trabar el presente juicio civil.
Actualmente, la investigación está a cargo del superintendente general de Justicia de la Corte, Carlos Enciso, quien tendrá que recomendar qué sanción recibirá el abogado sumariado por las dilaciones presentadas en el juicio mencionado más arriba.
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Destraban juicio civil
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, César Garay y Eugenio Jiménez rechazó una chicana más presentada por la firma Montego Trading, por lo que el tribunal de apelación en lo civil y comercial podrá estudiar la confirmación del levantamiento de la medida cautelar dictada en primera instancia.
El representante legal de Montego Trading presentó una reposición contra una resolución de la propia sala civil de la Corte al solo efecto de dilatar el presente juicio. En primera instancia un juzgado en lo civil y comercial resolvió levantar la medida cautelar que tenía a su favor la firma Montego Trading, que debido a dicha decisión judicial, seguía operando a pesar de que ya no estaba habilitada para hacerlo.
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Gobierno argentino arremete contra las organizaciones sociales
Allanamientos de casas de líderes vecinales y comedores populares “inexistentes” marcan los últimos capítulos de la contienda entre el Gobierno argentino, del ultraliberal Javier Milei, y las organizaciones sociales, cuyos dirigentes fueron acusados de extorsionar a sus miembros para que asistan a manifestaciones.
La investigación hecha a pedido del Ministerio de Seguridad señala que miembros de las organizaciones extorsionan a beneficiarios de la asistencia social para que concurran a protestas, paguen un monto de dinero para la entidad o que trabajen para la misma bajo amenaza de quitarles las ayudas.
En Argentina existe la asistencia social del Estado desde hace más de 150 años, pero los programas sociales, como se conocen actualmente, nacieron con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Crecieron y mutaron durante décadas y son concebidos como una ayuda extra y no como un único ingreso, aunque a veces funcionen de esta última manera.
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El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró este miércoles pasado al Senado que en las organizaciones sociales examinadas existe un “esquema de esclavitud moderno”. La pesquisa tuvo su génesis en los llamados realizados al 134, un número que el Gobierno de Milei habilitó en diciembre para denunciar ese tipo de irregularidades.
A raíz de esto, la justicia federal ordenó 27 allanamientos el lunes pasado de domicilios de integrantes y establecimientos de las organizaciones Movimiento Barrios de Pie, Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y Polo Obrero, que niegan las acusaciones.
“Desmentimos toda esta barbaridad”, dijo a la AFP Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Además, señaló que “los allanamientos fueron hechos cuando aún era de noche, cosa que está prohibida en Argentina” y que durante los procedimientos hubo “amenazas” y “actos intimidatorios”.
Potenciar Trabajo
El Gobierno asegura que busca terminar con los intermediarios de los programas sociales, a quienes Milei llama “gerentes de la pobreza”. Sin embargo, el sociólogo Santiago Poy explicó a la AFP que todas “las asignaciones se dan de manera directa a los beneficiarios”. No obstante, “en el caso de Programa Potenciar Trabajo, lo que estaba intermediado era la certificación de las contraprestaciones”, remarcó el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El plan Potenciar Trabajo, que tenía 1,6 millones de beneficiarios cuando fue eliminado en abril, otorgaba ayuda monetaria a cambio de que el beneficiario prestara un servicio a la comunidad o se formara en alguna actividad. Allí apuntan las denuncias del Gobierno. Las organizaciones sociales no pueden por sí mismas dar de baja o alta una asistencia social, pero podrían no corroborar asistencia a la contraprestación laboral que se exigía para el cobro del Potenciar Trabajo. “Yo en lo personal no escuché nunca estas prácticas de extorsión”, aseguró Poy.
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Comedores populares
El Gobierno argentino también realizó una auditoría sobre comedores populares y detalló que la mitad de ellos figuraban con direcciones inexistentes o estaban fuera de actividad. “Casi el 50 % de los comedores no existían”, dijo Posse. Argentina cuenta con una extensa red de comedores populares que cocinan de forma gratuita en barrios pobres del país. La mayor parte de la comida la proporciona el Estado y un pequeño porcentaje llega por donaciones privadas.
El número de “comedores fantasmas” ronda los 1.200, según consignaron medios locales, aunque el informe del organismo que lo realizó, el Ministerio de Capital Humano, aún no se hizo público. Si bien la cantidad de comedores populares en Argentina es incierta, Belliboni estimó que son 45.000 en todo el país: “Solo el Polo Obrero tiene alrededor de 3.000″.
La disputa entre gobiernos, comedores y organizaciones sociales viene desde diciembre cuando este Gobierno detuvo el envío de alimentos. Belliboni estimó que el Estado suministraba 5,5 millones de kilos de comida al mes a los depósitos de las organizaciones sociales, encargadas de distribuir el alimento a los comedores.
Fuente: AFP.