El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres agentes policiales imputados por levantar la notificación roja de Gianina García Troche, esposa del supuesto narco uruguayo Sebastián Marset, ambos prófugos de la justicia. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la oficina de atención permanente del Poder Judicial.
Los imputados Kevin Eduardo Montiel Sanabria, procesado penalmente por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, y Hugo Javier Vallejos Rivas, imputado por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, guardarán reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Mientras que Gabriela Vasso Mosqueira, imputada por frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios estará privada de su libertad en el Departamento Judicial Mujeres de la Policía Nacional.
Las fiscales Irma Llano y Ruth Benítez imputaron a los uniformados y solicitaron la prisión preventiva para los agentes del orden. Días atrás, la fiscal Benítez, en compañía de agentes policiales de la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional realizaron una constitución en la sede de la Interpol para poder recolectar más elementos de prueba sobre quiénes son los responsables que levantaron el código rojo de las personas buscadas por la justicia paraguaya.
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Justicia de Ecuador dicta prisión preventiva contra excandidata presidencial de izquierda
La justicia de Ecuador dictó una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial de izquierda Luisa González por el presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023, informó el viernes la Fiscalía.
González, de 48 años, fue detenida la víspera para una audiencia de formulación de cargos en medio de una investigación sobre el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.
El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva, según un mensaje en X, sin detallar las razones por las cuales la opositora estará detenida mientras es investigada y antes de que haya posibles condenas.
La excandidata se declaró “perseguida política” del gobierno derechista de Daniel Noboa, según un audio de la audiencia publicado en sus redes sociales.
En él se le escucha dirigirse a un juez y expresar su disposición para “colaborar con la justicia” ya la vez “exigir un trato justo”.
González pertenece a Revolución Ciudadana (RC), partido del expresidente Rafael Correa (2002-2017), un duro crítico del presidente Noboa desde su autoexilio en Bélgica.
“Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado”, declaró la excandidata presidencial.
La RC fue inhabilitada este año y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos a finales de noviembre.
En el denominado caso Laberinto que envuelve a González, la Fiscalía indaga el origen de recursos destinados a financiar su campaña electoral para las presidenciales de 2023, que se celebraron de manera anticipada.
Ese año González perdió con el 48 % de los votos frente a Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador y que ha impuesto un gobierno de mano dura contra el crimen.
Noboa achaca al correísmo haber abierto la puerta al narcotráfico que hoy ha convertido al país en una de las naciones más violentas de la región. González y Noboa volvieron a disputar la presidencia en 2025.
- Fuente: AFP
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Detención del fiscal general de Bolivia: 4 claves sobre el escándalo que sacude al país
Fiscales arrestados, dinero escondido en una ambulancia y acusaciones de narcotráfico y corrupción desde Estados Unidos: una tormenta sacude a la justicia de Bolivia tras la detención del fiscal general Roger Mariaca. En prisión preventiva por seis meses en una cárcel de Potosí, en el sur del país, el exfuncionario de 38 años es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y criminalidad organizada.
Fue capturado por la policía la semana pasada en Santa Cruz (este) en un operativo en el que resultaron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales. Días antes, Estados Unidos había cancelado la visa de Mariaca y de otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción o vínculos con el narco. A continuación, cuatro puntos clave para entender qué se juega en Bolivia.
“Casos polémicos”
Mariaca fue nombrado a la cabeza del Ministerio Público en 2024 por el Congreso controlado en ese momento por el oficialista Movimiento al Socialismo que llevó al poder a los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y el entonces mandatario Luis Arce (2020-2025). Morales es hoy el principal opositor del presidente centroderechista Rodrigo Paz.
Antes, Mariaca era jefe de fiscales en Santa Cruz, el departamento más golpeado por el narcotráfico. “Su figura siempre ha sido controvertida” por “casos polémicos” bajo su supervisión, dice a la AFP la socióloga boliviana Luciana Jáuregui.
Uno de ellos fue la investigación contra el narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del cono sur.
Desde agosto de 2025, como fiscal general, el accionar de Mariaca tomó un “carácter político”, según Jáuregui, que menciona el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Paz, detenido por intento de feminicidio y presunta corrupción que salpica al gobierno y a la familia presidencial. Mariaca denunció a la prensa que la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos fue una “presión” por la investigación contra Cerimedo.
Vínculo narco
Washington sostiene que como fiscal recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, acusación que él niega. El gobierno boliviano denuncia que bajo su mandato la Fiscalía se convirtió en una “organización criminal”. En la noche de su detención, una ambulancia fue interceptada cuando salía de su residencia con 300.000 dólares escondidos, según las autoridades.
Cuando llevaba el caso Marset en 2023, el narco uruguayo eludió un megaoperativo para ser capturado. El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que entonces las autoridades fiscales “lo dejaron salir” y “le devolvieron sus bienes incautados”. Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo y expulsado a Estados Unidos. Medios locales difundieron un video de su detención, que la AFP no ha podido verificar, en el que supuestamente dice a policías: “Mariaca es mi amigo”.
Colaboración de EE. UU.
El gobierno asegura que el operativo contra Mariaca y los otros detenidos fue realizado por la policía boliviana con cooperación de inteligencia de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país “respalda firmemente” a Paz. Lo mismo hicieron los 15 países miembros del Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha contra el crimen transnacional en la región liderada por la administración de Donald Trump. “De alguna forma, la presión externa está siendo un punto” de apoyo para Paz “frente a su debilidad interna”, dice Jáuregui.
