El tribunal de apelación en lo Penal en mayoría, revocó la resolución que otorgó el arresto domiciliario a Diego Medina Otazú, secretario del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, quien tendrá que regresar al penal de Tacumbú. Medina está igualmente acusado por asociación criminal, tráfico de drogas, entre otros hechos.
En su momento, el juez penal de garantía Miguel Palacios había ordenado el arresto domiciliario de Medina Otazú bajo una multimillonaria fianza que ofreció la defensa del procesado de G. 5.072 millones.
Ahora con la presente resolución judicial Medina tendrá que volver al penal para seguir privado de su libertad a la resulta del presente proceso penal.
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Hasta la fecha aún no se pudo llevar a cabo la audiencia preliminar donde se definirá sI Cucho Cabaña y otros procesados estarán sentados en el banquillo de los acusados así como pidió el Ministerio Público.
Cucho Cabaña cuenta con arresto domiciliario con control de la Policía Nacional en una residencia ubicada en Lambaré. En caso de violar la medida judicial el mismo podría volver al penal de Tacumbú.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los cuales se incautaron de 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Yacyretá se libró de pagar casi G. 25 mil millones
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se libró de pagar una multimillonaria suma de casi G. 25 mil millones, tras quedar firme en segunda instancia el rechazo a una demanda presentada en torno a la propiedad de una vivienda en Cambyretá, Itapúa, por el señor Wildo Alberto Giles contra la entidad.
La parte afectada aducía que el 13 de abril de 2013 había suscrito un contrato con el entonces director de la margen derecha de la EBY, Enrique Cáceres, por el monto de G. 5.647.308.760, más los intereses del 3 % desde el vencimiento de las cuotas establecidas en el citado documento.
La EBY sustentó su posición en normativa del Tratado de Yacyretá y la Nota Reversal del 2 de diciembre de 1982, la cual establece que Yacyretá solamente podrá asumir obligaciones o constituir apoderados con la firma conjunta de los dos directores de la institución, lo cual no se cumplió en el acuerdo mencionado.
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Este argumento fue sostenido por el juez de primera instancia para rechazar la demanda, el 10 de octubre de 2023. Ahora, el Tribunal de Apelación, Tercera Sala, dictó la sentencia número 23, el 14 de junio de 2024, confirmando la postura del primer magistrado y quedando firme el rechazo.
“La parte accionante pretende conseguir el cumplimiento de lo pactado en el acta de acuerdo, sin la firma conjunta con el director argentino, lo que denota la ausencia del requisito para la validez del documento, cuyos convenios se pretende hacer cumplir por vía judicial a la binacional”, expresa parte de la resolución del Tribunal.
Así, el Tribunal determinó que la sola firma del director paraguayo sin la conformidad del director de Yacyretá del lado argentino no constituye un documento obligacional que pueda ser reclamado a la binacional, como pretendía la parte demandante.
De este modo, Yacyretá no solamente se libra cubrir la cifra inicialmente reclamada, de G. 5.647.308.760, sino también de los intereses y honorarios profesionales de la contraparte, con lo cual el monto actualizado a la fecha rondaría los G. 25.000.000.000.
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Tribunal de apelación sobreseyó a Édgar Melgarejo en el caso tapabocas de la Dinac
El tribunal de apelación penal resolvió este viernes anular la acusación de la Fiscalía y ordenar el sobreseimiento definitivo de Édgar Melgarejo, extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y otras cinco personas acusadas por lesión de confianza en el caso tapabocas.
“Ordenar el sobreseimiento definitivo de Édgar Alberto Melgarejo Ginard, Juan Carlos Turitich, Marcelo Ovelar, Luz Chamorro y Fernando Gallardo”, expresa parte de lo resuelto por el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, Gustavo Auadre y José Waldir Servín.
De acuerdo al sentido del voto de los camaristas, se llegó a la conclusión de anular la acusación fiscal por falta de indagatoria previa y el sobreseimiento definitivo. “Surge así la obligada concordancia que debe existir entre lo asentado en la indagatoria y la acusación”, expresa parte de la decisión de Auadre.
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De este modo, según la resolución, los hechos atribuidos en la acusación son diferentes a los que se mencionaron en principio en la imputación. Esto referente a la fecha, el monto del perjuicio, así como también los detalles del hecho que representa y atribuye conductas a varias personas.
Ante la falta de indagatoria sobre los “hechos diferentes” esgrimidos, desde el Tribunal de Apelación se determinó una “deficiencia insubsanable”. Por otra parte, no se hizo lugar a la apelación presentada por el representante legal de Carlos Franco Vargas y Katherine Toñanez Vera sobre la causa.
El proceso en el caso de tapabocas de la Dinac fue producto de uno de los primeros hechos de presunta corrupción pública en pandemia. Para la Fiscalía hubo un daño patrimonial de G. 119.960.000 con la compra sobrefacturada de tapabocas, que además estaban vencidos, en el 2020.
