Los fiscales Marcial Machado, Fátima Girala y Miguel Quintana, desde el mediodía de este jueves, se instalaron en la zona del salón multiuoso conocido como “Sector VIP” del penal de Tacumbú. En dicho sitio se incautaron de armas blancas y agendas que fueron entregadas al Laboratorio Forense, mientras personal técnico continúa con los trabajos de verificación.
Los datos aportados señalan que al lugar se accedía a través del pago de un canon especial y que era recibido por el propio director del Penal y su entorno inmediato, el cual daba derecho al uso de una de las 30 habitaciones, cuyo equipamiento quedaba a cargo del “inquilino”.
Todo el mobiliario observado fue objeto de peritaje y las tomas fotográficas fueron remitidas igualmente al Laboratorio Forense del Ministerio Público.
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El caso pudo llegar a conocerse nuevamente debido a la intervención policial que volvió a recuperar por completo el penal de Tacumbú. Igualmente se logró el traslado de Armando Javier Rotela, líder del Clan Rotela. El mismo está privado de su libertad en la cárcel militar de Viñas Cué bajo fuerte custodia militar que inclusive cuenta con un tanque de guerra para evitar cualquier intento de fuga que pretenda realizar Rotela.
Del mismo modo más de 700 presos fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de nuestro país donde estarán privados de su libertad hasta nueva disposición del Ministerio de Justicia.
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Hallan fusil de guerra y droga enterrados en el penal de Tacumbú
El director de Establecimientos Sanitarios, Rubén Peña, confirmó el hallazgo de un fusil y marihuana en un pabellón de la penitenciaría de Tacumbú. El arma estaba oculta bajo tierra a un metro de profundidad.
“El hallazgo de un arma de fuego: un fusil denominado punto 30 en la jerga de las Fuerzas Armadas es la culminación de un largo proceso de investigación. Estaba oculto en un cantero a una profundidad aproximadamente de un metro”, relató Peña al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El coronel afirmó que se trata de un arma de guerra, modificada según se pudo constatar. “Presumiblemente se habría ocultado en ese lugar ya hace mucho tiempo por las condiciones que presentaba el arma”, dijo el director.
Calificó como “un éxito” la operación al destacar su importancia porque “confirma algunas informaciones” que ya manejaban los investigadores. “Con esto nosotros sacamos de circulación lo que potencialmente podría causar una tragedia”, subrayó.
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No se descarta que el fusil se haya ocultado del operativo Veneratio desplegado para desarticular bandas criminales que operaban dentro del presidio principal del país. “Nosotros pensamos por las características que presenta el arma, estaba totalmente herrumbrada a pesar de los cuidados que tuvieron las personas que la ocultaron, de tratar de aislarla. No estaba en condiciones de uso, por lo cual estimamos que hace mucho tiempo estaba en ese sitio”, adujo.
La marihuana en el mismo sitio
En cuanto a las drogas, el titular de Establecimientos Penitenciarios detalló que son dos paquetes presumiblemente de marihuana que también estaban escondidas en el mismo lugar. “Estaban a una profundidad mucho menor, es probable que la persona que haya ocultado ahí conocía también la ubicación de esta arma. O simplemente estaba utilizando ese lugar para ocultar”, manifestó.
El funcionario tampoco descartó que el caso esté vinculado con el clan Rotela que habría manejado a su antojo la cárcel durante el gobierno anterior. “Ustedes saben que la penitenciaría estaba bajo el control de ese grupo criminal. Por lo cual sí estimamos que había un plan de posicionar armas de fuego en diferentes lugares ocultos dentro de las penitenciarías justamente para una eventual acción de la fuerza pública”, expresó.
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A 10 años de la ley de acceso a la información pública destacan avances
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la promulgación de la ley de acceso a la información pública, el Ministerio Público organizó un conversatorio interinstitucional, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El debate fue encabezado por el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández.
Esta oportunidad que sirvió para compartir las buenas prácticas, una observación interna de las áreas públicas que tienen a su cargo el procesamiento y cumplimiento de la ley, compartiendo las buenas prácticas a nivel local. Además, reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de accesibilidad. Igualmente, se visualizó los datos abiertos como mecanismo de transparencia y participación ciudadana.
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El debate contó con la colaboración y disertación de la politóloga Eugenia Braguinsky, experta en políticas de acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto. Además, la misma fue directora de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de la Argentina y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Justicia Abierta, quien disertó sobre los avances en políticas e indicadores de accesibilidad de la información.