El mandatario ganó la elección con una coalición de fuerzas que después se deshizo, mientras que en las calles fuertes protestas han puesto a su gobierno contra las cuerdas. En el poder desde noviembre, Paz padece un “desgaste” debido a sus recientes medidas económicas impopulares, dijo a la AFP la politóloga Adriana Rodríguez.
“Pugna de poder”
Después de la captura de Mariaca, la Fiscalía nombró a Luis Montaño como nuevo jefe, pero el gobierno de Paz lo denunció por obstruir el caso y lo desconoció. La madrugada del sábado, tras una larga sesión, el Congreso designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, tras aprobar una reforma para destituir a Mariaca y reemplazarlo.
Una senadora de la oposición cuestionó la presencia de funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú, a los que grabó. Según Adriana Rodríguez, la Fiscalía es escenario de una “pugna de poder político” mientras se elige a su titular definitivo. Para la socióloga Jáuregui, el gobierno de Paz “está buscando (...) construir una nueva legitimidad a partir de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”.
Fuente: AFP.
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En el Este extraditaron a un brasileño con causa pendiente por narcotráfico en su país
- Ciudad del Este. Agencia regional
Agentes de Interpol de la Policía ejecutaron hoy la orden de extradición de un ciudadano brasileño a su país, donde tiene causa pendiente por narcotráfico.
Se trata de Douglas Willian Moraes o Douglas Willian Moraes de Almeida (29), con documentos de identidad de Brasil y Paraguay.
Fue detenido en Ciudad del Este, en junio del 2025, ante la existencia de una orden de captura internacional con Notificación Roja de Interpol.
La medida de hoy fue en cumplimiento del Oficio Judicial n.° 8301 de fecha 1 de octubre de 2026, emitido por el Juzgado Penal de Garantías n.° 5 de Asunción, en la Causa n° 137/2025 sobre detención con fines de extradición desde el Centro de Prevenidos de Alto Paraná hasta el paso fronterizo Ciudad del Este (Paraguay) y Foz do Yguazu (Brasil).
Los trámites de rigor en el puesto de Migraciones de la cabecera del Puente Internacional de la Amistad se realizaron a las 9:00 donde acompañaron a los agentes de Interpol, personal de la Comisaría 1ª. La entrega en el lado brasileño fue ante la Policía Federal de Foz de Iguazú.
Douglas Willian Moraes fue detenido sobre la avenida Bicentenario del Km 5.5 del barrio La Blanca de Ciudad del Este, por gentes de la Policía Motorizada, luego de una alerta sobre un vehículo con movimiento sospechoso. Luego, se confirmó que era un taxi por aplicación donde el brasileño se encontraba como acompañante.
En Paraguay utilizaba el nombre Douglas Willian Moraes de Almeida y con ese nombre tienen antecedentes penales ya finiquitados en el país, mientras que sin “de Almeida” es la identidad brasileña con la cual tenía la orden de captura para responder por narcotráfico en Brasil.
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Caso Marset: Congreso de Bolivia nombró a un fiscal general interino
El Congreso de Bolivia suspendió al fiscal general, detenido tras ser señalado por Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico, y designó el sábado a un interino tras una prolongada sesión de urgencia. Roger Mariaca, que ejerció la jefatura del Ministerio Público desde 2024 hasta su arresto el miércoles, será reemplazado por José Armando Urioste de forma interina.
Urioste tiene una amplia trayectoria como juez y académico en el departamento del Beni (noreste). “Estamos recibiendo una institución que demuestra, por los acontecimientos de esta semana, que está totalmente empañada por actos de corrupción, manchada por la trayectoria lamentable de los colegas”, dijo Urioste en entrevista al diario El Deber.
“Vamos a investigar. Yo soy enemigo de hacer una cacería de brujas. Yo considero que hay un principio de presunción de inocencia, pero también existe el principio de objetividad”, indicó. La designación se realizó con 113 votos a favor y 11 en contra, tras extensas negociaciones y varias nominaciones sin consenso que se extendieron desde la noche del viernes hasta las 6:30 locales (10:30 GMT).
“Hay más de dos tercios, por lo tanto, ha sido seleccionado el doctor Urioste”, señaló tras la votación a mano alzada el presidente del Senado, Diego Avila. El Congreso tuvo que modificar primero la normativa para permitir la suspensión del fiscal general al existir en su contra una imputación delictiva o prisión preventiva.
La noche del viernes, el presidente centroderechista Rodrigo Paz promulgó la ley y el Congreso retomó la sesión para tramitar el reemplazo. Mariaca es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega.
Esta semana, Washington le retiró la visa junto a otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su captura dos días después fue “fruto de un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso”, dijo el presidente Paz en la sede de gobierno.
Horas después de la detención de Mariaca, la Fiscalía nombró como interino a Luis Montaño, el funcionario más antiguo de la institución, pero el gobierno de Paz desconoció la designación y anunció que sería detenido por usurpar funciones y obstaculizar las pesquisas contra Mariaca.
Según el Ministerio de Gobierno, el exjefe del Ministerio Público habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado por la policía en marzo de este año con ayuda de la DEA y expulsado a Estados Unidos.
Por este caso también fueron detenidas el miércoles otras 13 personas: tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar unos 300.000 dólares del domicilio de Mariaca escondidos en una ambulancia. Paz destacó la participación en estas capturas del Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos de derecha impulsada por Washington para combatir el crimen transnacional.
Fuente: AFP.