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Procuraduría logra restitución de G. 10.700 millones para el Ministerio de Salud
Gracias a una acción iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR), se logró un fallo que beneficia al Ministerio de Salud y Seguridad Social. El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, quinta sala, estableció que la Aseguradora del Este S. A. debe restituir a la institución, G. 10.703.131.886, lo que representa USD 1,486 millones al cambio actual.
La sentencia del Tribunal está enmarcado en un juicio que fue iniciativa de la Procuraduría en contra de la aseguradora debido a un incumplimiento de contrato por parte de la misma. De acuerdo a lo que explicaron, se había solicitado la ejecución de la póliza de anticipo y esto, teniendo en cuenta que la firma contratista Inforcenter S. A., no devolvió los G. 6.122.372.674 que fueron pagados por el Ministerio de Salud.
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Dicho pago realizado por la institución, se dio en cumplimiento del compromiso asumido para la contratación de un sistema integral gubernamental que el Ministerio no ha recibido hasta la fecha. Con esta acción, será restituida a la cartera los G. 6.122 millones que habían sido abonados, más los intereses que ascienden a G. 4.580.759.212. Ambos conceptos suma el total de más de G 10.700 millones.
El Ministerio de Salud Pública podrá redireccionar este monto para la construcción de centros asistenciales, equipos médicos o medicamentos para el beneficio de toda la ciudadanía, se informó desde la Procuraduría. Lo dispuesto por el Tribunal fue revocar, la S.D. n.º 306 de fecha 26 de junio de 2023, que fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del decimocuarto turno de la Capital, e impuso las costas en el orden causado en ambas instancias.
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Sentencia de Trump se dará el 11 de julio, ¿irá a la cárcel?
El equipo del expresidente Donald Trump se prepara para presentar, en los próximos días, una nueva batería de mociones antes de que se dicte la sentencia que escuchará el exmandatario el próximo 11 de julio, en el comienzo de una ofensiva legal que podría culminar con una larga apelación, que podría acabar dilucidada más allá de las elecciones presidenciales de noviembre.
Donald Trump no tendrá problema en mantener su candidatura a la presidencia a pesar de haber sido declarado culpable este pasado jueves por 34 cargos relacionados con la falsificación de registros financieros para silenciar con dinero a la actriz de cine adulto Stephanie Clifford, también conocida como ‘Stormy Daniels’, sobre una relación sexual. Nada en la ley electoral estadounidense le obliga a retirarla y Trump, que se ha declarado en las últimas horas como “preso político”, víctima de una persecución, ni siquiera se lo ha planteado.
Sin embargo, tanto el magnate como su equipo tienen claro que la condena será empleada por sus rivales demócratas como una cuña para hacer mella en su campaña a la reelección, comenzando por el hecho de que Trump escuchará la sentencia del juez Juan Merchan el próximo 11 de julio, solo cuatro días antes del comienzo de la gran convención nacional republicana que se celebrará en Milwaukee, al término de la cual será declarado formalmente como el abanderado del partido en la carrera a la Casa Blanca.
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Por ello, el equipo de Trump busca primero mitigar el efecto inmediato de la condena del jueves con la presentación en los próximos días, de una propuesta de la condena que preferiría su cliente de entre las opciones que baraja el magistrado. La cárcel, sin quedar descartada -- cada uno de los delitos por los que ha sido condenado contempla una pena máxima de cuatro años entre rejas -- no parece probable dada la edad de ex presidente y su ausencia de antecedentes.
Parece más factible que Trump será sentenciado a libertad provisional o arresto domiciliario acompañados del pago de una multa. Sus abogados quieren aplazar la fecha de la sentencia con la probable presentación de una solictud de aplazamiento de la sentencia, porque en el momento en que el juez Merchan decida qué hacer con Trump, ocurra lo que ocurra el magnate ya podrá ser descrito formalmente como un “criminal convicto”.
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La jugada legal más probable a corto plazo es que el equipo legal apele inmediatamente la sentencia que decida el juez Merchan, y que por lo tanto no entraría en vigor hasta que terminara el proceso de apelación. Los abogados del expresidente esperan el proceso se dilate hasta más allá de las elecciones de noviembre. De momento, su intención es la de disputar la futura sentencia ante el Primer Departamento Judicial de la División de Apelaciones de Nueva York. Si esta corte confirma el dictamen de Merchan, sea cual sea, a Trump todavía le queda una última opción, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, la más alta instancia estatal a este respecto.
Cabe esperar que, durante estos procedimientos, los abogados de Trump empleen como instrumento de defensa que el proceso contra su cliente estuvo condicionado en todo momento por su imagen pública. “Todos y cada uno de los miembros del jurado conocían a Donald Trump, o como presidente, o como candidato o como presentador de ‘El Aprendiz’”, explicó a CNN su abogado, Todd Blanche, en referencia al conocido show presentado y producido por el magnate a principios de la década de los 2000. “Y nuestro sistema de justicia no está preparado para esta clase de casos, en los que todo el mundo que pisa el juzgado parece estar al tanto de cada minucia”, ha añadido.
Fuente: Europa Press.