El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su “profunda consternación” por los últimos videos difundidos por Hamás de dos rehenes israelíes en la Franja de Gaza, unas imágenes que conmocionaron al país.

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La publicación desde el jueves por Hamás y Yihad Islámica, su aliado, de tres videos que muestran a dos rehenes israelíes demacrados, identificados como Rom Braslavski y Evyatar David, reavivó en Israel el debate sobre la necesidad de alcanzar rápidamente un acuerdo para liberarlos.

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado por la noche en Tel Aviv en apoyo a las familias y para exigir la liberación de los rehenes.

“El primer ministro expresó su profunda consternación por las imágenes difundidas por la organización terrorista Hamás y declaró a las familias que los esfuerzos para recuperar a todos nuestros rehenes continúan”, declaró su oficina por la noche.

En las imágenes, los dos cautivos aparecen muy débiles y delgados, en una puesta en escena destinada a establecer un paralelismo con la actual situación humanitaria en Gaza, amenazada por una “hambre generalizada” según la ONU.

Netanyahu acusó a Hamás de “matar de hambre deliberadamente a los habitantes de la Franja de Gaza, impidiéndoles recibir ayuda” e instó a la comunidad internacional a “condenar los abusos criminales nazis” del movimiento islamista.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, denunció las “imágenes espantosas de rehenes israelíes” y exigió su liberación “inmediata”.

Por su parte, el ministro de extrema derecha de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, visitó en la madrugada la explanada de las Mezquitas -el Monte del Templo para los judíos- en Jerusalén Este, una visita que los musulmanes suelen considerar una provocación.

“Al igual que demostramos que es posible ejercer nuestra soberanía sobre el Monte del Templo, también es posible ‘conquistar toda la Franja de Gaza’ y ‘fomentar la emigración voluntaria’”, declaró el ministro.

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Jordania, que actúa como custodia del lugar, calificó la visita de “provocación inaceptable”, y Hamás la tildó de “intensificación de la agresión en curso” contra el pueblo palestino.

Fuente: AFP

María Edith Franco y su esposo, padres de la joven Sol Chávez, quien falleció por supuesta intoxicación de flúor se encadenaron frente al Palacio de Justicia exigiendo que la Cámara de Apelación integrada por Delio Vera Navarro, Jesús Riera y José Waldir Servín, confirme las condenas de 4 y 3 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa.

La madre de Sol Chávez señaló: “Estamos nuevamente de vuelta después de casi un mes del último juicio oral para las condenadas Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa y como ellas apelaron, ahora estamos esperando que se confirme la sentencia condenatoria”.

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Agregó que “ya se tiene tribunal de apelación para que estudien la apelación de las dos condenadas y nosotros esperamos que se confirme la sentencia dictada hace semanas”.

El pasado 19 de mayo, en un tercer juicio oral y público sobre la pena, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado, había condenado a las acusadas a las citadas penas.

Esto fue recurrido por las defensas de las procesadas, no así por la querella adhesiva y por la representante del Ministerio Público, con lo que se dio trámite y ahora se encuentra en estudio en el Tribunal de Apelación Penal.

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Un grupo de víctimas del caso de estafa masiva a través de la conocida “mafia de los pagarés” llegó este lunes hasta la sede del Poder Judicial para reclamar el cese de embargos irregulares y exigir justicia.

Los afectados se quejaron del poco avance de las investigaciones y denunciaron que los descuentos siguen ejecutándose “a mansalva” en detrimento de las familias.

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Carmen Rodríguez, docente de Villarrica, una de las víctimas, tildó de corruptos a jueces y ujieres, de quienes dijo que están “entregados totalmente a la mafia”.

“Están todos implicados, juzgados y jueces, ujieres corruptos. Hay juzgados que están totalmente entregados a la mafia”, denunció en diálogo con la 1000 AM.

La educadora afirmó que sigue siendo víctima del esquema delincuencial. “Se me sigue descontando a mansalva en detrimento total contra mi familia, dejándome prácticamente en un estado sin posibilidades de defendernos”, sostuvo.

Aseguró que nunca recibió ninguna notificación judicial, por lo que quedó en indefensión ante la justicia. “Y en mi caso yo ya he pagado todo. Y le vamos a decir a los jueces de esta Corte que no puede ser que por 9 millones, debas toda la vida 150 millones. Y de ahí no se mueve. Ellos ya cobraron todo y por qué no cobran lo justo”, lamentó.

Insistió en la necesidad que las casas comerciales involucradas en el esquema de estafas sean investigadas. “Ellos ya cobraron su capital y nos tienen en esta situación. Por qué no nos muestran la realidad, son pagarés abultados, aparte de los pagarés que desaparecen”, subrayó.

Rodríguez dijo que incluso los expedientes están desaparecidos, por lo que deben deambular de un lugar a otro para dar seguimiento a sus procesos.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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