Otros expositores fueron el magister en derechos fundamentales, Abg. María José Bazán, quien compartió las experiencias en materia de rendición de cuentas, que fueron abordadas con la sociedad civil mediante el programa de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, a través del Centro de Estudios Judiciales CEJ y de la USAID. También, la mirada de la ciudadanía, desde las audiencias de rendición de cuentas en sus diversas modalidades.
Igualmente, disertó la directora Angélica Caniza, directora de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Magistratura, sobre los mecanismos de Transparencia en el proceso de Selección. La lic. Mercedes Colman disertó en representación del Ministerio de la Mujer sobre el Observatorio de la Mujer y los datos que se comparten desde esa área.
La Abg. Elida Acosta Dávalos, de la dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, se refirió a los procesos de amparo judicial sobre casos de acceso a la información y al repositorio de casos judiciales.
Este evento se realizó en el marco de la política de administración y eje estratégico de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde la Fiscalía General agradecieron el interés y la presencia de los participantes, a fin de redituar en un mejor servicio a la ciudadanía.
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Denuncian varias irregularidades en caso de coacción sexual
El abogado Miguel Godoy, defensor de Axel Fabián López Orué, procesado por el supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, denunció varias irregularidades en el presente proceso penal que debe tenerse en cuenta en el juicio oral y público que se está desarrollando.
Godoy señaló que se cuenta con los elementos para poder corroborar dónde estaba mi defendido el día en que supuestamente ocurrió el hecho punible denunciado y a su vez se tiene pruebas científicas dónde estaba su defendido, quien cuenta con varios testimonios.
Agregó que hoy día “tenemos un terrorismo de Estado en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales”, dijo. Del mismo modo, criticó que el acusado está con arresto domiciliario hace cinco años, superando el plazo que establece la ley para estar con medida cautelar sin condena.
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Igualmente, Godoy denunció otra irregularidad en el presente caso, que la fecha para presentar la acusación fue el 29 de mayo del 2018 y dicha fecha fue notificada a todas las partes, pero el juez de garantía se percató el 21 de junio del mismo año que la fiscalía no presentó acusación.
Por su parte, Graciela Orué, madre del acusado, indicó: “Mi hijo estaba en Villarrica cuando se denunció, y la supuesta víctima estaba en mi casa en el barrio San Pablo a la espera de poder viajar a Sudáfrica”.
“Tenemos varios elementos de prueba para poder probar que mi hijo no estaba en mi casa, como el pago de combustible, la triangulación de celda del teléfono de mi hijo, testificales y fotografías de peaje y facturas de peajes”, manifestó la madre.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Ana Carolina Silveira, Leticia Fracci y Rilsi Ortiz. La fiscala del caso es María Angélica Acosta, quien deberá atender con objetividad el presente proceso penal.
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Fiscalía registra este año más de 2.000 causas por imágenes ilícitas de menores
En coincidencia con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora el 23 de setiembre, el Ministerio Público socializó este lunes datos alarmantes sobre dos hechos punibles que involucran a menores: pornografía y proxenetismo. Corresponden a causas tramitadas entre los años 2023 y 2024 que muestran que el delito representa uno de los problemas sociales más graves en Paraguay.
La Fiscalía señala que el año pasado ingresaron 108 causas por el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, mientras que las cifras contabilizadas hasta julio de 2024 indican que se reportaron 2.176 causas. “Parte de estos números corresponde a reportes que llegan a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec), desde Estados Unidos”, aclara el informe.
En tanto, en los dos últimos años se denunciaron 206 casos de proxenetismo ante el Ministerio Público. El año pasado ingresaron 137 causas y, hasta julio de 2024, se reportaron 69 causas con esa tipificación, según informaron la Dirección de Denuncias Penales, Informática y la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. “En lo que respecta a la trata de personas, no se registraron de niños víctimas de explotación sexual en los últimos dos años”, indicó el Ministerio Público.
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Asunción lidera las estadísticas
En cuanto al hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, el 75 % de las causas se concentran en Asunción y Central, siendo la capital la que encabeza las estadísticas. Los meses de mayor registro son abril, mayo y julio. En cuanto al proxenetismo, los meses con mayor número de registros de causas son: junio, julio, agosto, octubre y noviembre.
Entre los departamentos con mayor incidencia se encuentran Central en primer lugar, seguido de Asunción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú e Itapúa, según informó el Observatorio de la Fiscalía. Las autoridades instan a la prevención de los hechos punibles a través de campañas de concienciación sobre los riesgos de aceptar trabajos lejos de sus redes de apoyo. Así también recomiendan mantener la comunicación con la familia o personas de referencia que puedan brindar auxilio en caso de necesidad.
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