Una acalorada discusión entre dos mujeres en la zona del Bañado Tacumbú derivó en una agresión con arma blanca, dejando a una de ellas con lesiones y a la presunta responsable tras las rejas.

Un nuevo hecho de violencia vecinal se registró en el Bañado Tacumbú, donde una diferencia personal terminó de manera violenta. Según el reporte policial, el conflicto escaló rápidamente hasta que una de las involucradas utilizó un arma blanca para atacar a la otra, provocándole heridas de consideración.

La presunta autora del ataque fue identificada como Leticia Téllez, de 42 años. Tras el llamado de alerta por parte de los vecinos, agentes de la Policía Nacional intervinieron rápidamente en el lugar para controlar la situación y restablecer el orden.

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La víctima recibió una herida en el muslo y fue trasladada al Hospital de Barrio Obrero, mientras que la presunta agresora quedó a disposición de la justicia, confirmó el comisario Pablo Insfrán, de la Comisaría 2.ª Metropolitana.

Tras el procedimiento, los uniformados procedieron a la aprehensión de Téllez, quien fue trasladada hasta la sede policial a disposición del Ministerio Público. Por su parte, la víctima fue asistida y derivada a un centro asistencial para recibir la atención médica necesaria debido a las heridas sufridas durante el altercado.

El caso ha generado preocupación en la comunidad local, donde este tipo de incidentes por problemas de convivencia se han vuelto un punto de atención para las autoridades. La Fiscalía ya se encuentra analizando las circunstancias que motivaron el enfrentamiento para avanzar en la investigación.

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El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.

Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.

Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.

No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.

A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.

Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.

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Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.

Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.

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Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) lograron, este viernes, sacar de circulación cerca de 53 toneladas de marihuana en el departamento de Amambay. Se trata de un golpe por valor de más de USD 8 millones al al crimen organizado.

Según el reporte dado por los intervinientes, el trabajo forma parte de una operación interinstitucional en el que desmantelaron la infraestructura que era destinada al procesamiento y acopio de marihuana que se encontraban instalada en la Colonia Estrella, distrito de Pedro Juan Caballero.

El procedimiento se llevó a cabo mediante informaciones del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI) y el empleo de Equipos de Fuerzas Especiales de la Sub Área de Pacificación N° 8, en el que se incautaron de un total de 53.750 kilos de marihuana. Estos constataron la existencia de una importante infraestructura.

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“Lo incautado fue 35.000 kilos de marihuana prensada lista para su distribución, 18.750 kilos de marihuana picada que estaba distribuido distribuidos en 750 bolsas, generando así un perjuicio económico de aproximadamente USD 8.062.500. Toda la droga fue destruida″, detallaron desde la Senad.

Afirmaron que así también se desmantelaron 16 campamentos precarios y 28 prensas empleadas para la compactación de la marihuana. Además, decomisaron una camioneta marca Toyota modelo Hilux con matrícula brasileña que se encontraba en el predio que fue allanado.

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El ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades.

Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educa­ción y Ciencias, Luis Ramírez, informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sis­tema de educación superior.

En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Minis­terio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsisten­cias durante los procesos de verificación. Indicó que la Fiscalía comunicó que apro­ximadamente la mitad de esos documentos presen­tan una procedencia desco­nocida, por lo que continúan las investigaciones corres­pondientes.

El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posi­bles falencias administrati­vas, fortalecer los procesos internos y determinar even­tuales responsabilidades en los casos investigados.

Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsa­das buscan consolidar un sis­tema educativo más transpa­rente, confiable y alineado con los estándares de cali­dad requeridos para el desa­rrollo del país. “Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educa­ción superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.

Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias imple­mentadas permitieron avan­zar en la depuración del sistema universitario y for­talecer los procesos de acre­ditación.

Como resultado, 1.080 carre­ras fueron cerradas al no reunir las condiciones nece­sarias para continuar fun­cionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acre­ditación. Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y fun­cionamiento de programas académicos.

El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estu­diante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información deta­llada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.

Explicó que este sistema registra datos sobre matrí­culas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, for­taleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema univer­sitario. Según indicó, esta herramienta permitirá pre­venir irregularidades, mejo­rar los procesos de verifica­ción y generar información más detallada para la toma de decisiones.

Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sis­tema universitario con reglas claras, mecanismos de super­visión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.

Destacó el trabajo coordi­nado entre el MEC, el Con­sejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agen­cia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Minis­terio Público.